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Cómo rellenar y descargar el certificado de actividades

Aunque el certificado de actividades no es de uso obligatorio, permite justificar las actividades que estaba desarrollando el conductor durante los 28 días anteriores al control. Se trata de un complemento del tacógrafo, que nos permitirá registrar eventos como los períodos de baja o el alejamiento del vehículo. Por tanto, será especialmente útil en los casos de baja del trabajador y ante situaciones en que el tacógrafo digital no esté disponible.

Si quieres saber cómo rellenar y descargar el certificado de actividades te interesará esta info, preparada por Borja Fau de Casajuana, Abogado en ejercicio. En cualquier caso, te traemos un resumen para que puedas consultar rápida y cómodamente si necesitas hacer uso de este certificado y en qué casos puede resultar útil.

¿Necesito rellenar un certificado de actividades?

En principio no. Como ya hemos anticipado, el certificado de actividades es voluntario y complementario a la información recogida por el tacógrafo digital. Pero seguro que te has enfrentado a situaciones en que el uso del tacógrafo digital no es posible o conveniente.

Por ejemplo, puede ocurrir cuando recoges datos de un largo período, o cuando el conductor no está utilizando el vehículo donde tienes instalado el tacógrafo. También puede ocurrir en los períodos de pausa de la actividad.

De ahí que sea particularmente útil en los períodos de descanso o de permiso o cuando tu trabajador está de baja. También cuando se realizan actividades diferentes a la conducción o si el vehículo en cuestión está exento de llevar tacógrafo (Reglamento CE n.º 561/2006 o AETR) y, por tanto, no dispones de un tacógrafo digital instalado.

En todas estas situaciones, el certificado de actividades te permitirá llevar a cabo la monitorización requerida en caso de control.

¿Dónde puedo conseguir el certificado de actividades?

Muchos usuarios piensan que, al tratarse de un certificado, deben solicitarlo ante alguna institución u organismo oficial. Nada más lejos de la realidad, ya que tan solo se trata de un documento privado que certifica la realización de las actividades declaradas.

Por tanto, el interesado puede preparar su propio modelo. De hecho, la propia Comisión Europea tiene un modelo a disposición del público.

Sin embargo, lo más sencillo a la hora de obtener y rellenar un certificado de actividades es visitar el link aportado en la parte inicial de este artículo. Te conducirá a la página donde Borja Fau te explica cómo rellenar el modelo y te proporciona un enlace gratuito al formulario.

Tan solo tendrás que descargarlo e imprimir algunas copias para poder utilizarlo. Es importante que lo cumplimentes y conserves adecuadamente, ya que debes rellenarlo a máquina y firmarlo antes del viaje. Una vez rellenado el formulario tendrás que conservarlo con los datos recogidos en el tacógrafo.

En definitiva, conseguir un certificado de actividades es gratuito y muy sencillo. Recuerda que este documento te resultará de utilidad cuando tus empleados no puedan trabajar y necesites complementar la información del tacógrafo. También te servirá cuando necesites controlar el estado de tu vehículo o las faltas del empleado, ya que el propio certificado te servirá como registro.

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¿Me conviene contar con un asesor especializado en Derecho de Familia?

Aunque generalmente utilizamos este blog para divulgar cuestiones de Derecho Administrativo, hemos recibido algunas consultas que afectan frontalmente al Derecho de Familia. Generalmente se trata de dudas relacionadas con impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones o el IRPF (especialmente en casos de matrimonios o empresas familiares).

De modo que queremos dejar unas líneas para concienciar de la importancia de contar con asesores con experiencia en este campo. Recuerda que las cuestiones familiares no solo tienen trascendencia fiscal, sino que provocan efectos en otros campos del Derecho. Y por eso es importante contar con una visión global.

La relación entre el Derecho Administrativo y el Derecho de Familia

Muchos impuestos presentan particularidades cuando entra en juego la relación familiar. Por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) nos permite acogernos a importantes bonificaciones y reducciones. Al estar casados podemos presentar la declaración conjunta del IRPF, y la gestión del régimen económico-matrimonial también tiene efectos fiscales.

Esto se debe a que el Derecho de Familia es una de las ramas más ricas de nuestro ordenamiento. Regula cuestiones tan importantes como el matrimonio, la filiación, las pensiones alimenticias o compensatorias, la guarda y custodia de los hijos o las sucesiones. Precisamente por ello es importante contar con asesores expertos y cualificados en esta materia.

Algunos ejemplos prácticos

A continuación recogemos algunos ejemplos prácticos de consultas reales. Probablemente te identifiques con alguno de ellos. Y estamos convencidos de que entenderás por qué planteamos que cuando el asunto toca temas familiares es importante contar con un especialista en la materia.

¿Herencia o donación en vida?

Una de las consultas más frecuentes tanto en el ámbito del Derecho Civil como del fiscal es si resulta más económico donar bienes en vida o legarlos en herencia. Generalmente se aborda esta cuestión haciendo hincapié en las reducciones y bonificaciones aplicables en el ISD.

Estas dependen de cada Comunidad Autónoma, por lo que tiene sentido acudir a un especialista en Derecho Administrativo. Pero también existen otras consecuencias de la operación en las que tal vez no repare un fiscalista.

Por ejemplo, uno de los problemas de la donación en vida es que los herederos forzosos pueden colacionarla entre sí tras el fallecimiento del donante. Es decir, lo donado o su valor se añadirá a la masa hereditaria, y quien recibió la donación se podría encontrar con deudas a la hora de intentar acceder a sus derechos sucesorios.

Otro de los problemas tiene que ver con la lealtad familiar. Cuando se realizan donaciones en vida no se suelen tener cautelas como donar tan solo la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio. Si posteriormente hay un conflicto familiar el donante puede encontrarse con que se le deniegue el disfrute de los bienes que otrora fueron suyos.

En definitiva, hay ciertas cautelas y detalles asociados a esta operación que afectan a ámbitos no tributarios. Y quien mejor puede asesorarte en este caso es un abogado de Familia.

¿Separación de bienes para evitar deudas?

Otra duda recurrente en esta materia, especialmente en el caso de autónomos y empresarios, tiene que ver con el régimen económico-matrimonial. Muchas parejas se casan en gananciales simplemente porque este es el régimen subsidiario en los territorios de Derecho Común.

De pronto, uno de los cónyuges, que realiza actividades profesionales, económicas o empresariales, sufre un revés en su proyecto y comienza a acumular deudas, entre ellas con la Seguridad Social y Hacienda. Y entonces llega al despacho de su abogado y le consulta si puede hacer separación de bienes para evitar la ruina del matrimonio.

Aquí hay que tener en cuenta que una operación en fraude de acreedores puede considerarse delictiva (frustración de la ejecución). Además, una vez han surgido las deudas suele ser demasiado tarde para salvar el patrimonio familiar.

Pues bien, estas situaciones pueden prevenirse si antes de contraer matrimonio se realiza una consulta a un especialista en Derecho de Familia. El asesor informará de las ventajas e inconvenientes de cada régimen económico-matrimonial y diseñará un sistema a medida de su cliente.

Incluso cuando no se realizara esta consulta, el abogado de familia será el profesional idóneo para gestionar una liquidación de gananciales. Su experiencia les permitirá realizar la operación de forma ágil, poniendo a salvo tanto patrimonio como sea posible.

Una última observación, ya que esta consulta es muy frecuente. Cuando la aventura empresarial ha naufragado y las deudas se hacen impagables no conviene recurrir a la inventiva. Lo mejor es tramitar un proceso de Segunda Oportunidad, donde probablemente también necesitarán el apoyo de un abogado con experiencia en Derecho Civil. Recuerda que la jurisprudencia te permitirá cancelar también las deudas públicas.

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¿Cómo se puede reclamar una deuda contraída a causa de la COVID-19?

En estos momentos recibimos muchísimas consultas en torno a cómo se puede reclamar una deuda contraída a causa de la COVID-19. Precisamente por ello hemos decidido escribir una breve entrada donde ofrecemos una guía rápida de recuperación de activos.

En ella enseñamos las vías más comunes de reclamación. Pero antes de entrar en materia recordamos que la contratación de empresas de cobro a morosos es más que recomendable a la hora de iniciar cualquiera de estos trámites. Los profesionales especializados en la gestión de impagados conocen las mejores estrategias para incrementar nuestras posibilidades de éxito y agilizar el proceso de cobro en cada caso.

Hecha esta advertencia, entramos en materia.

Las deudas contraídas a causa de la COVID-19

A la hora de analizar el mejor modo de reclamar una deuda debemos determinar su origen. En este sentido destacan:

  • Deudas todavía no exigibles. No podemos reclamar una deuda cuyo plazo de vencimiento todavía no ha llegado. Esto también se aplica a las deudas derivadas del cumplimiento de obligaciones recíprocas. Por ejemplo, el pago por servicios que todavía no hemos prestado.
    Pese a ello, si sabemos que vamos a tener dificultades de cobro es recomendable que vayamos contactando con una empresa de gestión de crédito para ponerlos sobre aviso.
  • Deudas exigibles pero no documentadas. No todas las deudas exigibles están debidamente documentadas. Por ejemplo, esto ocurre con deudas de cuantía indeterminada (como la responsabilidad civil contractual o extracontractual) o todavía por determinar (como los suplidos o algunas deudas contractuales).
    En estos casos, antes de poder reclamar la deuda deberemos demostrar que existe. Para ello habrá que presentar una demanda declarativa (cuyo objetivo es declarar la existencia, cuantía y exigibilidad de la deuda) y después otra ejecutiva (en caso de que el deudor siga sin pagar).
  • Deudas exigibles y documentadas. Este es el tipo de deudas más fácil de reclamar, porque el ordenamiento jurídico nos ofrece vías rápidas y efectivas. Se trata, por ejemplo, de las deudas documentadas en facturas y otros documentos comerciales. En estos casos podremos acudir al proceso monitorio.

La reclamación extrajudicial

Independientemente del tipo de deuda que necesitemos recobrar, la reclamación debería iniciarse por la vía extrajudicial. La empresa que gestione nuestros impagados exigirá el pago de forma oficial, por vías fehacientes como un burofax o un buromail.

Durante esta etapa podrá ofrecer la posibilidad de reestructurar la deuda, con el fin de incrementar las garantías de éxito aunque se modifiquen las condiciones del cobro. Por ejemplo, se podrían establecer quitas o esperas si la situación patrimonial del deudor lo exige.

Además, esta fase puede facilitar la tramitación de la vía judicial. Por ejemplo, el abogado puede lograr un reconocimiento de deuda, que nos permitirá ahorrarnos la fase judicial declarativa, como veremos a continuación.

La reclamación judicial

Si el deudor persiste en su impago habrá que iniciar actuaciones judiciales. En este caso resultará particularmente relevante el tipo de deuda que reclamemos.

  • El peor escenario en que nos podemos encontrar es que la deuda no esté documentada. Si estamos ante esta situación, el primer paso será conseguir una sentencia declarativa por la que se determine la existencia, cuantía y exigibilidad de la deuda. Dependiendo de la cuantía de la deuda, este primer paso se tramitará mediante un juicio verbal (menos de 6.000 €) u ordinario (resto de casos).
  • Si la deuda está documentada podremos proceder al monitorio, un procedimiento muy rápido y ágil diseñado específicamente para estos casos. Solo en caso de oposición (menos del 10 % de los casos) habría que entrar a un proceso declarativo.
  • Independientemente del camino que hayamos seguido, cuando el deudor persista en su impago habrá que acudir a la vía ejecutiva. El objetivo de estos juicios es proceder contra el patrimonio del deudor (por ejemplo, mediante embargos de dinero, bienes o derechos) para recobrar la deuda.

Como ves, se trata de un proceso relativamente sencillo si se sabe gestionar adecuadamente. Y de ahí la importancia de contar con la asistencia de especialistas que sepan cómo se puede reclamar una deuda contraída a causa del COVID-19 de una forma rápida y efectiva.

No olvidemos que en esta clase de procedimientos la rapidez de cobro suele ser tan importante como la recuperación total del crédito. Así que conviene estar bien asesorado para trazar la estrategia más rápida y efectiva.

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Multas y sanciones

Cómo recurrir una multa de aparcamiento

¿Sabes cómo recurrir una multa de aparcamiento? Muchas personas confunden la denuncia con la sanción y las alegaciones con los recursos administrativos, perdiendo oportunidades de defensa.

Debes tener en cuenta que la notificación de la denuncia es el documento que inicia el procedimiento sancionador. De modo que hasta que este no se tramite no se te podrá imponer ninguna sanción.

Durante todo este proceso podrás defenderte presentando alegaciones, recursos administrativos y, en el peor de los casos, acudiendo a los tribunales. Para ello es recomendable que cuentes con asistencia jurídica especializada.

Te contamos cómo recurrir una multa de aparcamiento.

Casos en que pueden imponerse multas de aparcamiento

Las multas de aparcamiento serán impuestas por la Administración cuando se aparca:

  • En doble fila.
  • Delante de un vado.
  • En pasos de peatones.
  • Sin haber puesto ticket en el caso de que se trate de una zona azul.
  • En zona de carga y descarga.

Si no se estuviera de acuerdo con los hechos que motivan la multa, el supuesto sujeto infractor podrán proceder a recurrir la multa de aparcamiento sin necesidad de pagarla. Son las multas que cuentan con mayor margen de error.

recurrir multa aparcamiento

Pasos a seguir para recurrir una multa de aparcamiento

El procedimiento para recurrir una multa de aparcamiento es sencillo, únicamente hay que seguir los siguientes pasos con total atención:

Leer con detenimiento la notificación

Una vez que recibamos la notificación que nos señale la multa por aparcamiento, debemos ver cuáles han sido los motivos de dicha multa y tener claro si la misma es injusta o contiene algún error en la forma. Una vez que conozcamos la infracción, se tienen dos opciones:

  • Pagar la sanción. En este caso reconoceremos nuestra culpabilidad, perdiendo la posibilidad de recurrir pero beneficiándonos del correspondiente descuento.
  • O recurrir la multa de aparcamiento. Recuerda que la “papeleta” que nos deja la policía no es una sanción, sino la comunicación de la denuncia. De modo que:
    • La denuncia se limita a notificar una infracción administrativa.
    • Pero todavía tiene que tramitarse el correspondiente procedimiento administrativo sancionador para que esa denuncia se convierta realmente en una multa. Y es que la multa es la sanción administrativa que deriva de este procedimiento.
    • Por tanto, podemos acudir a todos los recursos admitidos en el procedimiento administrativo e incluso a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su caso.

Antes de recurrir la multa de aparcamiento

Si piensas recurrir la multa de aparcamiento debes asegurarte de que contenga algún error. Los más frecuentes son:

  • Falta del faldón que debe venir junto con la notificación. En él deben mostrarse los posibles recursos a interponer y los plazos para llevarlos a cabo.
  • También cabe la posibilidad de que exista algún defecto de forma, como errores en los datos del sujeto infractor o del vehículo.
  • Otro motivo podría ser la posibilidad de que la multa impuesta no se llevó a cabo por un agente, sino por un empleado de una empresa privada, no gozando su declaración de presunción de veracidad.
  • Se puede impugnar también la infracción presentando una prueba fehaciente que prueben el error de la infracción notificada; tales pruebas pueden consistir en fotografías, testimonios…

La Ley 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que la prescripción de dichas infracciones será:

  • De tres meses en el caso de que estas fuesen leves.
  • En el caso de que se trate de infracciones graves o muy graves será de seis meses.

Si se presentara un recurso contra la multa de aparcamiento, dicho plazo se verá interrumpido.

El inicio del recurso contra la multa

Una vez notificada la infracción, el interesado deberá conocer los recursos a interponer que, como hemos indicado, vienen señalados en el faldón que acompaña a la infracción. También se indicarán los plazos para interponerlos y las posibles alegaciones a presentar.

Una vez conocidos los recursos posibles a interponer, se deberá presentar un escrito de alegaciones. Este paso es importante, porque es nuestra primera oportunidad para recurrir la multa de aparcamiento. En caso de que nuestras alegaciones estén justificadas y sean atendidas, terminará el procedimiento sancionador sin que se nos imponga finalmente ninguna sanción.

Como regla general, se cuenta con un plazo de quince días hábiles para presentar el escrito de alegaciones desde el día en el que se recibe la notificación.

Esperar a recibir una respuesta por parte de la Administración

Una vez presentado el escrito de alegaciones debemos esperar a recibir la respuesta por parte de la Administración. Como hemos dicho, podrían estimarse nuestras alegaciones concluyendo el procedimiento sancionador.

En caso contrario podremos presentar el correspondiente recurso de reposición o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. Lo más recomendable es contar con la asistencia de un especialista desde el momento inicial.

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Ley 39/2015

Artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la asistencia de la Administración a los interesados en el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Recordemos que estos medios pueden utilizarse en cualquier acto administrativo, pero no todas las personas tienen el acceso a los sistemas necesarios para emplearlos.

Redacción del artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Explicación del art. 12 Ley 39/2015

El artículo 12 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la asistencia que las Administraciones Públicas deben prestar a todos los interesados a la hora de afrontar un procedimiento administrativo.

Se trata de un derecho de todos los ciudadanos, reconocido en el artículo 13.b) de la Ley 39/2015. No solo supone la puesta a disposición de canales, sistemas y aplicaciones sino también, en su caso, el acceso a los servicios de funcionarios que se dedican específicamente a identificar y recoger la firma del interesado.

Jurisprudencia en torno al art. 12 de la Ley 39/2015

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Ley 39/2015

Artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula el uso de los sistemas de identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Para intervenir en un acto administrativo, el interesado puede emplear cualquiera de los medios admitidos en la Ley.

Redacción del artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
2. Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

Explicación del art. 11 Ley 39/2015

El artículo 11 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la identificación y firma del interesado en el procedimiento administrativo. Además, destaca que la firma solo será necesaria para los siguientes actos:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

Jurisprudencia en torno al art. 11 de la Ley 39/2015

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Ley 39/2015

Artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los sistemas de firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Esta permite la utilización de sistemas de firma electrónica y de clave concertada a la hora de intervenir en un acto administrativo.

Redacción del artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c).
3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.
5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Explicación del art. 10 Ley 39/2015

El artículo 10 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los sistemas de firma electrónica del interesado admitidos en el procedimiento administrativo. Estos sistemas pueden estar basados en certificados de firma o sello emitidos por prestadores de servicios de certificación o en claves concertadas.

En cualquier caso, el sistema de clave concertada es accesorio. De modo que en ningún caso será necesario, y las Administraciones que lo utilicen deben garantizar la posibilidad de identificarse mediante un sistema de firma o sello electrónico.

Los sistemas de firma electrónica deben permitr la acreditación de:

  • Autenticidad de la expresión de voluntad y consentimiento.
  • Integridad e inalterabilidad del documento.

Utilizados estos sistemas, se entenderá acreditada la identidad del interesado. De modo que el sistema de firma electrónica prevalece sobre el de identificación regulado en el art. 9 LPACAP.

Jurisprudencia en torno al art. 10 de la Ley 39/2015

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Artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento administrativo. Esta permite la utilización de sistemas electrónicos y de clave concertada a la hora de intervenir en un acto administrativo.

Redacción del artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Explicación del art. 9 Ley 39/2015

El artículo 9 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los sistemas de identificación del interesado admitidos en el procedimiento administrativo. Estos sistemas pueden estar basados en certificados de firma o sello emitidos por prestadores de servicios de certificación o en claves concertadas.

En cualquier caso, el sistema de clave concertada es accesorio. De modo que en ningún caso será necesario, y las Administraciones que lo utilicen deben garantizar la posibilidad de identificarse mediante un sistema de firma o sello electrónico.

Si la Administración General del Estado acepta un sistema de identificación, el resto de las Administraciones Públicas deben aceptarlo también.

Jurisprudencia en torno al art. 9 de la Ley 39/2015

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Artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la intervención mediante representante en el procedimiento administrativo. De este modo podemos delegar en una persona con capacidad de obrar las actuaciones que debamos realizar en el seno de uno o varios procedimientos.

Redacción del artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 5. Representación.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

Explicación del art. 5 Ley 39/2015

El artículo 5 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la representación mediante representación en el procedimiento administrativo. Esta forma de actuar nos permite delegar en nuestro representante la participación en ciertos actos administrativos. Así, podremos autorizarle para:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones y renunciar a derechos.
  • Realizar otros actos de trámite y gestiones. Este es el único caso en el que no se exigirá que el representante acredite su poder.

Los actos realizados por el representante quedarán registrados en el expediente. Además, la falta o insuficiencia de autorización puede ser subsanada en el plazo de 10 días.

Jurisprudencia en torno al art. 5 de la Ley 39/2015

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Ley 39/2015

Artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los Registros Electrónicos de Apoderamientos. Estos recursos facilitan la representación en el procedimiento administrativo en curso. Nos permiten conceder el apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica. Además, permiten que nuestro representante se acredite digitalmente.

Redacción del artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.
En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
2. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
c) Fecha de inscripción.
d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
(Párrafo anulado)
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.
5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

Explicación del art. 6 Ley 39/2015

El artículo 6 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los Registros Electrónicos de Apoderamientos. Se establece:

  • Un Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado para el ámbito estatal. Se puede acceder desde este enlace.
  • Registros Electrónicos de Apoderamientos a nivel autonómico y local.
  • La interoperabilidad e interconexión entre todos los Registros Electrónicos Administrativos.
  • El contenido mínimo de los asientos.
  • Los tipos de apoderamientos que se pueden otorgar. Se permite el apoderamiento apud acta mediante comparecencia digital. Estos poderes tienen un plazo máximo de 5 años y deben determinar si son:
    • Poderes generales. Se emplean para todos los actos administrativos frente a todas las Administraciones Públicas.
    • Poderes para actuar frente a una Administración u Organismo concreto.
    • O poderes para realizar uno o varios trámites determinados.

Jurisprudencia en torno al art. 6 de la Ley 39/2015

  • La STC 55/2018 declaró inconstitucional y nulo el segundo párrafo del apartado 4. Se evitó de este modo que el Estado invadiera competencias autonómicas.

Otros recursos relacionados con el artículo 6 Ley 39/2015