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El objeto del recurso Contencioso-Administrativo

El objeto del recurso Contencioso-Administrativo es la impugnación de actuaciones administrativas. En este sentido cabe recordar que existe una lista tasada de actuaciones impugnables. Además, las pretensiones de las partes pueden incluir la anulación de actos o disposiciones, el reconocimiento de derechos o la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Actividad administrativa impugnable

El recurso contencioso-administrativo se puede presentar frente a:

  • Disposiciones de carácter general (recurso directo).
  • Actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite.

En caso de tratarse de actos de trámite, para ser recurribles frente a la jurisdicción contencioso-administrativa deberán:

  • Decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.
  • Determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento.
  • Producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También se puede presentar este recurso contra:

  • Actuaciones materiales o contra la inactividad de la Administración.
  • Actos producidos en aplicación de las disposiciones de carácter general, cuando no sean conformes a Derecho. De hecho, este recurso se puede presentar incluso sin necesidad de impugnar la disposición general o cuando, impugnada, se haya resuelto desfavorablemente el recurso.

Recurso indirecto contra disposiciones generales

Si un órgano jurisdiccional contencioso-administrativo dictara sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición salvo:

  • Que él mismo sea el competente, caso en el cual su sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
  • O que se trate del Tribunal Supremo, que anulará las disposiciones generales ilegales en las que se fundamenten los actos impugnados.

Inactividad

Si la Administración tiene que realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas y no lo hace, quien ostente el derecho a la prestación podrá reclamar su cumplimiento. Cuando la Administración no atendiera al requerimiento, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo.

En caso de que se trate de la ejecución de un acto firme, el interesado podrá interponer el recurso (que se tramitará conforme al procedimiento abreviado) en el plazo de un mes desde su requerimiento.

Vía de hecho

Cuando la Administración actúe por vía de hecho, el interesado puede intimarle a que cese su actuación. Si su solicitud fuera desatendida, en el plazo de 10 días podrá presentar recurso contencioso-administrativo.

Excepciones

No puede presentarse recurso contencioso-administrativo contra actos que sean:

  • Reproducción de otros anteriores, siendo estos definitivos y firmes.
  • Confirmatorios de otros consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Pretensiones de las partes

El demandante puede pretender:

  • Que se declare que la actuación o disposición no son conformes a Derecho y, en su caso, su anulación.
  • El reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas y la adopción de medidas para restablecerlas, incluyendo la reclamación de indemnizaciones.
  • Que la Administración cumpla sus obligaciones en caso de inactividad.
  • En caso de vía de hecho, que se ordene el cese de la actuación y se ordenen las medidas necesarias para restablecer la situación.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos juzgar dentro del límite de las pretensiones de las partes y de los fundamentos aducidos.

También pueden someter a las partes la cuestión cuando considere que la cuestión no fue apreciada debidamente. Para ello, en caso de entender que concurren otros motivos susceptibles de fundar el recurso u oposición, lo advertirá mediante providencia concediendo un plazo común de 10 días para formular alegaciones.

Acumulación

La acumulación es la facultad de incluir varias pretensiones en la misma demanda. Para acumular pretensiones, estas deberán deducirse en relación con el mismo acto, disposición o actuación.

El Secretario Judicial deberá estimar la acumulación. En caso contrario dará cuenta al Tribunal para que este pueda ordenar a la parte que interponga por separado los recursos en plazo de 30 días. Si no se obedeciera esta orden, el Juez tendrá por caducado el recurso.

Acumulación de pretensiones contra actuaciones producidas durante la tramitación del recurso

También pueden acumularse pretensiones cuando se dicte, antes de dictarse sentencia, un acto, disposición o actuación relacionada con el objeto del recurso. Para ello se dispondrá del plazo general (2 meses contra actos expresos y 6 meses contra presuntos).

Al hacerlo, el procedimiento resultará suspendido y el Secretario judicial dará traslado para que presenten alegaciones en plazo común de cinco días.

En caso de aceptarse la acumulación, el proceso contencioso-administrativo principal seguirá en suspenso hasta que se alcance respecto a la nueva pretensión el mismo estado que tuviera el procedimiento inicial.

Cuando el recurso se hubiera presentado frente a un acto presunto y la nueva actuación fuera una resolución expresa, el recurrente podrá desistir de su recurso o solicitar la ampliación a la nueva resolución expresa.

Ampliación y tramitación preferente de procesos sucesivos

También puede ocurrir que sea el propio órgano jurisdiccional quien acuerde la acumulación de diferentes procesos en curso. Para ello deberá dar audiencia a las partes por plazo común de cinco días. Esta acumulación puede acordarse de oficio o a instancia de cualquier parte.

En caso de no acumularse, se puede dar una tramitación preferente a uno o varios de los procesos pendientes previa audiencia por plazo de cinco días de las partes. En estos casos quedará suspendido el curso de los demás procesos.

Resueltos los procesos preferentes, se notificará la sentencia a los recurrentes afectados para que en plazo de cinco días puedan solicitar la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o desistir del recurso.

Notificación de los recursos conexos

La Administración debe comunicar al órgano jurisdiccional, en el momento de remitirle el expediente, si conocer otros recursos contencioso-administrativos en que concurran los supuestos de acumulación.

El Secretario Judicial también pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal todos los procesos en trámite en la Oficina Judicial donde puedan concurrir estos supuestos.

Recurso contra las resoluciones de acumulación, ampliación y tramitación preferente

Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se admite el recurso de reposición.

Cuantía del recurso

Formulados los escritos de demanda y contestación, el Secretario judicial fijará la cuantía del recurso.

Las partes podrán exponer mediante otrosí su parecer en tales escritos. En caso de no hacerlo, el Secretario judicial requerirá al demandante para que fije esta cuantía en plazo no superior a 10 días. Si todavía no se pronunciara, será el propio Secretario judicial quien proponga la cuantía, previa audiencia del demandado.

En caso de que el demandado no esté de acuerdo con la cuantía fijada podrá exponerlo por escrito en plazo de 10 días. El Secretario judicial resolverá lo procedente, aunque será el órgano jurisdiccional quien resuelva la cuestión definitivamente.

Si la fijación de la cuantía implicara que el recurso de apelación no se tenga por preparado o no se admita el recurso de casación para la unificación de la doctrina o el de apelación, la parte perjudicada podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía.

La cuantía del recurso contencioso-administrativo se determina por el valor económico de la pretensión. En caso de haber varios demandantes se atenderá al valor propuesto para cada uno de ellos (no a la suma).

En los supuestos de acumulación y ampliación, la cuantía se determinará por las sumas del objeto de cada pretensión, aunque no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.

Criterios para determinar el valor de la pretensión

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo emplea las normas civiles de determinación de la cuantía, con ciertas particularidades:

  • Si se solicita la anulación del acto se atenderá al contenido económico del mismo (débito principal, sin costas, recargos o responsabilidad civil salvo que su importe fuera superior al del principal).
  • Cuando, además, se solicite el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:
    • Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración denegó totalmente las pretensiones del demandante en vía administrativa.
    • Por la diferencia entre la cuantía del objeto de la reclamación y del acto que motivó el recurso, si se reconoció parcialmente.

Procedimientos de cuantía indeterminada

Conforme al art. 42 de la LJCA, son de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a:

  • Impugnar directamente las disposiciones generales.
  • Los referidos a funcionarios públicos que no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica.
  • Los que incluyan pretensiones no susceptibles de valoración económica.
  • Los interpuestos contra actos en materia de Seguridad Social que tengan por objeto:
    • Inscripción de empresas.
    • Formalización de la protección frente a riesgos profesionales.
    • Tarificación.
    • Cobertura de la prestación de incapacidad temporal.
    • Afiliación, alta, baja y variaciones de datos de los trabajadores.
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Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo son el demandante y demandado o recurrente y recurrido. Para ser parte en estos procesos hay que reunir algunos requisitos:

  • Capacidad procesal.
  • Legitimación.
  • Representación.
  • Defensa.

En nuestro artículo de hoy analizamos estos requisitos, propios de cualquier orden jurisdiccional, así como sus particularidades en sede Contencioso-Administrativa.

Capacidad procesal de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

La capacidad procesal representa la posibilidad de ser parte en un proceso judicial. Si no se tiene capacidad procesal no se puede comparecer ni intervenir en un juicio.

Tradicionalmente se ha comparado con la capacidad de obrar, pero esta comparativa entró en crisis en el momento en que se permitió intervenir en procesos judiciales a patrimonios y personas carentes de personalidad jurídica propia.

En el caso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el art.18 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) atribuye capacidad procesal:

  • A quien la tenga conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El art. 6 de la LEC atribuye capacidad procesal a:
    • Personas físicas y jurídicas.
    • Concebidos no nacidos, para los efectos que les sean favorables.
    • Masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
    • Entidades sin personalidad jurídica, cuando la ley lo permita.
    • Ministerio Fiscal.
    • Grupos de consumidores o usuarios afectados por hechos dañosos.
    • Entidades habilitadas por el derecho comunitario para ejercer la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos o difusos de consumidores y usuarios.
  • A los menores de edad para la defensa de sus intereses cuando el ordenamiento les permita actuar sin necesidad de asistencia del tutor, curador o quien ejerza la patria potestad.
  • Grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos aptos para ser titulares de derechos y obligaciones, cuando la ley lo permita.

Legitimación de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

La legitimación procesal es la aptitud para ejercitar acciones en el proceso. En este caso están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten derechos o intereses legítimos.
  • Las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades legalmente habilitadas para defender derechos e intereses legítimos colectivos.
  • La Administración del Estado si ostenta un derecho o interés legítimo para impugnar actos de otras Administraciones. Lo mismo ocurre con la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales territoriales, en lo que afecte a su autonomía.
  • El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
  • Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia para impugnar actos o disposiciones que afecten a sus fines.
  • Las personas afectadas por violaciones del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres. También los sindicatos y asociaciones autorizados por aquellas personas. En caso de que los afectados constituyan una pluralidad indeterminada, la legitimación corresponde a organismos públicos con competencia en la materia, sindicatos y asociaciones.
    • Si el litigio versa sobre acoso sexual o por razón de sexo, la única persona legitimada será a acosada.
  • La administración autora de un acto para impugnarlo previa declaración de lesividad para el interés público.

Como excepciones, carecen de legitimación:

  • Los órganos de la Administración actuante y sus órganos colegiados, salvo autorización legal.
  • Los particulares que obren por delegación de la Administración o como sus agentes o mandatarios.
  • Las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración respecto de la actividad de la Administración de la que dependen.

La parte demandada

La parte demanda es la Administración cuya actividad se impugna, su aseguradora o las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos puedan quedar afectados si las pretensiones del demandante tienen éxito.

También los organismos o corporaciones sometidos a fiscalización (cuando el resultado de esta sea aprobatorio) o la Administración fiscalizadora (cuando no se apruebe íntegramente el acto o disposición).

En el caso de la contratación pública no se considera demandado el órgano administrativo que deba resolver el recurso especial o reclamación, sino la persona o Administración favorecida por el acto recurrido.

Por último, si se pretende la declaración de ilegalidad de una disposición general se considerará demandada también la Administración autora de la disposición, aunque no lo sea del acto impugnado.

La transmisión de la legitimación

Si la legitimación deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la parte inicial en cualquier estado del proceso.

Representación y defensa de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo deben ser asistidas por un Abogado en todo caso. Como excepción, puede comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos estatutarios quien sea funcionario público (salvo que pueda producirse su separación).

Respecto a la representación, debe conferirse a un Procurador siempre que se actúe frente a órganos colegiados. En caso de actuar frente a órganos unipersonales se podrá conferir la representación al abogado.

Las Administraciones Públicas y los órganos constitucionales, en materia de representación y defensa, están sometidos a:

  • La Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • La Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
  • Las demás normas sobre la materia.
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Órganos y competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

Los órganos y competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa ocupan el Capítulo segundo del Título primero de la ley 29/1998 (en adelante LJCA). Esta Ley impulsó un importante esfuerzo de reforma, motivado por la falta de efectividad de los anteriores órganos ante el creciente número de recursos.

Así, se crearon los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que descongestionaron a los tribunales homónimos. En su momento se criticó que se fueran a dejar determinadas competencias en manos de órganos unipersonales.

Por ello, la LJCA estableció una lista competencial cerrada para estos nuevos órganos. Se intentó establecer un sistema uniforme que dejaba en manos de los órganos unipersonales los temas más frecuentes pero de menor relevancia económica y social. Así, se respetó la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia sobre los asuntos más relevantes, a la vez que se alivió su carga de trabajo.

Por último, se crearon los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Su función también perseguía descongestionar los órganos jurisdiccionales, ahogados en el momento de aprobación de la ley.

Órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

La LJCA establece cinco órganos para el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

  1. Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
  3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
  4. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
  5. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Cada uno de estos órganos es competente para conocer de los asuntos que la ley atribuye, así como de las cuestiones incidentales aparejadas a los mismos.

Esta competencia es improrrogable, y se aprecia de oficio por los propios órganos jurisdiccionales, previa audiencia de las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

La incompetencia del órgano judicial, en su caso, se declara mediante auto, antes de dictarse la sentencia. El órgano deberá remitir las actuaciones a aquel que estime competente. En caso de que considerara que el órgano judicial competente es un Tribunal superior en grado acompañará su auto de una exposición razonada, y será el superior quien resuelva sobre la competencia.

Competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

Como ocurre con otros órganos jurisdiccionales, en el orden Contencioso-Administrativo cada órgano tiene atribuidas unas competencias. En este sentido cabe recordar que deben conjugarse la competencia material y la competencia territorial del órgano jurisdiccional. Analizamos a continuación la competencia material de cada uno de los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Antes de desglosar el contenido de la ley 29/1998 debemos señalar que:

  • Cuando se hace una referencia a la Administración del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad local esta resulta extensible a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a ellas.
  • La atribución de competencia para conocer de recursos contra actos administrativos incluye la de conocer de la inactividad o la vía de hecho.
  • Salvo que otra cosa se disponga, la atribución por razón de la materia prevalece sobre aquella por razón del órgano administrativo autor del acto recurrido. 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Conocen, en única o en primera instancia de:

  • Los recursos frente actos de entidades locales salvo impugnaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico.
  • Los recursos frente actos de las Comunidades Autónomas (salvo que procedan de su Consejo de Gobierno) cuando versen sobre:
    • Cuestiones de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación funcionarial).
    • Multas no superiores a 60.000 € o sanciones de cese de actividad o privación del ejercicio de derechos no superiores a 6 meses.
    • Reclamaciones de responsabilidad patrimonial no superiores a 30.050 €.

También corresponde a los juzgados de lo Contencioso Administrativo conocer de recursos contra:

  • La Administración Periférica del Estado y Organismos Públicos estatales que no tengan competencia en todo el territorio nacional, cuando versen sobre el ejercicio de competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropia expropiación forzosa y propiedades especiales.
  • Resoluciones en materia de extranjería.
  • Actos de las Juntas Electorales de Zona o en materia de proclamación de candidaturas por las juntas electorales.

Por último, les corresponde:

  • Autorizar la entrada en domicilios y otros establecimientos que requieren consentimiento del titular, siempre que su objeto sea la ejecución forzosa de actos administrativos ( salvo en materia de protección de menores).
  • Realizar estas mismas autorizaciones cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera la entrada en domicilios, locales, terrenos y medios de transporte y el titular se oponga o exista riesgo de que lo haga.
  • Autorizar o ratificar medidas urgentes de las autoridades sanitarias que impliquen privación o restricción de derechos fundamentales.

Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocen en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan en materia de:

  • Personal, si se trata de actos dictados por Ministros o Secretarios de Estado, salvo que sean confirmatorios de actos dictados por órganos inferiores o se refieran a determinadas materias de personal militar o el nacimiento o extinción de la relación funcionarial.
  • Actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado, cuando excedan las competencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Disposiciones generales y actos emanados de organismos y entidades pertenecientes al sector público con competencia en todo el territorio nacional. Cabe señalar que si el órgano que dictó el acto pertenece a la Administración General del Estado, su nivel orgánico es inferior al de Ministro o Secretario de Estado y versa sobre materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, la competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia, como se detallarán más adelante.
  • Disposiciones dictadas por Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial por cuantía no superior a 30.050 €.

También corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer en primera instancia de:

  • Resoluciones dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en vía de fiscalización.
  • Las resoluciones que acuerden la inadmisión de peticiones de asilo político.

Por último, les corresponde:

  • Autorizar la ejecución de actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para interrumpir la prestación de Servicios de la Sociedad de la Información o retirar contenidos que vulneren derechos de este tipo.
  • Conocer del procedimiento de declaración judicial de extinción de los partidos políticos.

Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

Corresponde a las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer en única instancia de los recursos planteados contra:

  • Actos de Entidades Locales y Comunidades Autónomas que excedan de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.
  • Actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial emanados de los órganos análogos a los constitucionales en las Comunidades Autónomas. Nos referimos a los órganos de gobierno de la Asamblea Legislativa, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
  • Actos y resoluciones dictados por Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR) y Locales (TEAL) que pongan fin a la vía económico-administrativa.
  • Actos y disposiciones de Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas. También contra acuerdos de Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección de presidentes de Corporaciones Locales.
  • Convenios entre Administraciones Públicas con competencia en su Comunidad Autónoma.
  • Prohibición o propuesta de modificación de reuniones.
  • Como se ha indicado anteriormente, actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico inferior al de Ministro o Secretario de Estado y competencia en todo el territorio nacional, cuando versen sobre materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
  • Actos y resoluciones de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.
  • Resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación.
  • Resoluciones dictadas por tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales.
  • Otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a otros órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Los Tribunales Superiores de Justicia, conforme al artículo 152 de la Constitución, culminan la organización judicial en el territorio de las Comunidades Autónomas. por tanto, las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en segunda instancia de:

  • Las apelaciones contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y los correspondientes recursos de queja.
  • Los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Las cuestiones de competencia entre Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de su territorio.
  • El recurso de casación para la unificación de la doctrina.
  • El recurso de casación en interés de la ley.

Además:

  • Autorizarán la transferencia internacional de datos cuando la autoridad competente de la Comunidad Autónoma formule la solicitud.

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer en única instancia de:

  • Recursos contra disposiciones generales y actos de Ministros y Secretarios de Estado, así como aquellos en materia de personal que refieran al nacimiento o extinción de la relación funcionarial. En este ámbito también le corresponde conocer de los recursos contratos del Ministerio de Defensa referidos ascensos, orden de antigüedad en el escalafonamiento y destinos.
  • Recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado que ratifiquen los dictados por otros órganos.
  • Recursos contra convenios entre Administraciones Públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), salvo los atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Recursos contra actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la prórroga de los plazos de las medidas que está haya adoptado.
  • Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales, salvo las atribuidas a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Recursos contra actos del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el FROB.
  • Recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional también conocerá en segunda instancia de:

  • Las apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y los correspondientes recursos de queja.
  • Los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
  • Las cuestiones de competencia entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

Por último, autorizará:

  • La transferencia internacional de datos cuando la solicitud se formule por la Agencia Española de Protección de Datos.

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le corresponde conocer en única instancia de recursos en relación con:

  • Actos y disposiciones del Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.
  • Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
  • Actos y disposiciones de los órganos competentes en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera) también conoce de:

  • Recursos de casación de cualquier modalidad, así como los correspondientes recursos de queja.
  • Recursos de casación y revisión contra resoluciones del Tribunal de Cuentas.
  • Recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

También le corresponde conocer de:

  • Recursos contra actos y disposiciones de la Junta Electoral Central y otros previstos en la legislación electoral.
  • Recursos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las salas de gobierno de los tribunales.

Por último, es competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo autorizar:

  • La transmisión internacional de datos cuando se formule la solicitud por el Consejo General del Poder Judicial.
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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo es la rama del Poder Judicial que se encarga de controlar la legalidad y oportunidad de la actividad de la Administración. Se trata, por tanto, de un control heterocompositivo, en la medida en que no es la administración quien se controla a sí misma, sino un poder externo (en concreto, el judicial).

Esta función de control viene atribuida por el artículo 106.1 de la Constitución, que impone a los tribunales la tarea de controlar:

  • La potestad reglamentaria de la administración.
  • La legalidad de la actuación administrativa.
  • Y el sometimiento de esta actividad a los fines que la justifican.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa se regula en la Ley 29/1998 (en adelante LJCA). A continuación se analizan los aspectos básicos de este orden jurisdiccional. a saber:

  • Su ámbito.
  • Las cuestiones prejudiciales.

Ámbito del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo está encargado de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa sujeta derecho administrativo. Como novedad a su predecesora, la Ley 29/1998 redefinió el concepto de Administración e incluyó en el ámbito de esta jurisdicción determinados actos de naturaleza materialmente administrativa.

De este modo, el objetivo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa es garantizar el sometimiento a Derecho de las actuaciones administrativas. Esto incluye tanto actos como reglamentos, contratos y otras actuaciones y omisiones. 

En definitiva, y separándose de la ley anterior, la ley 29/1998 Trata de evitar la aplicación de normas procesales privadas a las actuaciones encaminadas a fines de utilidad pública. Para ello es necesario aplicar determinados principios que no tendrían cabida en el ordenamiento privado.

Por qué una jurisdicción Contencioso-Administrativa

Como es sabido, la administración posee determinadas facultades que están por encima de las atribuidas a los particulares. El origen de estas facultades debe encontrarse en la necesidad de que la administración cumpla con los fines de interés general que la Constitución y las leyes le atribuyen.

En consecuencia se debe articular un sistema judicial que sea capaz de ejercer un control efectivo sobre la legalidad y oportunidad de sus actos. En este sentido, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo tiene su origen en 1845. Sin embargo, la pieza sobre la que se asienta nuestro sistema actual es la ley de 27 de diciembre de 1956.

Esta norma, dictada durante el franquismo, especializó a los Magistrados que debían encargarse del control de la administración. Pero el paso del tiempo y, sobre todo, la aprobación de la Constitución hicieron necesaria una reforma el sistema que llegó en la actual ley 29/1998.

Ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa en la ley 29/1998

El ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa ocupa el Capítulo primero del Título Primero de la LJCA. En él se determina que los Juzgados y Tribunales de este orden conocerán de las pretensiones deducidas en relación:

  • Con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo.
  • Con las disposiciones generales de rango inferior a la ley.
  • Y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

También corresponde a esta jurisdicción conocer pretensiones deducidas en relación a:

  • Actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos a derecho público de los órganos constitucionales.
  • Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la actividad administrativa de los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
  • Actuación de la administración electoral.
  • Protección jurisdiccional derechos fundamentales.
  • Contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación.
  • Actos y disposiciones de corporaciones de derecho público.
  • Actos administrativos de control o fiscalización en el ámbito de la concesión de servicios públicos.
  • Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
  • Y todas aquellas materias que le atribuya la ley. 

En resumidas cuentas…

De lo antedicho se derivan los dos requisitos de competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

  1. Que la pretensión tenga por objeto la actuación de las Administraciones Públicas.
  2. Y que tal actuación se someta a Derecho Administrativo.

Si el caso se engloba en este ámbito, resultarán competentes para enjuiciarlo los órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Para conocer el órgano jurisdiccional competente en cada caso habrá que analizar:

  • Las competencias (materiales) de cada órgano jurisdiccional. Gracias a ello se sabrá ante qué tipo de órgano debe presentarse el recurso.
  • La competencia territorial del órgano jurisdiccional. Gracias a ello se sabrá qué órgano concreto es el que debe entrar a conocer del asunto.

El concepto de Administraciones Públicas

Como harían posteriormente las leyes 39/2015 y 40/2015, la LJCA definió qué se entiende por Administración Pública. Este concepto incluye:

  • Administración General del Estado.
  • Administraciones de las comunidades autónomas.
  • Entidades que integran la administración local.
  • Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a las administraciones públicas.

Excepciones

El orden jurisdiccional contencioso administrativo no puede entrar a conocer las siguientes materias:

  • Cuestiones expresamente atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales, aunque estén relacionados con la actividad de las Administraciones Públicas.
  • Recurso contencioso-disciplinario militar.
  • Conflictos de jurisdicción o de atribuciones entre órganos de una misma administración.
  • Recursos directos e indirectos contra Normas Forales fiscales que correspondan en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Características generales del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

La LJCA determina que la jurisdicción Contencioso-Administrativa es improrrogable. Sus órganos deben apreciar de oficio la falta de jurisdicción y resolver sobre la misma. Para ello se otorgará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

La declaración de falta de jurisdicción deberá ser fundada, indicándose el orden jurisdiccional que se estime competente. Además, si la parte demandante se persona en el plazo de un mes ante el orden que se declara competente se entenderá que lo hizo en la fecha en que se iniciara el plazo para interponer el recurso Contencioso-Administrativo.

Cabe señalar que la competencia de esta jurisdicción abarca el conocimiento y decisión de cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo siempre que se relacionen con un recurso contencioso administrativo. Como excepción, quedan a salvo las cuestiones de carácter constitucional, penal o lo dispuesto en los Tratados Internacionales.

La decisión sobre estas cuestiones prejudiciales e incidentales no vincula al orden jurisdiccional correspondiente

Cuestiones prejudiciales ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Las cuestiones prejudiciales son aquellas que, sin resultar el objeto central del proceso, son fundamentales para resolverlo. Como las cuestiones prejudiciales pueden ser de muy diversa índole, el art. 10 LOPJ permite que los órdenes jurisdiccionales conozcan de asuntos que, en principio, no les están atribuidos privativamente.

Por tanto, una cuestión prejudicial es aquella que guarda relación con el objeto del proceso pero no es competencia del órgano que lo está conociendo.

La LJCA atribuye al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo la competencia para conocer de cuestiones prejudiciales e incidentales con tres excepciones:

  • Las relativas al orden penal.
  • Las de carácter constitucional.
  • Lo dispuesto en los Tratados Internacionales.

Sin embargo, lo decidido en sede Contencioso-Administrativa no produce efectos fuera del proceso ni vincula a la jurisdicción competente.

Esto implica que no es necesario suspender un proceso Contencioso-Administrativo a la espera de que el órgano competente resuelva sobre la cuestión principal, salvo en las excepciones mencionadas.

La cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

La cuestión de inconstitucionalidad se regula en los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Debe promoverla el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.

Planteamiento

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea concluido el proceso y dentro del plazo para dictar sentencia. Concretará la norma cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional infringido. Además, justificará en qué medida depende la resolución del asunto de esta cuestión.

La decisión de interponer esta cuestión se adopta mediante Auto previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. Estos dispondrán de un plazo común e improrrogable de 10 días para alegar lo que estimen sobre la pertinencia de plantear la cuestión o el fondo de esta. El Juez resolverá en plazo de 3 días.

El Auto por el que se decida plantear o no la cuestión de inconstitucionalidad no es susceptible de recurso. Sin embargo, puede intentarse plantear esta cuestión de nuevo en sucesivas instancias.

Si se decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad, el proceso quedará suspendido hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El órgano jurisdiccional elevará la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional junto al testimonio de los autos principales y las alegaciones de las partes.

Admisión y procedimiento

El Tribunal Constitucional puede rechazar la cuestión mediante auto motivado, sin más audiencia que la del Fiscal General del Estado, cuando:

  • Falten las condiciones procesales.
  • La cuestión suscitada fuera notoriamente infundada.

La admisión a trámite se publicará en el BOE. Desde este momento, las partes del proceso principal podrán personarse ante el Tribunal Constitucional en plazo de 15 días y plantear alegaciones en otro plazo de 15 días.

El Tribunal Constitucional también dará traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal General del Estado, al Gobierno y, en su caso, a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Estos podrán personarse y formular alegaciones en plazo común e improrrogable de 15 días.

Resolución y efectos de la sentencia

Obtenidas todas las alegaciones, el Tribunal Constitucional resolverá en plazo de 15 días, salvo que estime necesario extender este plazo hasta 30 días y motive su decisión.

La sentencia:

  • Tendrá valor de cosa juzgada.
  • Vinculará a todos los poderes públicos.
  • Producirá efectos generales desde su publicación en el BOE.
  • Corregirá la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia.
  • Será comunicada a las partes por el órgano jurisdiccional, que se vinculará a la misma.

Además:

  • Si es desestimatoria, impedirá el planteamiento ulterior de la cuestión fundado en la misma infracción del mismo precepto.
  • Si es estimatoria determinará la nulidad de los preceptos impugnados, aunque no permitirá la revisión de procesos ya terminados.

La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar el Derecho de la Unión Europea. Con el fin de armonizar la actuación judicial de cada Estado miembro, estos órganos deben plantear la cuestión prejudicial frente al TJUE cuando aparezcan dificultades interpretativas.

Solo el TJUE es competente para pronunciarse sobre este tipo de cuestiones prejudiciales, que abarcan:

  • Interpretación del Tratado.
  • Validez e interpretación de actos de las Instituciones de la Unión Europea.
  • Interpretación de estatutos de los organismos creados por el Consejo, si así lo prevén tales estatutos.

Existe un procedimiento prejudicial de urgencia. El procedimiento común se resuelve en dos fases:

  1. Planteamiento de la cuestión. Son competentes los órdenes jurisdiccionales nacionales, produciéndose la suspensión del procedimiento hasta la resolución del TJUE. La cuestión prejudicial debe plantearse antes de la firmeza de la sentencia nacional.
  2. Resolución de la cuestión. Es competente el TJUE. El pronunciamiento tendrá fuerza de cosa juzgada y resultará vinculante para el órgano nacional. De hecho, sus efectos se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales de todos los Estados miembros.
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Procesal

Competencia territorial en la jurisdicción Contencioso-Administrativa

Como ocurre en cualquier orden jurisdiccional, para determinar qué órgano es competente para conocer de un asunto hay que combinar la competencia material y territorial. La competencia territorial en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la competencia territorial se regula en el artículo 14 de la Ley 29/1988.

Este artículo establece cuatro reglas para repartir los asuntos territorialmente.

1. Competencia territorial en la jurisdicción Contencioso-Administrativa: el foro general

Generalmente, la competencia territorial en la jurisdicción Contencioso-Administrativa corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción se hay en la sede del órgano que dictó la disposición o acto originario.

2. Competencia territorial en la jurisdicción Contencioso-Administrativa: los foros especiales

El foro general es el empleado en defecto de foros especiales. Así, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula determinadas materias para las cuales no será competente este órgano.

Los foros especiales en este orden jurisdiccional se analizan a continuación.

Foro especial por razón de la materia

Cuando el asunto tenga que ver con determinadas materias el demandante podrá elegir si recurrir frente al Juzgado o Tribunal de su domicilio o el determinado por el foro general. Estas materias son:

  • Responsabilidad patrimonial.
  • Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Propiedades especiales.
  • Sanciones.

Cabe señalar que si la Administración recurrida es autonómica o local la posibilidad de elección se limita a la circunscripción propia de su Tribunal Superior de Justicia.

Foro relativo a la intervención de la propiedad privada

Por último, existe otro foro especial relativo a aquellos actos que impliquen intervención de la Administración en la propiedad privada. En estos casos será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados.

Este foro especial se emplea principalmente en la impugnación de Planes de Ordenación Urbana, actuaciones urbanísticas y expropiaciones.

Pluralidad de destinatarios

En muchos casos los actos administrativos impugnados pueden afectar a una pluralidad de destinatarios. Ante esta circunstancia podría darse que resultaran competentes diferentes Juzgados o Tribunales. En estos casos se aplicará el foro general. Es decir, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción se encuentre la sede del órgano que dictó el acto originario.

Recuerda que la competencia territorial solo señala la demarcación donde se encuentra el órgano competente. Será necesario comprobar la competencia material de este para designar el órgano concreto ante el que iniciar el proceso contencioso-administrativo.