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Plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo

Hoy estudiamos los plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo. También vamos a estudiar las características de estos plazos en el orden jurisdiccional que nos ocupa, todo ello desde la perspectiva de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo en el procedimiento en primera o única instancia

En general, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo en el procedimiento en primera o única instancia es de dos meses desde el día siguiente a la publicación o notificación del acto impugnado.

Evidentemente, esto implica que existen otros plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo cuando lo que se impugna es la inacción, la vía de hecho o un acto presunto.

  • Cuando se trate de impugnar un acto presunto el plazo será de 6 meses a contar a partir del día en que se produzca el efecto del silencio administrativo.
  • Si se trata de impugnar la vía de hecho podrá interponerse el recurso en 20 días hábiles desde que comenzara la actuación.
    El interesado también puede cursar un requerimiento en el que solicite a la Administración que cese su actuación. En este caso, la Administración dispondrá de un plazo de 10 días para atenderlo. De no hacerlo, el interesado podrá presentar el recurso en plazo de 10 días.

Otros plazos para la interposición del recurso contencioso-administrativo

La LJCA regula otros dos supuestos en los que cambian los plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo. Se trata de:

  • Si la Administración estaba obligada a realizar una prestación concreta, el plazo asciende a 3 meses.
  • La única excepción es que esta prestación se deba realizar en ejecución de un acto firme, caso en el cual el plazo de interposición será de 1 mes.
  • Si es una Administración Pública la que trata de impugnar los actos de otra podrá realizar un requerimiento previo. El plazo de dos meses comenzará a contar desde que se reciba la comunicación o se entienda presuntamente rechazada. Esto ocurre en el plazo de un mes desde su recepción.

Plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo en el caso de recursos especiales

El procedimiento abreviado contencioso-administrativo comparte los plazos de presentación con el anterior proceso.

Lo mismo ocurre con el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, que es de:

  • 2 meses desde el día siguiente a la publicación o notificación de la disposición o acto impugnado, generalmente.
  • 6 meses desde el día siguiente a la producción de efectos del silencio administrativo.
  • 2 meses desde la presentación de la solicitud ante la CNMC del operador económico.

En el caso del procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos, el plazo de dos meses empieza a contar una vez transcurrido el plazo de 6 meses que haya dado el Registro de Partidos para solventar las irregularidades que lo motivan.

El procedimiento de suspensión administrativa de acuerdos de Entidades y Corporaciones locales se promueve en el plazo de 10 días desde que se dicte el acto de suspensión.

La cuestión de ilegalidad en el orden contencioso-administrativo se presenta en 5 días desde que conste en actuaciones la firmeza de la sentencia.

Por último, la sumariedad del procedimiento para la protección de derechos fundamentales hace que su plazo de presentación sea de tan solo 10 días.

Características de los plazos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

Los plazos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo son improrrogables. Una vez transcurridos, el Secretario judicial tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que dejara de utilizarse.

Sin embargo, se admite el escrito procedente si se presenta el día en que se notifica la resolución, salvo que se trate de plazos para preparar o interponer recursos.

Durante el mes de agosto no corren plazos, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

En caso de urgencia o cuando las circunstancias lo hagan necesario, las partes pueden solicitar al órgano jurisdiccional que habilite días inhábiles para la protección de derechos fundamentales o en los incidentes de suspensión o adopción de otras medidas cautelares.

El órgano jurisdiccional oirá a las demás partes y resolverá en el plazo de 3 días, acordando la habilitación siempre que su denegación pueda causar perjuicios irreversibles.

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Costas procesales en el orden contencioso-administrativo

Las costas procesales en el orden contencioso-administrativo se regulan en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). En nuestra entrada de hoy analizamos su cálculo, así como el sujeto obligado a abonarlas en cada situación (tras el proceso ordinario o la interposición de los recursos procedentes).

Como se podrá comprobar, las costas procesales en el orden contencioso-administrativo tienen una finalidad disuasoria, como ocurre en otros órdenes jurisdiccionales. De modo que castigan a quien litiga temerariamente obligándole a abonar a su contraparte todos los gastos derivados del litigio.

Las costas en el proceso en primera o única instancia

En el proceso en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que viera rechazadas todas sus pretensiones.

Como excepción, el órgano jurisdiccional puede no condenar al pago de las costas en aquellos casos en que aprecie serias dudas de hecho o de derecho y así lo razone.

En caso de estimación o desestimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Razonadamente, el órgano jurisdiccional puede imponerlas a una única parte por mantener la acción o interponer el recurso con mala fe o temeridad.

En definitiva, las costas procesales en el orden contencioso-administrativo serán para el litigante temerario. Cuando concurran dudas sobre el proceso podrá hacerse que cada cual se encargue de sus propias costas.

Las costas en recursos contencioso-administrativo

En el caso de los recursos contencioso-administrativos, se impondrán las costas al recurrente cuando se desestime totalmente el recurso.

El órgano jurisdiccional también puede apreciar la concurrencia de circunstancias que justifiquen que no se impongan. De modo que, como ocurría en las costas del procedimiento, el hecho de que existan serias dudas de hecho o de derecho sobre cómo debe resolverse el procedimiento, podrá evitarse la condena en costas.

En el caso del recurso de casación se impondrán las costas al recurrente desestimado. Además, puede fijar las costas correspondientes a la instancia y al recurso de casación.

En ningún caso se pueden imponer costas al Ministerio Fiscal.

Cuantificación y exacción de las costas en el orden contencioso-administrativo

Las costas pueden ascender a la totalidad, una parte o una cifra máxima. De modo que la parte victoriosa no tiene por qué recuperar todos los gastos que le supuso entrar en el litigio.

Para hacerlas efectivas la Administración acreedora puede proceder al apremio sobre el patrimonio.

Las costas causadas en autos se regulan y tasan conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Procedimiento abreviado contencioso-administrativo

El procedimiento abreviado contencioso-administrativo es un proceso ágil, por medio del cual se deciden determinados asuntos en este orden jurisdiccional. En nuestra entrada de hoy vamos a analizar su regulación en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Ámbitos del procedimiento abreviado contencioso-administrativo

Los órganos competentes para conocer del procedimiento abreviado contencioso-administrativo son los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.

Se puede acudir a este procedimiento abreviado para resolver asuntos en materia de:

  • Personal al servicios de las Administraciones Públicas.
  • Extranjería e inadmisión de peticiones de asilo político.
  • Disciplina deportiva en materia de dopaje.
  • Todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 €.

Iniciación del procedimiento abreviado contencioso-administrativo

El procedimiento abreviado contencioso-administrativo se inicia mediante demanda. Esta demanda debe ir acompañada de la documentación en que el actor fundamente su derecho.

También deben acompañarla los documentos previstos en el art. 45.2 LJCA, que son:

  • Representación del compareciente.
  • Legitimación del actor si lo es por transmisión.
  • Copia o disposición del acto recurrido o indicación del expediente. En caso de inactividad o vía de hecho debe señalarse el órgano o dependencia al que se atribuya.
  • Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para entablar acciones, en su caso.

Admisión de la demanda

Presentada la demanda, el Secretario judicial apreciará la jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional y admitirá la demanda o dará cuenta al mismo para que resuelva lo que proceda.

Traslado y requerimiento del expediente

Una vez admitida la demanda, el Secretario judicial dará traslado al demandado. Citará a ambas partes para la vista y requerirá el expediente a la Administración demandada con al menos 15 días de antelación respecto a la vista.

Celebración de la vista

El demandante puede solicitar por otrosí que el recurso se resuelva sin necesidad de recibimiento a prueba ni vista. En este caso, el Secretario judicial dará traslado a las partes demandadas para que contesten en plazo de 20 días. Durante los 10 primeros días de este plazo podrán solicitar la celebración de la vista.

Recibido el expediente administrativo, será remitido a los interesados para que puedan alegar durante la vista.

Comparecidas las partes el Juez declarará abierta la vista.

  • En caso de no comparecer o hacerlo solo el demandado, el órgano jurisdiccional tendrá al actor por desistido y le condenará en costas.
  • Si quien no compareciera fuera el demandado, proseguirá la vista en su ausencia.

Desarrollo de la vista

  1. La vista comienza con la exposición de los fundamentos de lo solicitado por el demandante.
  2. Posteriormente, los demandados formularán las alegaciones pertinentes, incluyendo las relativas a jurisdicción, competencia y otras.
    1. Oído el demandante, el Juez resolverá lo que proceda. Si ordena seguir el juicio, el demandado puede pedir que conste en acta su disconformidad. El mismo derecho asiste al demandante cuando el Juez decline el conocimiento del asunto o declare la inadmisibilidad del recurso.
    2. Si el demandado impugnara el procedimiento por razón de la cuantía, el Juez intentará que las partes lleguen a un acuerdo sobre este extremo, decidiendo él en última instancia.
  3. Resueltas las cuestiones procesales, el Juez dará la palabra a las partes para fijar los hechos en los que se fundamenten sus pretensiones.
    1. A falta de conformidad se propondrán y practicarán las pruebas procedentes.
    2. En caso de conformidad, el Juez apreciará esta circunstancia y dictará sentencia. Si hay oposición proseguirá la vista.

La prueba durante la vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo

Los medios de prueba en el proceso abreviado contencioso-administrativo se resolverán en el mismo juicio, salvo que sean incompatibles con sus trámites.

La forma de resolver la etapa probatoria sigue las normas del proceso ordinario.

Interrogatorios

En el caso de interrogatorios, se propondrán verbalmente sin admitirse pliegos.

Tampoco se admiten escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Además, si el número de testigos fuera excesivo y sus manifestaciones reiterativas, el órgano judicial podrá limitarlos.

Los testigos no pueden ser tachados, aunque las partes pueden observar lo que estimen conveniente en las conclusiones.

Periciales

En el caso de la prueba pericial, no serán de aplicación las normas sobre insaculación de peritos.

Otras disposiciones en materia probatoria

Solo es admisible el recurso de reposición contra la denegación de pruebas o admisión de las que se denuncien como obtenidas con violación de derechos fundamentales.

Si el Juez estima que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista la suspenderá.

Conclusión del proceso abreviado contencioso-administrativo

Tras la práctica de la prueba y de las conclusiones (si hubiera una y/u otra) y oídos los letrados, las partes podrán exponer de palabra lo que estimen oportuno con la venia del Juez.

Se dictará sentencia en plazo de 10 días, documentándose la vista.

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Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado

El procedimiento para la garantía de la unidad de mercado es una herramienta mediante la cual la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede impugnar actos, disposiciones, actuaciones, inactividades o vías de hecho de las Administraciones Públicas que contravengan la libertad de establecimiento.

Este procedimiento se sustancia frente a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y se rige en lo procesal por la ley que regula este orden jurisdiccional (LJCA).

Materialmente se apoya en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (Ley 20/2013).

Además, también se podrían señalar como fundamentos jurídicos la libertad de empresa, la economía de mercados y la libre circulación de personas y bienes, principios reconocidos en diferentes artículos de nuestra Constitución.

El procedimiento para la garantía de la unidad de mercado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puede presentar este recurso contencioso-administrativo cuando considere que un acto, disposición, actuación, inactividad o vía de hecho de cualquier Administración Pública puede contravenir la libertad de establecimiento o circulación.

Presentación del recurso

El plazo para interponer este recurso es de dos meses, a contar desde:

  • El día siguiente a la publicación de la disposición impugnada o la notificación o publicación del acto expreso.
  • En caso de ser presunto, el plazo ascenderá a seis meses, contando a partir del día siguiente en que se entienda producido el silencio.
  • Cuando se inicie a solicitud de un operador económico, se contará desde la presentación de su solicitud ante la CNMC.

El día de interposición o al siguiente, el Secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo para que en plazo de 5 días remita el expediente acompañado de los informes y datos solicitados en el recurso. La falta de remisión no suspenderá el curso de los autos.

Tramitación del recurso

  1. El Secretario judicial pondrá de manifiesto el expediente para que en plazo de 10 días el recurrente pueda formalizar la demanda acompañada de los documentos oportunos. Si se recibiera el expediente posteriormente a a presentación de la demanda, se otorgará un trámite adicional de alegaciones.
  2. Formalizada la demanda, el Secretario judicial dará traslado a las partes demandadas para que presenten contestación en plazo de 10 días.
  3. Al día siguiente de concluir este trámite, el órgano jurisdiccional decidirá lo procedente sobre el recibimiento a prueba, que no excederá los 20 días. En caso de que no quepa ulterior recurso, podrá convocar a las partes para dictar sentencia de viva voz.
  4. Concluidas las actuaciones, el órgano dictará sentencia en plazo de 5 días, pudiendo estimar el recurso. En este caso se corregirá la conducta infractora y se resarcirán daños y perjuicios.

Durante la tramitación del recurso puede solicitar la intevención como parte recurrente cualquier operador económico que tenga interés directo en la anulación del acto, actuación o disposición impugnada. Esta solicitud se resuelve mediante auto previa audiencia de las partes por plazo común de 5 días.

Si se iniciaran otros procedimientos con el mismo objeto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordará la acumulación al promovido por la CNMC.

El procedimiento para la garantía de la unidad de mercado se tramita con carácter preferente.

Suspensión del acto o actuación

La CNMC puede solicitar en su escrito de interposición la suspensión del acto o actuación impugnados, así como otras medidas cautelares.

Esta suspensión se produce de forma automática y sin exigencia de afianzamiento, aunque la Administración recurrida puede solicitar su levantamiento en plazo de 3 meses siempre que acredite que su mantenimiento puede derivar en una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero.

  • En tal caso, se dará traslado de la solicitud a la CNMC para que alegue lo procedente en plazo de 10 días.
  • El órgano jurisdiccional resolverá lo procedente mediante auto en plazo de 5 días.
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Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

El procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos permite declarar la ilegalidad de este tipo de asociaciones de relevancia constitucional.

Cabe recordar que el derecho de asociación es un derecho fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución.

Más allá de eso, el artículo 6 del texto constitucional señala la relevancia constitucional de los partidos políticos, convirtiéndolos en un tipo de asociación privilegiada.

De modo que se entenderá que la declaración de extinción de los partidos políticos tenga que someterse al control judicial. En concreto, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo es el competente para conocer de este tipo de solicitudes.

Para ello entran en juego:

El procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

Como decimos, es la LJCA la que rige el procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. En concreto, determina que este procedimiento especial sigue el cauce del procedimiento abreviado. Sin embargo, introduce algunas particularidades.

Competencia para la iniciación del procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

Es competente para interponer este recurso el Registro de Partidos Políticos, de oficio o a instancia de los interesados.

Justificación de la demanda

La demanda debe especificar los motivos recogidos en el art. 12 bis.1 LO 6/2002 en los que se fundamenta la petición. Tales motivos son:

  • Falta de adaptación de sus Estatutos a la ley en los plazos previstos.
  • No haber convocado el órgano competente para renovar los órganos de gobierno y representación en más de 8 años.
  • O no haber presentado sus cuentas anuales durante 3 ejercicios consecutivos o 4 alternos.

Plazo para promover el procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos

El plazo de dos meses para presentar la demanda computa a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el art. 12 bis.2 de la LO 6/2002.

Este artículo determina que cuando el partido incurre en las situaciones antedichas, el Registro de Partidos le apercibirá para que justifique la adopción de medidas en plazo de 6 meses.

De modo que transcurrido este plazo sin que el partido político subsane los defectos, el propio Registro o los interesados podrán iniciar el procedimiento.

Efectos de la sentencia

Si la sentencia declara la extinción del partido, el órgano jurisdiccional lo notificará al Registro para que proceda a la cancelación de la inscripción.

En todo caso, el Ministerio Fiscal será parte del proceso, ya que como hemos señalado, los partidos políticos son asociaciones de relevancia constitucional y ponen en juego derechos fundamentales.

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Suspensión administrativa de acuerdos locales

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) incluye un mecanismo de suspensión administrativa de acuerdos locales. Este procedimiento trae causa de la ausencia de un control de las Administraciones territorialmente superiores sobre la actuación de las Entidades y Corporaciones locales.

Así, cuando las Entidades o Corporaciones locales actúan, esta actuación puede ser impugnada, pero solo ante el Poder Judicial. En este caso, antes de promoverse el correspondiente recurso contencioso-administrativo se puede solicitar la suspensión administrativa de los acuerdos locales.

Tramitación del procedimiento de suspensión administrativa de acuerdos locales

La impugnación de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades locales puede ir precedida de una solicitud de suspensión. Ante estas situaciones deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo en plazo de 10 días desde que se dictara el acto de suspensión.

  1. Se iniciará el procedimiento mediante escrito fundado, acompañado de una copia del acto de suspensión. También puede darse traslado directo del acuerdo suspendido.
  2. Posteriormente, el Secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo dictara para que remita el expediente administrativo junto a sus alegaciones en plazo de 10 días. Durante este plazo también deberá notificar a quienes tengan un interés legítimo en su mantenimiento, que podrán comparecer en plazo de 10 días.
  3. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos y los convocará para la vista, que se celebrará en un plazo mínimo de 10 días.
  4. El órgano jurisdiccional puede sustituir motivadamente el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que deben presentarse en plazo de 10 días desde la notificación del auto que así lo acuerde. También puede abrir período de pruebas por plazo no superior a 15 días.
  5. Celebrada la vista o presentadas las alegaciones se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo. Además, se dispondrá lo procedente respecto a su suspensión.
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Cuestión de ilegalidad en el orden Contencioso-Administrativo

La cuestión de ilegalidad en el orden Contencioso-Administrativo permite a los órganos jurisdiccionales de este orden solicitar la nulidad de disposiciones que no se ajusten al ordenamiento jurídico. Se trata de un recurso que asiste a aquellos órganos jurisdiccionales que no sean competentes para la impugnación directa de las disposiciones generales.

Así, la cuestión de ilegalidad en el orden Contencioso-Administrativo se presenta como un control de legalidad indirecto. Trae causa de la resolución de un recurso contencioso-administrativo que impugne un acto de aplicación del reglamento cuestionado.

¿Cómo debe promoverse la cuestión de ilegalidad en este orden jurisdiccional?

Tramitación de la cuestión de ilegalidad en el orden Contencioso-Administrativo

  1. La cuestión de ilegalidad (art. 27.1 LJCA) se plantea por el órgano jurisdiccional en los 5 días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia.
  2. Esta cuestión debe ceñirse a los preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad sirviera de base para la estimación de la demanda, sin que quepa recurso contra el auto de planteamiento.
  3. Mediante el auto se emplazará a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones en plazo de 15 días.
  4. Planteada la cuestión, el Secretario judicial remitirá urgentemente:
    1. La copia testimoniada de los autos principales.
    2. Certificación del auto de planteamiento.
    3. Copia del expediente administrativo.
    4. Además, acordará la publicación del auto en el diario oficial donde se hubiera publicado la disposición cuestionada.
  5. Terminado el plazo de personación y alegaciones, el Secretario judicial declarará concluso el procedimiento y se dictará sentencia en los 10 días siguientes, salvo que el órgano jurisdiccional acuerde reclamar el expediente o practicar pruebas de oficio. En estos casos se concederá audiencia a las partes por plazo de 5 días.

La sentencia estimará o desestimará total o parcialmente la cuestión. En caso de que faltaran requisitos procesales insubsanables se declarará inadmisible la cuestión.

Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos se tramitará con carácter preferente.

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Protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa

La protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa es previa, incluso, a la propia Constitución. Así, la Ley 62/1978 diseñaba un procedimiento privilegiado para la defensa de determinados derechos, que terminarían consagrados como fundamentales en el texto constitucional.

El objetivo de aquel texto fue servir de escudo frente a detenciones ilegales y otras sanciones en materia de orden público. Y poco a poco se fueron introduciendo nuevas reformas que ampliaban el ámbito de este procedimiento de protección de derechos fundamentales.

La protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa: motivos y características

Como ya hemos indicado, los procedimientos de protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa son (por poco) preconstitucionales.

Su objetivo es evitar la actuación exhorbitada de la Administración cuando esta entra en la esfera de las libertades públicas y los derechos fundamentales. Por tanto, es necesario que este tipo de procesos:

  • Sea sumario y urgente. Dado que se basan en una posible violación de derechos fundamentales, el órgano jurisdiccional debe poder entrar a controlar la actuación administrativa lo antes posible.
    En este sentido, es importante que los requisitos de interposición sean sencillos y la tramitación preferente.
  • Permita la suspensión de la actuación administrativa. Solo de este modo se garantiza que un acto lesivo no extienda sus efectos, agravando las consecuencias.
  • Garanticen la intervención del Ministerio Fiscal. El artículo 124 de la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Por tanto, en este tipo de actuaciones debería garantizarse su intervención.

La Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) regula este procedimiento, en sus artículos 114 y siguientes. Tal articulado debe entenderse como un desarrollo del procedimiento de amparo previsto en el art. 53.2 de la Constitución.

La finalidad de los procedimientos de protección de derechos fundamentales en sede contencioso-administrativa es restablecer o preservar los derechos o libertades que motiven el recurso contencioso-administrativo.

Como exige su propia naturaleza, su tramitación tiene carácter preferente.

Interposición del recurso

El plazo para interponer este recurso es de 10 días, computados desde el siguiente al de la notificación, publicación o acaecimiento del acto o actuación que vulnere los derechos fundamentales.

En caso de inactividad, el plazo comenzará a correr 20 días después de la reclamación para que actúe, la presentación del recurso o el inicio de la actuación por vía de hecho.

El escrito debe expresar con claridad:

  • El derecho cuya tutela se pretende.
  • Los argumentos sustanciales que fundamenten el recurso.

Admisión del recurso

El Secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, el día de interposición o el siguiente, para que en plazo de 5 días remita el expediente junto con los informes y datos que estime procedentes.

1. Comunicación a las partes y solicitud de inadmisión

Al remitirlo, el órgano administrativo lo comunicará a quienes aparezcan como interesados, emplazándoles para que puedan comparecer como demandados en el plazo de 5 días. Una y otros podrán:

  • Solicitar razonadamente la inadmisión del recurso.
  • Pedir la celebración de comparecencia del art. 117.2 LJCA. El objetivo de esta comparecencia es discutir los motivos de inadmisión, y se celebrará en el plazo de 5 días.

La falta de remisión del expediente no suspenderá el plazo. Además, si se entrega extemporáneamente el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones en plazo de 48 horas.

Entregado el expediente o transcurrido el plazo, el Secretario ordenará continuar las actuaciones mediante decreto.

2. Admisión o inadmisión del recurso

En caso de considerar que no procede la admisión dará cuenta de ello al órgano jurisdiccional. Además, convocará a una comparecencia a las partes y el Ministerio Fiscal en plazo de 5 días, para oírlos sobre la procedencia de tramitar el recurso.

El día siguiente, el órgano jurisdiccional dictará auto:

  • Mandando proseguir las actuaciones mediante este trámite.
  • O acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento.

Tramitación del procedimiento

  1. Una vez se acuerde la tramitación del procedimiento el Secretario judicial pondrá de manifiesto el expediente y demás actuaciones para que el recurrente pueda formalizar demanda en plazo de 8 días.
  2. Posteriormente, dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal y demás demandados para que presenten sus alegaciones en otro plazo de 8 días.
  3. Terminado el trámite de alegaciones o transcurrido su plazo, el órgano jurisdiccional decidirá el día siguiente sobre el recibimiento a prueba, que no puede superar 20 días.
  4. Concluidas las actuaciones, dictará sentencia en plazo de 5 días. Contra estas sentencias cabe recurso de apelación.

Derecho de reunión

Si el asunto versa sobre el derecho fundamental de reunión debe interponerse dentro de las 48 horas desde la notificación de la prohibición o la modificación no aceptada por los promotores.

El Secretario judicial pondrá de manifiesto el expediente si lo ha recibido y convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y al recurrente en plazo de 4 días.

El Tribunal oirá de manera contradictoria a los personados y resolverá sin ulterior recurso, manteniendo o revocando la prohibición o modificaciones propuestas.

Autorización judicial para identificar a responsables de servicios de la información

El art. 8.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) permite a los órganos competentes solicitar una autorización judicial para identificar al responsable de un servicio de la sociedad de la información que atente o pueda atentar contra:

  • La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
  • La protección de la salud pública o las personas físicas o jurídicas con condición de consumidores o usuarios.
  • El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • La protección de la juventud y de la infancia.
  • La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Para ello deberán entregar petición documentada.

El Juzgado, en plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud siempre que no vulnere el art. 18.1 y .3 de la Constitución.

También requerirá autorización judicial la ejecución de medidas para que se interrumpa la prestación de servicios o se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual.

Para ello, la Comisión de Propiedad Intelectual acordará la medida y remitirá su resolución al órgano jurisdiccional.

Este convocará a la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados en plazo de 2 días, para oírlos.

Posteriormente, resolverá en plazo improrrogable de 2 días mediante auto.

Autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos

En este caso serán partes la Autoridad de Protección de Datos y quienes lo fueran en el procedimiento tramitado ante ella, así como la Comisión Europea.

El acuerdo de admisión o inadmisión a trámite confirmará, modificará o levantará la suspensión del procedimiento por posible vulneración de la normativa de protección de datos del que traiga causa el recurso.

Además, la autoridad judicial notificará la admisión a la autoridad de protección de datos para que dé traslado a los intervinientes en este procedimiento y se personen en plazo de 3 días, oyéndose asimismo a la Comisión Europea.

Concluido este trámite se dará traslado a las partes personadas para que en plazo de 10 días aleguen lo que estimen procedente, pudiendo solicitar la práctica de pruebas.

Tras el trámite de pruebas, en su caso, se celebrará una vista.

Finalizados estos trámites el órgano jurisdiccional dispondrá de 10 días para adoptar alguna de las siguientes decisiones:

  • Declaración de que la decisión de la Comisión Europea es conforme al Derecho de la Unión Europea, y consiguiente denegación de la autorización solicitada.
  • Auto de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.
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La ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo

Tradicionalmente, la ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo ha correspondido a los propios órganos de la Administración. Sin embargo, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo cumple una función de control y garantía.

Esto implica que ya desde la Ley de 1956, tal ejecución viene produciéndose bajo el control y vigilancia del órgano jurisdiccional. Este podía adoptar medidas y promover el cumplimiento de lo resuelto.

El sistema tradicional casó adecuadamente con la redacción constitucional de 1978. En este sentido cabe recordar que:

  • El art. 117.3 de nuestra Constitución atribuye a los órganos jurisdiccionales la potestad de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado«.
  • Y el art. 118 del mismo texto determina la obligatoriedad de cumplir las resoluciones judiciales y de prestar la colaboración requerida por estos.

En definitiva, la anterior Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y la Constitución Española de 1978 (CE) sirvieron de antesala a la nueva LJCA, que reguló la cuestión del siguiente modo:

  • Dictada la resolución, el órgano administrativo debe actuar por orden del Juez para adecuar su actuación al fallo.
  • Una vez sea firme la sentencia, el Secretario judicial lo comunicará al órgano jurisdiccional en el plazo de 10 días. Este ordenará lo que corresponda al órgano que realizara la actuación objeto del recurso.
  • La Administración tendrá, desde su recepción, un plazo de otros 10 días para cumplir la sentencia e indicar el órgano responsable del cumplimiento de la misma.
  • Si transcurren dos meses desde aquella comunicación sin que se hubiera cumplido la sentencia, cualquiera de las partes del proceso puede instar su ejecución forzosa.

Ofrecido este esquema procesal, pasamos a analizar en profundidad la ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo.

La ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo

La potestad de hacer ejecutar las sentencias y otras resoluciones judiciales corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo. En particular, debe ejercitar esta potestad el órgano jurisdiccional conociera el asunto en primera o única instancia.

Como ya se ha explicado a tenor de la Constitución:

  • Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en su forma y términos.
  • Además, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración que requieran los órganos jurisdiccionales.

La LJCA determina la nulidad de pleno derecho de todos los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias cuando se dicten para eludir su cumplimiento. Así, habilita al órgano jurisdiccional que deba ejecutar la sentencia para declarar a instancia de parte la nulidad de tales actos y disposiciones.

De este modo trata de salvaguardarse la ejecución de sentencias en el orden Contencioso-Administrativo. Como ocurre con otros órdenes jurisidiccionales:

  • En primer lugar se da la ocasión al condenado para cumplir la sentencia voluntariamente.
  • Si este no cumple, el órgano jurisdiccional tiene la potestad de instar la ejecución forzosa.
  • Para ello, las partes en el proceso y las personas y entidades públicas y privadas deben prestar su colaboración. Además, el órgano jurisdiccional puede anular los actos que traten de eludir el cumplimiento de la sentencia.

Firmeza de la sentencia

La firmeza de la sentencia se produce cuando esta no es recurrida a tiempo. Como se señaló en la introducción, será comunicada por el Secretario judicial en plazo de 10 días al órgano jurisdiccional que la dictara. Corresponderá a este órgano llevarla a efecto e indicar el órgano responsable del cumplimiento.

Desoír la orden de cumplimiento permitirá a las partes o a cualquier persona afectada instar la ejecución forzosa. Para ello deberán esperar un plazo de dos meses, que podría reducirse por la propia sentencia cuando las circunstancias concurrentes lo recomienden por volverse ineficaz el fallo o causar grave perjuicio.

Suspensión del cumplimiento e imposibilidad de ejecución

No se puede suspender el cumplimiento de la sentencia ni declararse su inejecución total o parcial. En caso de que concurran causas de imposibilidad material o legal, el órgano obligado a su cumplimiento debe manifestarlo en plazo a la autoridad judicial.

Esta dará audiencia a las partes y a los interesados para apreciar o no estas causas y adoptar las medidas destinadas a la mayor efectividad ejecutoria así como, en su caso, la indemnización procedente.

Podemos encuadrar la justificación de esta indemnización en la función de garantía y control de la jurisdicción. Así, si se da la imposibilidad de cumplir una sentencia solo cabrá la posibilidad de compensarla (lo que se llama «cumplimiento por equivalencia»). Dicho de otro modo, indemnizar al perjudicado.

Por ejemplo, si la Administración fuera condenada a devolver unos terrenos donde ya hubiera iniciado unas obras o unas demoliciones, está claro que el interesado no podrá recobrar su propiedad en su forma original. Este es el supuesto conocido como «imposibilidad de ejecución» antes expuesto, y otorga derecho a una indemnización.

Expropiación

La LJCA permite expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos por sentencia frente a la Administración cuando concurran causas de utilidad pública o interés social. Se entienden como tales:

  • Peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
  • Temor fundado de guerra o quebranto de la integridad del territorio nacional.

Para ello, el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma debe declarar la concurrencia de estas causas, en plazo de dos meses desde la comunicación de la sentencia. A cambio, deberá abonarse una indemnización, cuya cuantía determinará el órgano jurisdiccional competente.

Nótese que, de facto, la expropiación de los derechos o intereses reconocidos en la sentencia supone su incumplimiento. Es decir, el Gobierno, siempre que lo justifique adecuadamente (lo cual puede no ser tarea sencilla), puede declarar la utilidad pública o interés social de expropiar los derechos que atribuya la sentencia.

En este caso se dará el antedicho cumplimiento por equivalencia: el interesado será indemnizado.

Pagos de la Administración

Si la Administración resulta condenada al pago de una cantidad líquida, el órgano responsable del pago debe acordar el mismo con cargo al crédito de su presupuesto, que tendrá la consideración de ampliable.

En caso de necesitar una modificación presupuestaria, el procedimiento debe concluir en tres meses desde el día de notificación de la resolución.

A esta cantidad se aplicará el interés legal del dinero y si no se satisface a tiempo se podrá instar la ejecución forzosa.

En este caso, oído el órgano responsable y siempre que aprecie falta de diligencia, el órgano jurisdiccional puede incrementar en dos puntos el interés legal del dinero.

La Administración responsable también puede manifestar al órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la sentencia puede producir un trastorno grave a su Hacienda. En este caso hará una propuesta razonada para que se decida, oídas las partes, la forma menos gravosa de ejecución.

Las partes pueden solicitar que la cantidad se compense con créditos de la Administración contra el recurrente.

Publicidad de la anulación de actos y disposiciones generales

Cuando la ejecución de la sentencia en el orden contencioso-administrativo anule total o parcialmente un acto, el Secretario judicial dispondrá la inscripción del fallo en los registros a los que hubiera accedido este, a instancia de parte, así como en periódicos oficiales o privados, siempre que exista un interés público.

En el caso de las disposiciones generales o los actos colectivos, el Secretario judicial ordenará su publicación en diario oficial en plazo de 10 días desde la firmeza de la sentencia.

Actividad o dictado de actos

En determinadas ocasiones, la correcta ejecución de la sentencia en el orden Contencioso-Administrativo requiere que la Administración realice una actividad o dicte un acto o disposición. Sin embargo, la separación de poderes impide que el Juez sustituya al órgano administrativo. De modo que un órgano jurisdiccional no puede imponer la forma en que deba dictarse la nueva disposición.

Pero es más sencilla la ejecución forzosa cuando la Administración queda obligada a realizar u acto o actuación. Estos casos, el órgano jurisdiccional puede reaccionar al incumplimiento de la Administración:

  • Ejecutando la sentencia por sus propios medios o requiriendo la colaboración de autoridades y agentes de la Administración condenada u otra.
  • Adoptando las medidas que conduzcan a la satisfacción del fallo, incluyendo la ejecución subsidiaria.
  • Reponiendo la situación al estado exigido por el fallo (e indemnizando) cuando la actuación administrativa contravenga el sentido de la sentencia.

Si se ordenó la demolición de una edificación por resultar contraria a la normativa, también se exigirá garantía suficiente para responder al pago de indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Incidente de ejecución de sentencias Contencioso-Administrativas

Las partes pueden promover incidente para decidir cuestiones planteadas por el fallo. En particular:

  • Órgano responsable de las actuaciones.
  • Plazo máximo para el cumplimiento.
  • Medios a emplear y procedimiento a seguir.

El procedimiento del incidente de ejecución es el siguiente:

  • El Secretario judicial dará traslado del escrito a las partes para que aleguen lo conveniente en plazo común de 20 días.
  • Posteriormente, el órgano jurisdiccional resolverá mediante auto en plazo de 10 días. Frente a este auto se puede presentar el recurso de casación, así como el recurso de apelación.

Incidente de extensión de efectos

En determinadas materias, los efectos de la sentencia firme que reconozca una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras en ejecución de la sentencia. Se trata de:

  • Materia tributaria.
  • Personal al servicio de la Administración Pública.
  • Unidad de mercado.

Para ello deberán se exige que:

  1. Los interesados estén en la misma situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
  2. El órgano sentenciador también fuera competente para conocer de sus pretensiones.
  3. Y que soliciten la extensión de efectos en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso (o del correspondiente recurso).

Para solicitar la extensión de efectos se debe remitir solicitud al órgano sentenciador, en escrito razonado y documentado. En los 20 días siguientes, el Secretario judicial recabará los antecedentes correspondientes de la Administración, así como un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión.

Estas actuaciones se pondrán de manifiesto en plazo de cinco días para que los interesados puedan alegar lo que estimen oportuno. Evacuado este trámite, el órgano jurisdiccional resolverá por medio de auto, reconociendo o no la misma situación jurídica definida en su sentencia firme.

Se desestimará el incidente si:

  • Existe cosa juzgada.
  • La doctrina determinante del fallo a extender es contraria a la jurisprudencia del TS o doctrina de los TSJ (art. 99 LJCA).
  • Hubiera causado estado en vía administrativa por no promover recurso contencioso-administrativo.

Además, quedará en suspenso si hay un recurso de revisión o de casación en interés de la ley pendiente.

En el caso de que la tramitación de recursos hubiera quedado suspendida por tramitarse un pleito con carácter preferente (art. 37.2), declarada la firmeza de la sentencia el Secretario judicial requerirá a los recurrentes interesados para que en plazo de 5 días interesen la extensión de efectos.

Medidas para garantizar la ejecución de Sentencias en el orden Contencioso-Administrativo

Ya hemos indicado que existe un deber de obediencia de las sentencias y colaboración con el órgano jurisdiccional. Pero, sin una sanción jurídica, estos deberes quedarían vacíos.

La LJCA otorga al órgano jurisdiccional la posibilidad de disponer de las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado previa audiencia de las partes. En este sentido podrá, previo apercibimiento del Secretario judicial:

  • Imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 € a las autoridades, funcionario o agentes que incumplan sus requerimientos, reiterándolas si es necesario.
  • Deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal.

Cualquier parte puede instar la ejecución forzosa de la sentencia. En caso de que no se hubiera establecido un plazo de cumplimiento, la parte perjudicada puede requerir el cumplimiento.

Transcurridos dos meses sin que este se produzca, se entenderá transcurrido el plazo, pudiendo instar la ejecución forzosa de la sentencia en el orden Contencioso-Administrativo.

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Procesal

Medidas cautelares del Contencioso-Administrativo

Las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo trata de evitar las lesiones que se derivarían de una dilación del proceso. En la anterior regulación del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo solo se permitía, de un modo restrictivo, solicitar la suspensión del acto impugnado.

Inspirada por el Derecho comparado y Comunitario, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (29/1998, en adelante LJCA) introdujo nuevos mecanismos para evitar tales lesiones.

Las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo

Así, la reforma de esta jurisdicción posibilitó la adopción de medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo cuando el recurso fundamentara adecuadamente la existencia del riesgo de que el resultado del proceso terminara perjudicado en caso de no adoptarlas.

Por otro lado, la LJCA ha ampliado las posibles medidas cautelares. Ya no se admite únicamente la suspensión del acto, sino cualquier medida que «asegure la efectividad de la Sentencia».

Cuándo pueden solicitarse las medidas cautelares en el orden Contencioso-Administrativo

La LJCA permite a los interesados solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Eso sí, condiciona su concesión a determinadas circunstancias:

  • Previa valoración circunstanciada de los elementos en conflicto.
  • Que la ejecución del acto o aplicación de la disposición puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso.
  • En el caso de que pueda producir perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, la medida cautelar podrá denegarse.

Al margen de estos requisitos, para la adopción de medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo se podrían solicitar garantías adicionales.

Por último, existen excepciones a la posibilidad de solicitar la garantía en cualquier estado del proceso. Tales excepciones son:

  • Si lo que se impugna es una disposición general y lo que se solicita es la suspensión de su vigencia, la medida cautelar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en la demanda (art. 129).
  • Cuando se impugna la vía de hecho o la inacción, la medida cautelar puede solicitarse antes de la interposición del recurso (art. 135)

Admisión de las medidas cautelares

El órgano jurisdiccional solo acordará las medidas cautelares cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso, previa valoración de las circunstancias de todos los interesados.

Es decir, al contrario de lo que ocurre en otros órdenes, las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo no se adoptan siguiendo el principio fumus boni iuris sino el periculum rei (riesgo de perder el asunto).

Además, como se ha indicado, podrán denegarse cuando pudieran producir una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero.

Tramitación de las medidas cautelares

El incidente cautelar se sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria.

El plazo establecido para ello es diez días. Se resolverá mediante auto en plazo de cinco días.

En el caso de que la Administración demandada no hubiera comparecido todavía, se dará audiencia al órgano autor de la actuación impugnada.

Además, en situaciones de urgencia cabría la adopción de medidas cautelares sin oír a la parte contraria.

Vigencia de las medidas cautelares

Las medidas cautelares mantienen su vigencia hasta que finalice el procedimiento principal (sea por Sentencia o de otro modo).

Por otro lado, pueden ser modificadas o revocadas en caso de cambiar las circunstancias que las motivaron. Sin embargo, la modificación o revocación no puede hacerse en consideración al avance del asunto respecto a:

  • Su análisis formal o de fondo.
  • Los criterios de valoración aplicados por el órgano jurisdiccional a la hora de decidir el incidente cautelar.

Garantías

Si de las medidas cautelares pueden derivarse perjuicios, se podrán acordar medidas adecuadas para evitarlos o paliarlos. En este sentido:

  • Puede exigirse la presentación de caución o garantía suficientes para responder de tales perjuicios. En este caso, la medida cautelar no producirá efectos hasta que esté constituida y acreditada en autos la garantía.
  • También puede exigirse una indemnización en caso de que el perjuicio tenga lugar.

La garantía queda cancelada cuando se renuncia a la misma, no se acredita el derecho o cobrarla o no se solicita en plazo de un año desde el alzamiento.

Situaciones de urgencia

En caso de que los interesados aleguen la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, el órgano jurisdiccional puede acordar mediante auto, en plazo de dos días y sin oír a la parte contraria:

  • Apreciar tales circunstancias y adoptar o denegar la medida. No cabe recurso contra este auto. Además, se concederá audiencia en plazo de 3 días para alegar lo procedente, o se convocará a las partes en dicho plazo. Transcurrido el plazo de alegaciones, el Juez o Tribunal dictará nuevo auto, ordenando el levantamiento, mantenimiento o modificación de las medidas adoptadas. Este auto sí es recurrible.
  • No apreciar tales circunstancias. En este caso se ordenará la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento general. Los interesados no podrán volver a solicitar medidas urgentes.

Cuando se aleguen circunstancias de especial urgencia se oirá previamente al Ministerio Fiscal, siempre que el asunto afecte a menores y toque materia de extranjería, asilo político o condición de refugiado implicando su retorno.

Omisión de la obligación de realizar prestaciones y vía de hecho

Cuando la Administración esté obligada a realizar prestaciones o actúe por la vía de hecho se adoptará la medida salvo que resulte evidente que:

  • No se dan las condiciones previstas.
  • O no se perturban gravemente los intereses generales o los de un tercero.

En estas situaciones, como se ha anticipado, se pueden solicitar las medidas cautelares antes de interponer el recurso.

Al interponerlo, el interesado deberá ratificarse. El recurso deberá presentarse en plazo de 10 días desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.

En los 3 días siguientes el Secretario judicial convocará a comparecencia a las partes.