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Otros recursos contra resoluciones judiciales contencioso-administrativas

Además de los conocidos recursos de reposición, de apelación y de casación existe la posibilidad de interponer otros recursos contra resoluciones judiciales contencioso-administrativas. En concreto nos referimos al recurso de revisión, al recurso de reposición contra resoluciones del Secretario judicial y al incidente de nulidad de actuaciones.

La revisión de sentencias

Se puede revisar una sentencia firme cuando:

  • Después de pronunciada se recobraran documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado.
  • Hubiera recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
  • Habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
  • Se hubiera dictado en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.

También se puede presentar recurso de revisión contra resoluciones judiciales firmes cuando el TEDH haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

Legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en el procedimiento de revisión

La legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en el procedimiento de revisión son las determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para el recurso homónimo.

En particular:

  • El plazo de interposición es de cinco días.
  • Se inicia mediante escrito, citando la infracción cometida por la resolución.
  • El Secretario judicial, tras admitir el recurso, concederá a las partes personadas un plazo de 5 días para impugnar el recurso.
  • El Tribunal resolverá mediante auto en plazo de 5 días tras el plazo de impugnación.

Revisión en materia de responsabilidad contable

El recurso de revisión en materia de responsabilidad contable sigue las normas establecidas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En particular:

  • Se puede interponer cuando:
    • Tras pronunciarse la sentencia aparezcan nuevos documentos decisivos.
    • Se descubra que en las cuentas existieron errores trascendentales o anomalías de gran entidad.
    • La sentencia recayera en virtud de documentación falsa o de prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
    • El pronunciamiento se basara en una cuestión prejudicial posteriormente contradicha en el orden competente.
    • Existiera resoluciones contradictorias entre los órganos de la jurisdicción contable o con sentencias del TS.
  • La interposición y tramitación sigue los trámites ya mencionados en la LEC.

Recursos contra las resoluciones del Secretario judicial

Se puede presentar recurso de reposición contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario judicial, salvo que la Ley prevea el recurso directo de revisión.

El recurso de reposición se interpone en plazo de 5 días desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. En caso contrario, se inadmitirá mediante decreto recurrible en revisión.

Interpuesto el recurso, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes por plazo de 3 días para que puedan impugnarlo. Transcurrido el plazo, resolverá mediante decreto en plazo de 3 días.

Contra este decreto no cabe recurso alguno, aunque puede reproducirse la cuestión al recurrir, en su caso, la resolución definitiva.

También puede interponerse contra:

  • Decretos por los que se pone fin al procedimiento o impidan su continuación, aunque no producirá efectos suspensivos.
  • Decretos expresamente previstos en los casos legalmente previstos.
  • En estos casos, el plazo de presentación será de 5 días, el de audiencia de otros 5 días y el de resolución (mediante Auto del Juzgado o Tribunal) de otros 5 días. Contra las resoluciones de admisión o inadmisión no caben recursos. Contra el auto que resuelva el recurso solo caben recursos de apelación y casación.

El incidente de nulidad de actuaciones en el orden contencioso-administrativo

Este incidente se encuentra regulado en la LEC (art. 228) y la LOPJ (art. 241). Se trata de un incidente excepcional y subsidiario.

Solo puede presentarse el incidente cuando una parte legítima o que hubiera debido serlo sufra vulneración de derechos fundamentales protegidos por el art. 53.2 de la Constitución. Además, es necesario que:

  • No se haya podido denunciar esta vulneración antes de que recayera la resolución que pusiera fin al proceso.
  • Esta resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

El competente para conocer del incidente es el Tribunal que dictara la resolución impugnada.

Este recurso debe presentarse en un plazo de 20 días desde:

  • La notificación de la resolución.
  • O desde que se conociera el recurso que produjo la indefensión. En este caso no puede solicitarse la anulación de actuaciones si han transcurrido 5 años.

La resolución impugnada solo quedará en suspenso si se acuerda de forma expresa.

En caso de estimarse el recurso, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto del que naciera la nulidad.

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Recurso de casación contencioso-administrativo

El recurso de casación contencioso-administrativo permite que el TS o el TSJ revisen un pronunciamiento judicial de un órgano inferior jerárquicamente. Se trata, por tanto, del último recurso al que pueden recurrir las partes en el proceso contencioso-administrativo para lograr la revisión de una sentencia.

Como los restantes recursos contencioso-administrativos, se regula en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

La interposición de este tipo de recursos suele ser compleja, ya que requiere una preparación previa y tiene motivos de admisión tasados. No es de extrañar, ya que la sentencia que se dicta al resolverlos constituye jurisprudencia y, por tanto, vincula a todo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Recurso de casación contencioso-administrativo

El recurso de casación contencioso-administrativo puede interponerse frente a las sentencias dictadas:

  • En única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
    • Para ello deben contener doctrina que se entienda gravemente dañosa para los intereses generales y ser susceptibles de extensión de efectos.
  • En única instancia o apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.
    • En el caso de las Sentencias de los TSJ, el recurso debe fundarse en infracción de normas de Derecho Estatal o de la Unión Europea, siempre que fueran invocadas oportunamente o consideradas por la Sala sentenciadora (juez a quo).

También son susceptibles del recurso de casación los autos de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, previa interposición del recurso de reposición que:

  • Declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o imposibiliten su continuación.
  • Pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.
  • Recaigan en ejecución de sentencia. cuando resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en esta o contradigan sus términos.
  • Dictados en el caso previsto en el art. 91 LJCA. Se trata de aquellos supuestos en que se solicite la ejecución provisional de la sentencia.
  • Dictados en aplicación de los arts. 110 y 111 LJCA. Se trata de procesos en materia tributaria, de personal y de unidad de mercado o de procesos de tramitación preferente en los que se solicite la extensión de efectos de la sentencia principal.

Resulta competente para resolver estos recursos:

  • Cuando el recurso de casación contencioso-administrativo se base en infracción de normas autonómicas, una Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
  • En el resto de casos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable se regirán conforme a su Ley de Funcionamiento.

Excepciones al recurso de casación contencioso-administrativo

No son susceptibles del recurso de impugnación mediante el recurso de casación contencioso-administrativo las sentencias dictadas en los procesos:

  • Para la protección del derecho fundamental de reunión.
  • Contencioso-Electorales.

Recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

Se limita a cuestiones de derecho, excluyendo las cuestiones de hecho. Sus pretensiones son:

  • Anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado.
  • En su caso, devolución de los autos al Tribunal de instancia o resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

Admisión a trámite

Para admitirse el recurso de casación contencioso-administrativo debe:

  1. Invocarse una concreta infracción del ordenamiento (sea procesal o sustantiva) o de la jurisprudencia.
  2. Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS debe estimar que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Lo cual ocurrirá, de forma motivada, cuando la resolución impugnada:
    1. Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales.
    2. Siente doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales sobre estas normas.
    3. Afecte a un gran número de situaciones.
    4. Resuelva un debate sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley sin que esté claro que no se deba presentar cuestión de inconstitucionalidad.
    5. Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.
    6. Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del TJUE o cuando pueda ser exigible la intervención prejudicial del mismo.
    7. Resuelva un proceso en que se impugnara directa o indirectamente una disposición de carácter general.
    8. Resuelva un proceso en que se impugnara un convenio celebrado entre Administraciones Públicas.
    9. Se dictara en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

Al respecto del interés casacional objetivo, se presumirá cuando:

  • Se aplicaran normas sobre las que no existe jurisprudencia.
  • La resolución se apartara deliberadamente de la jurisprudencia existente por considerarla errónea.
  • Se declare nula una disposición de carácter general salvo que, evidentemente, carezca de trascendencia suficiente.
  • Resuelva recursos contra actos o disposiciones de organismos reguladores, de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional.
  • Resuelva actos o disposiciones de Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Preparación del recurso

El recurso de casación contencioso-administrativo debe prepararse ante la Sala de instancia en plazo de 30 días desde el siguiente a la notificación de la resolución recurrida (o la sentencia o auto quedarán firmes). Están legitimados para ello quienes hayan sido o debieran haber sido parte en el proceso.

El escrito de preparación debe contener:

  • Acreditación del cumplimiento de los requisitos reglados (plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada).
  • Identificación precisa de las normas o jurisprudencia que se considere infringida. Además, debe justificarse que se alegó en el proceso o se tomaron en consideración o debieron tomarse en consideración por la Sala de instancia.
  • Acreditación, en su caso, de que se produjo indefensión y se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia si existió momento procesal oportuno.
  • Justificación de la relevancia de las infracciones imputadas y de que resultan determinantes de la decisión adoptada que se recurre.
  • Si la sentencia se dictó en un TSJ, justificación de que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho Estatal o de la Unión Europea.
  • Especialmente, fundamentar que concurren supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala.

En caso de no reunir los objetivos, la Sala de instancia declarará no preparado el recurso mediante auto. Contra este auto tan solo cabe el recurso de queja.

En caso de que sí se cuplan, la Sala tendrá por preparado el recurso mediante auto motivado. Ordenará el emplazamiento de las partes en el plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y remitirá a esta los autos originales y el expediente administrativo. También puede emitir opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia.

Contra el auto de admisión no caben recursos, aunque sí oposición frente al TS.

Admisión del recurso de casación contencioso-administrativo

Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo puede oír a las partes personadas por plazo de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

La admisión o inadmisión se decidirá por esa Sección:

  • Mediante providencia de inadmisión o auto de admisión en los supuestos del art. 88.2. Se trata de aquellos supuestos donde el interés casacional objetivo no se presume.
  • Mediante auto de inadmisión o admisión cuando se presuma interés casacional objetivo o el órgano a quo hubiera emitido informe favorable la inadmisión.

No cabe recurso contra las providencias y autos de admisión o inadmisión. Además, en caso de inadmisión se impondrán las costas al recurrente.

Ejecución provisional

La preparación del recurso no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes pueden instarla, acordándose medidas que eviten o palien los eventuales perjuicios en su caso. También podrá exigirse la prestación de caución o garantía.

Resolución del recurso

Admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación para:

  • Remitir las actuaciones a la Sección competente para la tramitación y decisión del recurso.
  • Hacer saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días para presentar el escrito de interposición del recurso.

Si no se presenta el escrito se declarará desierto el recurso, ordenándose la devolución de las actuaciones. En caso de interponerse, contendrá:

  • Exposición razonada de las normas o jurisprudencia infringidas. No podrá abarcar otras que las alegadas en el escrito de preparación. Además, las sentencias del TS deberán ser analizadas.
  • Precisión del sentido de las pretensiones de la parte y los pronunciamientos solicitados.

En caso de venir incompleto se dictará sentencia de inadmisión e imponiendo las costas causadas. De lo contrario, se dará traslado a las partes recurridas y personadas para que puedan oponerse en plazo de 30 días. En la oposición no se puede pretender la inadmisión del recurso.

Transcurrido el plazo, si cualquier parte pidió por otrosí la celebración de vista pública se hará salvo que se considere innecesaria. En caso contrario se declarará el recurso concluso y pendiente de votación y fallo.

Cuando lo estime conveniente, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS puede acordar que los actos de vista pública o votación y fallo tengan lugar frente al Pleno de la Sala.

El órgano competente dictará sentencia en plazo de 10 días desde que termine la deliberación para votación y fallo.

Efectos de la sentencia

La sentencia fijará la interpretación de las normas sobre las que se considerara necesario el pronunciamiento del TS. Además, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso.

Podrá anular la sentencia o auto recurrido en todo o en parte, o bien confirmarlos. En su caso, puede ordenar la retroacción de actuaciones.

Si se aprecia una falta de competencia se anulará la resolución para indicarse el órgano competente.

El TS puede añadir a los hechos probados en la Sala de instancia aquellos que, omitidos, estén suficientemente justificados y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada.

Por último, la sentencia resolverá lo procedente en materia de costas.

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Recurso de apelación administrativo

El recurso de apelación administrativo permite que una sentencia dictada en primera instancia sea revisada por el superior jerárquico del juez a quo. Se trata de uno de los recursos contencioso-administrativos de los que disponen las partes de estos procesos para garantizar que el pronunciamiento judicial se ajusta a Derecho.

Recurso ordinario de apelación

El recurso de apelación puede presentarse frente a Sentencias de Juzgados de lo contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo salvo que:

Siempre puede presentarse este recurso frente a las sentencias que:

  • Declaren la inadmisibilidad del recurso por razón de la cuantía.
  • Se dicten en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
  • Resuelvan litigios entre Administraciones Públicas.
  • O resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

Legitimación para interponer el recurso de apelación administrativo

Puede interponer el recurso quien se halle legitimado como parte demandante o demandada.

Efectos de la admisión del recurso de apelación administrativo

Salvo que la ley disponga otra cosa, el recurso de apelación contra sentencias es admisible en ambos efectos (devolutivo y suspensivo). Sin embargo, el Juez puede adoptar las medidas cautelares pertinentes para asegurar la ejecución de la sentencia a instancia de la parte interesada.

  • La interposición del recurso de apelación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. De hecho, las partes favorecidas pueden instar su ejecución provisional.
  • Si pueden derivarse perjuicios de la ejecución provisional se podrán acordar medidas para evitarlos o paliarlos. Además, se puede exigir que se preste caución o garantía para responder de ellos (salvo que sea la Administración quien inste la ejecución provisional). En este caso no se llevará a cabo la ejecución provisional hasta que se constituya y acredite la caución o garantía.
  • En ningún caso se acordará la ejecución provisional si es susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación.

El Juez resolverá sobre la ejecución provisional en el término de 5 días previa audiencia de las partes.

Interposición del recurso ordinario de apelación contencioso-administrativo

El recurso de apelación debe interponerse ante el Juzgado que dictara la sentencia apelada, dentro de los 15 días siguientes a su notificación.

El escrito de apelación

El recurso de apelación administrativo se presenta en escrito razonado, que contendrá las alegaciones en que se fundamente el recurso. En caso de que transcurra este plazo sin haberse interpuesto el recurso, el Secretario judicial declarará la firmeza de la sentencia.

  • Si el escrito cumple estos requisitos, el Secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Además, dará traslado a las partes para que puedan formalizar oposición en plazo de 15 días.
  • En caso contrario, lo pondrá en conocimiento del Juez para que deniegue la admisión mediante auto si lo estima oportuno. Contra este auto cabe recurso de queja, sustanciado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En los escritos de interposición y oposición, las partes pueden pedir:

  • El recibimiento a prueba para la práctica de las denegadas o las no debidamente practicadas por causas que no les sean imputables.
  • Que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites para sentencia.

Si la parte apelada entiende admitida indebidamente la apelación debe hacerlo constar en su escrito de oposición. El Secretario judicial dará vista a la apelante por plazo de 5 días.

El apelado también podría adherirse a la apelación, indicando los puntos que entienda perjudiciales. En este caso, el Secretario judicial dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de 10 días, para que pueda oponerse a la adhesión.

Resolución del recurso

Transcurridos estos plazos, el Juzgado elevará los autos y el expediente administrativo junto a los escritos presentados. Además, se ordenará el emplazamiento de las partes para su comparecencia en plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, que resolverá lo conveniente sobre la admisión del recurso o el recibimiento a prueba.

  • Si la Sala estima procedente la prueba, se practicará con citación de las partes.
  • El Secretario judicial acordará, en su caso, la celebración de vista o la presentación de conclusiones. Para ello hará el oportuno señalamiento. Se seguirá el procedimiento especificado para el procedimiento en primera o única instancia.
  • Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarará que el pleito está concluso para sentencia.

Si la Sala revoca en apelación la sentencia impugnada que hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo resolverá también sobre el fondo del asunto.

El recurso de apelación administrativo contra autos

Cabe recordar que el recurso de apelación en el orden contencioso-administrativo también puede presentarse contra determinados autos.

Ya hemos tratado este uso del recurso de apelación en nuestro artículo sobre recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos.

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Recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos

Existen dos recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos. En primer lugar está el recurso de reposición, que debe resolver el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Y en segundo lugar se puede recurrir a la apelación, cuya resolución corresponde al superior jerárquico del Juez a quo.

Recurso de reposición (antes también súplica)

El recurso de reposición en el orden contencioso-administrativo no debe confundirse con su homónimo administrativo. Mientras que el primero es de tipo judicial, el segundo es de tipo administrativo.

La diferencia entre uno y otro no es tan solo la vía en que se practica. Así, el primero pretende que el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo se replantee una providencia o auto. El segundo, sin embargo, pretende que un órgano administrativo se replantee una disposición o actuación.

Por tanto, es perfectamente posible que en la impugnación de la misma actuación se haga uso primero del recurso de reposición por vía administrativa y, desoído este, posteriormente del recurso de reposición por vía contencioso-administrativa.

La única similitud entre ambos recursos (que les da nombre) es el hecho de que se presentan frente al órgano cuyo pronunciamiento se impugna, que también es el competente para resolver el recurso.

Este recurso recibía dos nombres anteriormente. Cuando se presentaba frente a órganos unipersonales se conocía como recurso de reposición. Si el órgano era colegiado se le llamaba recurso de súplica.

La Disposición Adicional Octava de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) terminó con esta distinción.

El recurso de reposición en la LJCA

Como decimos, el primero de los recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos es el recurso de reposición.

  • Este recurso puede interponerse contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación. Pese a su interposición, y salvo que el órgano jurisdiccional disponga otra cosa de oficio o a instancia de parte, la resolución se llevará a efecto pese a la interposición del recurso.
  • Este recurso no es admisible contra resoluciones expresamente exceptuadas legalmente ni contra autos que resuelvan recursos de reposición y aclaración.

Plazos del recurso de reposición en el orden contencioso-administrativo

  1. El recurso de reposición se interpone en plazo de 5 días desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
  2. Una vez interpuesto, el Secretario judicial dará traslado a las partes para que puedan impugnarlo en plazo de 5 días.
  3. Transcurrido este plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto en plazo de 3 días.

Apelación de Autos en el orden contencioso-administrativo

El segundo de los recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos es el de apelación.

Resultan apelables los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los procesos que conozcan en primera instancia:

  • Que pongan fin a la pieza separada de medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.
  • Recaídos en ejecución de la sentencia.
  • Que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
  • Recaídos sobre autorizaciones de los arts. 8.6, 9.2 y 122 bis LJCA. O en aplicación de los arts. 83 y 84 LJCA. Tales artículos refieren a:
    • Entrada en domicilios u otros lugares que requiera autorización del titular.
    • Ejecución de actos adoptados por la Sec .2ª CPI para interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual.
    • Adopción de medidas cautelares frente a la interposición de un recurso de apelación.
    • Ejecución provisional de una sentencia apelada.

El recurso de apelación administrativo en supuestos contemplados en los arts. 110 y 111 LJCA se rige por el mismo régimen de admisión que la apelación correspondiente a esta sentencia. Estos casos son los relativos a la extensión de efectos jurídicos de una Sentencia.

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El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia

El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia es la vía general para resolver los recursos contencioso-administrativos. Cuando la materia presenta ciertas particularidades puede sustituirse por un proceso especial. En la entrada de hoy nos centramos en este trámite general, siguiendo la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Diligencias preliminares

Las diligencias preliminares son actuaciones solicitadas al órgano jurisdiccional previamente al inicio del procedimiento. Su razón de ser es que las partes pueden no obtener por sí misma las precisiones o aclaraciones que están solicitando al órgano.

Este paso previo al proceso tiene especial importancia en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Y ello porque existen situaciones en las que pueden ser un requisito para iniciar el procedimiento.

Declaración de lesividad

Así, antes de anular sus actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración debe declararlos lesivos para el interés público.

Agotamiento previo a la vía judicial

Por otro lado, y como se ha señalado en otras entradas, los particulares debemos agotar la vía administrativa antes de interponer un recurso contencioso-administrativo. Este requisito se conoce como «agotamiento previo de la vía administrativa».

Sin embargo, las Administraciones Públicas no pueden interponer recursos administrativos entre sí.

Lo que sí se permite es que una Administración requiera a la otra previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo para que:

  • Derogue su disposición.
  • Anule o revoque su acto.
  • Haga cesar o modifique su actuación material.
  • Inicie la actividad a que esté obligada.

Este requerimiento se presentará ante el órgano competente en escrito razonado, que concretará la disposición, acto actuación o inactividad que se pretende impugnar.

Debe plantearse en plazo de dos meses, entendiéndose rechazado si no se responde en plazo de un mes.

El recurso especial en materia de contratación puede interponerse sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.

Interposición del recurso y reclamación del expediente

El recurso contencioso-administrativo se inicia mediante escrito, que se limita a:

Al escrito le acompañará:

  • Documentación que acredite:
    • La representación del compareciente.
    • Su legitimación, en caso de haberla recibido por transmisión.
  • Copia o traslado del acto o indicación del expediente en que haya recaído o periódico oficial en que se publicó la disposición. En el caso de inactividad o vía de hecho se señalará el órgano a quien se atribuya y el expediente o datos necesarios para identificarlo.
  • Documentos que acrediten cumplir los requisitos exigidos para entablar acciones.

El Secretario judicial examinará la validez de la comparecencia.

  • Si estima su validez, admitirá a trámite el recurso.
  • En caso contrario podrá requerir la subsanación en plazo de diez días, que de no ser atendida implicará el archivo de actuaciones.

Recurso de lesividad

El recurso de lesividad se inicia mediante demanda, que debe:

  • Consignar los hechos, fundamentos de derechos y pretensiones de la Administración actuante.
  • Determinar la persona o personas afectadas, así como su domicilio.

Esta demanda debe ir acompañada de:

  • La declaración de lesividad.
  • El expediente administrativo.
  • En su caso, documento que acredite la representación del compareciente y el cumplimiento de los requisitos para litigar.

En definitiva, para que la Administración pueda acudir al proceso Contencioso-Administrativo en primera o única instancia para anular actos propios deberá cursar el correspondiente expediente de lesividad y demostrar que ha cumplido este trámite al presentar su demanda.

Recurso cuando no existen terceros interesados

En caso de que no existan terceros interesados también se iniciará el recurso mediante demanda, que razonará la disconformidad de la disposición, acto, inactividad o vía de hecho con el Derecho Administrativo.

Plazo

El recurso contencioso-administrativo debe interponerse en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación o notificación de la disposición o acto expreso. Este plazo varía ante determinados actos concretos:

  • Contra los actos presuntos se puede presentar en un plazo de seis meses, que contará a partir del día en que se produzca el acto presunto.
  • Contra los actos por los cuales debiera realizarse una prestación concreta, puede interponerse el recurso en plazo de tres meses desde la reclamación de cumplimiento. En caso de tratarse de la ejecución de actos firmes, el plazo es de un mes desde la petición de cumplimiento.
  • Contra la vía de hecho se debe interponer recurso en 10 días a contar desde el siguiente a la terminación del plazo para atender al requerimiento (10 días). Sin requerimiento, el plazo es de 20 días desde que se inició la actuación en vía de hecho.
  • Para interponer el recurso de lesividad se dispone de dos meses desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.
  • Entre Administraciones Públicas y siempre que hubiera un requerimiento previo, el plazo comenzará a computar desde que se reciba la comunicación o se entienda presuntamente rechazado (un mes desde su recepción).

Publicación de la interposición del recurso

De oficio o previa solicitud del recurrente, el Secretario judicial puede acordar la publicación de la interposición del recurso. Este acuerdo se adoptará durante el siguiente día hábil a la admisión del recurso.

En caso de no existir terceros interesados, el plazo de publicación será de 15 días, para que pueda personarse quien tenga interés legítimo en sostener que la disposición, acto o conducta impugnados son conformes a Derecho.

Reclamación del expediente

El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia se apoya fundamentalmente sobre material documental. Entre este material cabe destacar el expediente administrativo.

Según el art. 70 de la Ley 39/2015, el expediente administrativo es el:

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Artículo 70 Ley 39/2015

Para obtenerlo, el Secretario judicial requerirá a la Administración para que se lo remita y practique los emplazamientos correspondientes, salvo que no existan terceros interesados.

El expediente debe remitirse en plazo improrrogable de 20 días, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice autentificado de su contenido.

Podrán excluirse del expediente, siempre mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial. Sin embargo, en este caso se deberá hacer constar la exclusión en el índice.

Una vez recibido se pondrá de manifiesto a las partes por plazo de 5 días para que formulen alegaciones.

Si transcurriera el plazo para remitir el expediente sin que se hubiera recibido completo:

  1. Se reiterará la reclamación, otorgando un plazo adicional de 10 días y apercibiéndose de la posibilidad de emitir una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable reiterativa cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido. En caso de no poder determinarse la identidad del responsable, será la Administración quien deba pagar la multa.
  2. Tras imponerse las tres primeras multas, el órgano jurisdiccional pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas.

Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso

En el plazo de 5 días desde que se acuerde remitir el expediente la propia Administración notificará esta resolución a los interesados. Estos podrán personarse como demandados en los siguientes 9 días.

En el caso del recurso especial en materia de contratación, se emplazará a las personas distintas al recurrente que comparecieran en el recurso. También dispondrán de un plazo de 9 días para personarse como demandados.

Si el recurso fuera de lesividad se debe emplazar personalmente a los interesados por plazo de 9 días.

Tras realizar estas notificaciones, la Administración debe remitir el expediente al órgano jurisdiccional junto a la justificación de los emplazamientos realizados.

En ese momento, el Secretario judicial comprobará que se realizaron las notificaciones de emplazamiento debidas. Si considerara que falta alguna ordenará que se practique.

En caso de resultar imposible emplazar a algún interesado se colocarán edictos en el periódico oficial correspondiente, procedimiento que se aplicará a las situaciones donde no consten terceros interesados.

Emplazamiento de la Administración

Bastará la reclamación del expediente para que se entienda efectuado el emplazamiento de la Administración. De hecho, su mera remisión se considera personación.

Admisión del recurso

El órgano jurisdiccional, tras examinar el expediente, puede declarar que no procede la admisión del recurso si se constata inequívoca y manifiestamente:

  • Falta de:
  • Interposición contra actividad no susceptible de impugnación.
  • Caducidad del plazo de interposición.

También puede inadmitirse el recurso:

  • Cuando otra sentencia firme haya desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales, mencionado las resoluciones desestimatorias.
  • En caso de vía de hecho, cuando resulte evidente que la actuación se produjo dentro de la competencia de la Administración y en conformidad con las reglas del procedimiento administrativo.
  • En caso de reclamarse contra la no realización de prestaciones a las que se tiene derecho, cuando resulte evidente que no existe la obligación de que la Administración las realice a favor de los recurrentes.

La inadmisión se comunicará a las partes, indicando el motivo en que se funde, para que en plazo de 10 días aleguen lo que estimen procedente.

Contra el auto de inadmisión se pueden presentar los recursos contenidos en la LJCA. Contra el de admisión no se puede interponer recurso, aunque sí se pueden oponer motivos de inadmisibilidad en posteriores momentos procesales.

Demanda y contestación

Una vez recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial acordará entregarlo al recurrente para que presente su demanda en un plazo de 20 días.

Si no se presentara en plazo, el Juzgado o Sala declarará por auto la caducidad del recurso. Sin embargo, se admite la demanda presentada el día en que se reciba esta notificación.

En caso de que transcurriera el plazo para remitir el expediente sin que se envíe este, la parte recurrente puede pedir que se le conceda plazo para formalizar la demanda. Si se recibiera posteriormente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes para que efectúen alegaciones complementarias en plazo de 10 días.

Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado junto al expediente a las partes demandadas que comparezcan para que contesten en plazo de 20 días.

El defensor de la Administración demandada puede solicitar la suspensión del procedimiento durante 20 días cuando entienda que la disposición o actuación administrativa pueda no ajustarse a Derecho.

Contestación a la demanda

La contestación a la demanda se formula simultáneamente por todos los demandados, que dispondrán del expediente en la Oficina judicial.

  • Si la Administración demandada fuera una entidad local y no se hubiera personado se le dará traslado de la demanda para que pueda designar representante o manifestar los fundamentos por los que estima improcedente la pretensión en plazo de 20 días.
  • Si las partes estiman que el expediente no está completo pueden reclamar los antecedentes necesarios en el plazo de formular la demanda, suspendiéndose este. El Secretario judicial resolverá lo pertinente en el plazo de 3 días.

Escritos de demanda y contestación

Los escritos de demanda y contestación deben consignar, separadamente, los hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones deducidas. El Secretario judicial los examinará de oficio y requerirá la subsanación de faltas en plazo de 10 días.

Las partes podrán acompañar sus escritos de los documentos en que funden su derecho, o bien designar el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

Tras la demanda y contestación no se admitirán más documentos que los previstos para el proceso civil. Sin embargo, el demandante puede aportar documentos para desvirtuar las alegaciones contenidas en la contestación.

Contestada la demanda, el Secretario judicial declarará concluso el pleito para sentencia, (salvo que el Juez o Tribunal acuerden de oficio el recibimiento a prueba) cuando:

  • El actor solicite por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni de vista o conclusiones y la parte demandada no se oponga.
  • No se solicite el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o conclusiones en los escritos de demanda y contestación.

En estos casos, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en plazo de 5 días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión, para declararse concluso el pleito posteriormente.

Alegaciones previas

Dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas pueden alegar motivos que determinen la incompetencia del órgano jurisdiccional o inadmisibilidad del recurso. Estos motivos (salvo la incompetencia) podrán ser repetidos en la contestación.

La Administración no podrá presentar alegaciones previas sin remitir el expediente administrativo.

El Secretario judicial dará traslado por 5 días al actor de las alegaciones previas. Este dispondrá de un plazo de 10 días para subsanar defectos.

El auto desestimatorio de alegaciones previas no es susceptible de recurso y el estimatorio declarará la inadmisibilidad del recurso.

Recibimiento a prueba

El recibimiento a prueba debe pedirse por medio de otrosí en los escritos de demanda, contestación o alegaciones complementarias. Este detallará:

  • Hechos sobre los que debe versar la prueba.
  • Medios de prueba propuestos.

En el caso de que en la contestación aparezcan hechos de relevancia para la resolución del asunto, el recurrente puede pedir el recibimiento a prueba en los 5 días siguientes.

Solo se recibirá el proceso a prueba ante disconformidad de hechos relevantes para la resolución del pleito. En caso de que el objeto del recurso sea una sanción, siempre se recibirá el proceso a prueba.

La prueba se practicará en plazo de 30 días, conforme a las reglas del proceso civil. En caso de que se practiquen pruebas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso, podrán ser admitidas.

  • Ante las periciales, el Juez otorgará un plazo de hasta 5 días para pedir aclaraciones a petición de las partes.
  • En los procesos relacionados con actuaciones discriminatorias por razón de sexo será el demandado quien deba probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

El órgano jurisdiccional acordará de oficio el recibimiento a prueba, pudiendo disponer la práctica de otras pruebas. Finalizado el plazo de prueba también puede acordar la práctica de otras diligencias probatorias. En todo caso, las partes tendrán intervención en las mismas.

  • En caso de que se practiquen pruebas de oficio y las partes no pudieran alegar sobre ello en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, para que aleguen lo que estimen conveniente en el plazo de 5 días.
  • El juez también puede acordar de oficio la extensión de los efectos de las pruebas periciales a procesos conexos. En este caso, los costes de la prueba se prorratearán entre todos los intervinientes.

Vista y conclusiones

Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, se presenten conclusiones o se declare concluso el pleito, sin más trámites, para sentencia.

La solicitud se formulará mediante otrosí:

  • En el escrito de demanda.
  • En el escrito de contestación.
  • O en escrito presentado en plazo de 5 días desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.

El Secretario judicial proveerá conforme soliciten las partes. Si estas no formularán solicitud alguna, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y atendiendo a la índole del asunto, podrán acordar la celebración de la vista o la formulación de conclusiones escritas.

Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia, y una vez conclusos se antepondrá su votación y fallo a la de cualquier otro recurso, salvo el especial de protección de derechos fundamentales.

Vista

Si se acuerda la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por orden de antigüedad de los asuntos. Quedan exceptuadas del orden cronológico aquellas materias que, por prescripción legal o acuerdo judicial basado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia.

En el acto de la vista se dará la palabra a las partes por orden para que expongan sucintamente sus alegaciones. El Juez o Presidente de Sala podrá invitar a los defensores de las partes a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea necesario para delimitar el objeto del debate.

La vista se registrará en soporte de grabación y reproducción de sonido e imagen. El documento electrónico quedará bajo la custodia del Secretario judicial, aunque las partes podrán solicitar la copia de las grabaciones originales.

En caso de que la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido quede garantizado mediante firma electrónica o similar no será necesaria la presencia del Secretario judicial, salvo que este lo estime necesario o lo soliciten las partes al menos dos días antes de la celebración de la vista.

El Secretario judicial registrará en el acta:

  • Número y clase de procedimiento.
  • Lugar y fecha de celebración.
  • Tiempo de duración.
  • Asistentes al acto.
  • Alegaciones de las partes.
  • Resoluciones adoptadas por el Juez o Tribunal.
  • Circunstancias e incidencias que no puedan constar en el soporte.

En caso de no poderse emplear el soporte electrónico, el Secretario judicial extenderá acta en la que detalle las legaciones de las partes, incidencias y reclamaciones producidas y resoluciones adoptadas.

El acta se extenderá por procedimientos informáticos, no suindo manuscrita salvo que la sala carezca de medios informáticos.

Conclusiones

En el trámite de conclusiones, las partes presentarán alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que basen sus pretensiones.

El plazo para formular el escrito es de 10 días sucesivos para demandantes y demandados.

Durante este trámite o el de vista no pueden presentarse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda y contestación. En caso de que el Juez o Tribunal entienda que deban tratarse motivos relevantes para el fallo y diferentes de los alegados, lo comunicará mediante providencia concediendo un plazo de 10 días para oír a las partes sobre ello.

Además, el demandante podrá solicitar que la sentencia se pronuncie sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se pretenda, si constan probados en autos.

Sentencia

La Sentencia se dicta en el plazo de 10 días desde que el juicio se declare concluso, decidiendo todas las cuestiones controvertidas en el proceso (principio de congruencia).

Si el Juez o Tribunal apreciara que necesita más tiempo, lo razonará y señalará una fecha posterior.

Contendrá uno de los siguientes fallos:

  • Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. Procederá este fallo cuando:
    • El Juzgado o Tribunal carezca de jurisdicción.
    • Se interpusiera el recurso por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
    • Tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
    • Recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
    • Se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
  • Estimación del recurso. Se estimará el recurso cuando la disposición, actuación o acto incurran en infracciones del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder (ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico).
  • Desestimación del recurso. Se desestimará el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajusten a Derecho.

Además, se pronunciará en lo referente a las costas procesales.

Efectos de la sentencia

En caso de que la sentencia estime el recurso contencioso-administrativo:

  • Declarará que la disposición o acto no es conforme a Derecho. En consecuencia, la anulará total o parcialmente o dispondrá que cese o se modifique la actuación.
  • Si se pretendiera el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, la reconocerá y adoptará las medidas necesarias para su pleno restablecimiento. En este caso los efectos solo se aplicarán a las partes, aunque pueden extenderse a terceros conforme a los arts. 110 y 111 LJCA (ejecución de sentencias).
  • Si la medida consiste en la emisión de un acto o la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia puede establecer el plazo de cumplimiento.
  • Cuando se estime una pretensión de resarcir daños y perjuicios se declarará el derecho a la reparación, señalando el obligado a indemnizar y la cuantía de la indemnización o las bases para su determinación.

Cabe señalar que un órgano jurisdiccional no puede determinar la forma en la que los preceptos de una disposición general queden redactados. Es decir, no pueden sustituir la actividad administrativa tras anular el contenido del precepto, ni determinar el contenido discrecional del mismo.

En caso de que la sentencia declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso solo producirá efectos entre las partes.

Si se anula una disposición o acto, los efectos alcanzarán a todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen disposiciones generales tendrán efectos generales desde el día en que se publique su fallo.

En estos casos, sin embargo, no quedarán afectadas las sentencias firmes o actos administrativos firmes de aplicación previos al efecto general de la sentencia, salvo que conlleve la reducción o exclusión de sanciones no ejecutadas completamente.

Otros medios de terminación del procedimiento

Existen otros modos de terminar el proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia además de la Sentencia.

Dos de ellos son unilaterales (el actor puede desistir o el demandado allanarse), y consisten en otorgar la razón a la contraparte.

Los otros dos aparecen en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, sea en sede judicial o extrajudicial.

Desistimiento

El recurrente puede desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Para ello deberá ratificarlo él mismo o su representante autorizado. En caso de que desista la Administración, deberá presentar testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente.

El Secretario judicial dará traslado a las demás partes (y al Ministerio Fiscal en caso de acción popular), concediéndoles un plazo de 5 días para presentar su conformidad.

  • En caso de presentar conformidad o no oponerse, dictará decreto declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente.
  • En caso contrario, o cuando se aprecie daño para el interés público, el Secretario judicial dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.
  • Cuando solo algunos recurrentes desistan, el procedimiento continuará respecto al resto.

El desistimiento no implica necesariamente condena en costas.

Además, cuando se desista porque la Administración demandada reconozca en vía administrativa las pretensiones del demandante y posteriormente revoque total o parcialmente este reconocimiento, el actor puede pedir que se continúe el procedimiento. En caso de que el Juez o Tribunal lo estime conveniente, concederá un plazo común de 10 días a las partes para que formulen alegaciones complementarias sobre la revocación.

Allanamiento

Los demandados pueden allanarse, ratificándolo posteriormente o presentando testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente.

En estos casos, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si con ello se contraviene manifiestamente el ordenamiento jurídico. Ante esta situación, comunicará a las partes los motivos que se pueden oponer a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo de 10 días.

Si hay varios demandados, el procedimiento continuará respecto a aquellos que no se allanen.

Satisfacción extraprocesal

En caso de que la Administración demandada reconozca por vía administrativa la totalidad de las pretensiones del demandante, cualquier parte lo puede poner en conocimiento del órgano jurisdiccional.

El Secretario judicial abrirá un plazo de 5 días para oír a las partes, tras el cual dictará auto que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo de autos y la devolución del expediente, siempre que el reconocimiento no vulnere el ordenamiento jurídico.

Conciliación o transacción

En el proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional puede someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Para ello:

  • El juicio debe versar sobre materias susceptibles de transacción (particularmente estimación de cantidades).
  • El Juez o Tribunal puede tomar esta vía de oficio o a instancia de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación.
  • Los representantes de las Administraciones Públicas demandadas necesitan la autorización oportuna para realizar la transacción.

El intento de conciliación no suspende el curso de las actuaciones salvo que lo soliciten todas las partes personadas. Debe producirse antes de que el pleito se declare concluso para sentencia.

En caso de llegar a un acuerdo que no vulnere el ordenamiento jurídico ni lesione el interés público o de terceros, el órgano jurisdiccional dictará auto declarando terminado el procedimiento.