El artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento administrativo. Esta permite la utilización de sistemas electrónicos y de clave concertada a la hora de intervenir en un acto administrativo.
Redacción del artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
Explicación del art. 9 Ley 39/2015
El artículo 9 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los sistemas de identificación del interesado admitidos en el procedimiento administrativo. Estos sistemas pueden estar basados en certificados de firma o sello emitidos por prestadores de servicios de certificación o en claves concertadas.
En cualquier caso, el sistema de clave concertada es accesorio. De modo que en ningún caso será necesario, y las Administraciones que lo utilicen deben garantizar la posibilidad de identificarse mediante un sistema de firma o sello electrónico.
Si la Administración General del Estado acepta un sistema de identificación, el resto de las Administraciones Públicas deben aceptarlo también.
Jurisprudencia en torno al art. 9 de la Ley 39/2015
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Otros recursos relacionados con el artículo 9 Ley 39/2015
- Firma electrónica e identificación ante las Administraciones Públicas (comentario de los artículos 9 – 12 de la Ley 39/2015).
- Ley 39/2015: