Conocemos como interesados en el procedimiento administrativo a todas aquellas personas que puedan resultar afectados por la resolución resultante del trámite. Por ejemplo, se trata de las personas que inician el procedimiento o de aquellas cuyos derechos pueden ampliarse recortarse, etcétera.
El objeto y ámbito de la Ley 39/2015 incluye la actuación de todas las administraciones públicas. Se trata, por tanto, de la norma que recoge las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo.
El concepto de días naturales identifica todos y cada uno de los días del calendario. Es decir, los 365 (o 366) días, que incluyen fines de semanas y festivos.
Los días hábiles son aquellos que computan a efectos de plazos administrativos y en los cuales podemos participar en procedimientos ante la Administración. Por tanto, son los opuestos a los días inhábiles, que incluyen sábado, domingo y días declarados festivos.
Los plazos administrativos determinan el periodo de tiempo durante el cual podemos intervenir en el procedimiento, así como la fecha de efectos del mismo. Por tanto, es imprescindible contar correctamente estos plazos para saber si podemos presentar recursos o si el acto administrativo o la resolución siguen siendo efectivos.
El ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) abarca a las entidades que integran la Administración Local, incluyendo a los organismos dependientes y las Comunidades Autónomas.
El objetivo principal de la Ley de Contratos del Sector Público es la regulación del sector para poder garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad y a la transparencia de los procedimientos.
Llamamos potestad sancionadora de la Administración a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas para vigilar y corregir las conductas de los ciudadanos. Recordemos que, conforme al artículo 103 de la Constitución, la Administración “sirve con objetividad los intereses generales”. Esta función de garante del interés común le confiere algunas facultades extraordinarias o potestades.
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Infracción administrativa
La infracción administrativa es toda aquella conducta (acción u omisión) que vulnera lo establecido en la Ley sin llegar a considerarse un delito. Se establece de este modo una diferencia entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal.
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Sanción administrativa
La sanción administrativa es el modo que tienen las Administraciones Públicas de castigar una infracción administrativa. Se trata, por tanto, de una restricción de derechos o una multa aplicada como consecuencia de una conducta ilegal.