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Contratos del Sector Público

Ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público

El ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) abarca a las entidades que integran la Administración Local, incluyendo a los organismos dependientes y las Comunidades Autónomas.

Concepto de contratos del sector público

Se consideran contratos del sector público aquellos contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público. El hecho de que un contrato se considere como contrato del sector público supone el sometimiento a la LCSP.

Los contratos son de carácter oneroso siempre que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, directa o indirectamente.

Estarán sujetos a la aplicación de la ley todos aquellos contratos subvencionados por entidades que sean considerados como poderes adjudicadores, celebrados por otras personas físicas o jurídicas como está previsto en el artículo 23, en lo que se refiere a los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público

La Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) considera que forman parte del sector público:

  • AGE; Administraciones de las CCAA; Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las demás Entidades que integran la Administración local.
  • Gestoras y Servicios de la Seguridad Social.
  • Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes.
  • Consorcios referidos en la Ley 40/2015 o en la legislación aduanera.
  • Fundaciones públicas que:
    • Se constituyan con mayoría de entidades integradas en el sector público, o que reciban esa aportación con posterioridad a su constitución.
    • Aquellas cuyo patrimonio supere el 50% y esté integrado por bienes aportados o cedidos por sujetos del sector público.
    • Y aquellas donde la mayoría de votos en su patronato corresponda a representantes del sector público.
  • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Entidades Públicas Empresariales referidas en la Ley 40/2015 y cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada a un sujeto que pertenezca al sector público o que sea dependiente de él.
  • Sociedades mercantiles cuyo capital social sea superior al 50% o, no alcanzánolo, estén contempladas en el art. 5 LMV.
  • Fondos sin personalidad jurídica.
  • Entidades con personalidad jurídica propia sin carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que pertenezcan al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
  • Asociaciones entre entidades.
  • Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.

Los consorcios y otras entidades de derecho público no deben estar financiados mayoritariamente con ingresos del mercado, a menos que sean considerados productor de mercado, en conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

Poderes adjudicadores de la Ley de Contratos del Sector Público

Los poderes adjudicadores son entes competentes para adjudicar contratos del sector público. Se trata de un concepto comunitario, que señala a entidades:

  • De derecho público.
  • Dotadas de personalidad jurídica.
  • Financiadas mayoritariamente con fondos públicos.
  • Y cuyo objetivo es satisfacer necesidades de interés general.

Conforme al ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, son poderes adjudicadores:

  • Administraciones Públicas.
  • Fundaciones Públicas.
  • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Asociaciones constituidas entre las entidades.
  • Partidos políticos, en lo referido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos.
  • Sindicatos regulados en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.
  • Organizaciones empresariales y asociaciones profesionales referidas en la Ley 19/1977 sobre la regulación del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones o asociaciones que estuvieran vinculadas.
  • Los sujetos que estén obligados deberán crear reglas internas en materia de contratación adecuándose a la normativa comunitaria. Estas deberán ser informadas antes de su aprobación y tendrán que ser publicadas en sus respectivas páginas web.

Objetivo inspirador de la Ley de Contratos del Sector Público

El principal objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público, según se manifiesta claramente en su Preámbulo, es lograr una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación entre calidad y precio.

Los órganos de contratación deben velar para que el modelo de los criterios de adjudicación permita alcanzar obras, suministros y servicios de alta calidad. Específicamente se deberán incluir criterios de carácter cualitativo, medioambientales, sociales e innovadores, al procedimiento administrativo de adjudicación, vinculados directamente con el objeto del contrato.

Como se indica en el texto, el sistema legal de contratación pública establecido en la ley busca aclarar las normas vigentes para una mayor seguridad jurídica. Se intenta conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento de implementación de políticas europeas y nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la libre competencia.

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Ley de Contratos del Sector Público

El objetivo principal de la Ley de Contratos del Sector Público es la regulación del sector para poder garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad y a la transparencia de los procedimientos.

Asimismo, la ley regula la eficiente utilización de los fondos que serán destinados a las obras, a la adquisición de bienes o a la contratación de determinados servicios, salvaguardando la libre competencia y seleccionando a la oferta económicamente más ventajosa.

En todas las contrataciones públicas deben tenerse en cuenta criterios sociales y medioambientales que se vinculen directamente con el objeto del contrato. Se asegura de esta forma una relación mejorada entre la calidad y el precio.

La ley facilita, entre otras cosas, la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

Polémica reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

El Boletín Oficial del Estado publicó un decreto-ley el pasado 5 de febrero, donde figuran las modificaciones a la Ley de Contratos del Sector Público que han llamado la atención a prestigiosos juristas. El cambio en cuestión está centrado en la eliminación de un párrafo del artículo 118 de la ley, vinculado directamente con los contratos menores.

El director del Observatorio de la Contratación Pública, José María Gimeno Feliu ha calificado a esta reforma como un paso atrás en la lucha contra la corrupción. En cambio, Joaquín Sarrión, Investigador Ramón y Cajal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y experto en Derecho público, entiende que en el entorno universitario los umbrales se superaban fácilmente y no quedaba claro quién era la entidad contratante.

A modo de ejemplo y siguiendo el ámbito universitario, en las universidades se contratan servicios para publicar un libro y, si pasado un tiempo se quiere publicar otro, debe considerarse como un servicio diferente. No existe, por tanto, una situación en la que exista intencionalidad de fraccionar.

Objetivos de la Ley de Contratos del Sector Público

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, como estamos viendo, tiene como objetivo un sistema de contratación pública que ofrezca transparencia. Se trata de que la contratación pública sea más transparente y ofrezca la mejor relación entre calidad y precio.

Intenta potenciar aspectos de carácter social y medioambiental, y pretende evitar las ofertas demasiado bajas. Igualmente se trata de ir disminuyendo el entorno burocrático y administrativo, simplificando al máximo los trámites, inevitables en un procedimiento administrativo.

Alcance de la Ley de Contratos del Sector Público

Según se especifica claramente en el artículo 64, la aplicación de la ley es el instrumento idóneo contra las prácticas corruptas.

  • Se establecen mandatos a los órganos de contratación para que se establezcan las medidas adecuadas para la lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. Asimismo, tendrán que prevenir, detectar y solucionar cualquier conflicto de intereses que puedan surgir en los procedimientos de las licitaciones. Asimismo, la ley, en su artículo 71.1 inciso a, prohíbe la contratación a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos de corrupción.
  • Se actualiza el perfil del contratante agrupando información y documentos vinculados a su actividad contractual, asegurando transparencia en el acceso al sector público.
  • Desaparece el contrato de gestión de servicios públicos, que ahora deberán regularse mediante concesiones de servicios.
  • Se regulan a los contratos menores para evitar abusos en su utilización. Se exige el informe del órgano de la contratación con el informe de los motivos de la necesidad del contrato.
  • La adjudicación de los contratos mixtos es regulada en el artículo 18 de la ley atendiendo al carácter de la prestación principal, es decir, se aplican las normas del contrato a la prestación de valor más alto.
  • Se introducen medidas de contratación electrónica, prevista en la Ley de Contratos del Sector Público en sus 15a. Y 16a. disposiciones adicionales. Las notificaciones pueden realizarse mediante dirección electrónica o comparecencia electrónica; los procedimientos de adjudicación serán exclusivamente utilizando medios electrónicos y la presentación de ofertas y solicitudes de participación también deberán ser llevadas a cabo usando medios electrónicos.
  • Se suprime la nulidad, aunque se puede hacer valer mediante el recurso especial de las contrataciones, además del recurso especial en materia de contratación.

Modificación normativa

Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, algunas leyes han quedado modificadas:

  • Ley 8/1989, sobre el régimen jurídico de las tasas y los precios públicos.
  • Ley 37/1992, sobre el IVA.
  • Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Real Decreto 2/2004, refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Ley 37/2007, sobre la reutilización de la información del sector público.
  • Real Decreto 1/2013, refundido de la Ley General de Derechos de personas con discapacidad.
  • Ley 40/2015, sobre el régimen jurídico del Sector Público.