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Ley 39/2015

Artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la asistencia de la Administración a los interesados en el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Recordemos que estos medios pueden utilizarse en cualquier acto administrativo, pero no todas las personas tienen el acceso a los sistemas necesarios para emplearlos.

Redacción del artículo 12 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Explicación del art. 12 Ley 39/2015

El artículo 12 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la asistencia que las Administraciones Públicas deben prestar a todos los interesados a la hora de afrontar un procedimiento administrativo.

Se trata de un derecho de todos los ciudadanos, reconocido en el artículo 13.b) de la Ley 39/2015. No solo supone la puesta a disposición de canales, sistemas y aplicaciones sino también, en su caso, el acceso a los servicios de funcionarios que se dedican específicamente a identificar y recoger la firma del interesado.

Jurisprudencia en torno al art. 12 de la Ley 39/2015

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Artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula el uso de los sistemas de identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Para intervenir en un acto administrativo, el interesado puede emplear cualquiera de los medios admitidos en la Ley.

Redacción del artículo 11 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
2. Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

Explicación del art. 11 Ley 39/2015

El artículo 11 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la identificación y firma del interesado en el procedimiento administrativo. Además, destaca que la firma solo será necesaria para los siguientes actos:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

Jurisprudencia en torno al art. 11 de la Ley 39/2015

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Artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los sistemas de firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Esta permite la utilización de sistemas de firma electrónica y de clave concertada a la hora de intervenir en un acto administrativo.

Redacción del artículo 10 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c).
3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.
5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Explicación del art. 10 Ley 39/2015

El artículo 10 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los sistemas de firma electrónica del interesado admitidos en el procedimiento administrativo. Estos sistemas pueden estar basados en certificados de firma o sello emitidos por prestadores de servicios de certificación o en claves concertadas.

En cualquier caso, el sistema de clave concertada es accesorio. De modo que en ningún caso será necesario, y las Administraciones que lo utilicen deben garantizar la posibilidad de identificarse mediante un sistema de firma o sello electrónico.

Los sistemas de firma electrónica deben permitr la acreditación de:

  • Autenticidad de la expresión de voluntad y consentimiento.
  • Integridad e inalterabilidad del documento.

Utilizados estos sistemas, se entenderá acreditada la identidad del interesado. De modo que el sistema de firma electrónica prevalece sobre el de identificación regulado en el art. 9 LPACAP.

Jurisprudencia en torno al art. 10 de la Ley 39/2015

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Artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento administrativo. Esta permite la utilización de sistemas electrónicos y de clave concertada a la hora de intervenir en un acto administrativo.

Redacción del artículo 9 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La autorización habrá de ser emitida en el plazo máximo de tres meses. Sin perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo, la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que tiene efectos desestimatorios.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

Explicación del art. 9 Ley 39/2015

El artículo 9 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los sistemas de identificación del interesado admitidos en el procedimiento administrativo. Estos sistemas pueden estar basados en certificados de firma o sello emitidos por prestadores de servicios de certificación o en claves concertadas.

En cualquier caso, el sistema de clave concertada es accesorio. De modo que en ningún caso será necesario, y las Administraciones que lo utilicen deben garantizar la posibilidad de identificarse mediante un sistema de firma o sello electrónico.

Si la Administración General del Estado acepta un sistema de identificación, el resto de las Administraciones Públicas deben aceptarlo también.

Jurisprudencia en torno al art. 9 de la Ley 39/2015

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Artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la intervención mediante representante en el procedimiento administrativo. De este modo podemos delegar en una persona con capacidad de obrar las actuaciones que debamos realizar en el seno de uno o varios procedimientos.

Redacción del artículo 5 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 5. Representación.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

Explicación del art. 5 Ley 39/2015

El artículo 5 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la representación mediante representación en el procedimiento administrativo. Esta forma de actuar nos permite delegar en nuestro representante la participación en ciertos actos administrativos. Así, podremos autorizarle para:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones y renunciar a derechos.
  • Realizar otros actos de trámite y gestiones. Este es el único caso en el que no se exigirá que el representante acredite su poder.

Los actos realizados por el representante quedarán registrados en el expediente. Además, la falta o insuficiencia de autorización puede ser subsanada en el plazo de 10 días.

Jurisprudencia en torno al art. 5 de la Ley 39/2015

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Artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los Registros Electrónicos de Apoderamientos. Estos recursos facilitan la representación en el procedimiento administrativo en curso. Nos permiten conceder el apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica. Además, permiten que nuestro representante se acredite digitalmente.

Redacción del artículo 6 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.
En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
2. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.
c) Fecha de inscripción.
d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.
4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
(Párrafo anulado)
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.
5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.

Explicación del art. 6 Ley 39/2015

El artículo 6 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula los Registros Electrónicos de Apoderamientos. Se establece:

  • Un Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado para el ámbito estatal. Se puede acceder desde este enlace.
  • Registros Electrónicos de Apoderamientos a nivel autonómico y local.
  • La interoperabilidad e interconexión entre todos los Registros Electrónicos Administrativos.
  • El contenido mínimo de los asientos.
  • Los tipos de apoderamientos que se pueden otorgar. Se permite el apoderamiento apud acta mediante comparecencia digital. Estos poderes tienen un plazo máximo de 5 años y deben determinar si son:
    • Poderes generales. Se emplean para todos los actos administrativos frente a todas las Administraciones Públicas.
    • Poderes para actuar frente a una Administración u Organismo concreto.
    • O poderes para realizar uno o varios trámites determinados.

Jurisprudencia en torno al art. 6 de la Ley 39/2015

  • La STC 55/2018 declaró inconstitucional y nulo el segundo párrafo del apartado 4. Se evitó de este modo que el Estado invadiera competencias autonómicas.

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Artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común permite que puedan introducirse nuevos interesados en la tramitación de un procedimiento administrativo en curso. Esta norma entra en juego cuando el procedimiento no haya tenido publicidad y, sin embargo, el acto administrativo resultante pueda afectar a terceros.

Redacción del artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Explicación del art. 8 Ley 39/2015

El artículo 8 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que cuando un procedimiento administrativo en curso pueda afectar a terceros inadvertidos, estos serán notificados para que puedan personarse.

Debemos interpretar este artículo en conjunción con el artículo 18 de la misma norma, que determina que todas las personas tienen el deber de colaborar con la Administración. Tal colaboración incluye la identificación de otros interesados cuando no hayan comparecido en el procedimiento.

Por supuesto, este deber de colaboración decae siempre que pueda afectar:

  • Al honor del interesado no personado.
  • A su intimidad personal o familiar.
  • O a sus derechos de protección de datos de carácter personal, conforme al RGPD y la LOPDGDD.

Jurisprudencia en torno al art. 8 de la Ley 39/2015

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Artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la participación simultánea de una pluralidad de interesados en el mismo procedimiento administrativo. De este modo, la norma abre la posibilidad de que varios interesados defiendan sus derechos e intereses en la misma solicitud, escrito o comunicación.

Redacción del artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 7. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Explicación del art. 7 Ley 39/2015

El artículo 7 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite la participación colectiva en un procedimiento administrativo. Básicamente, el conjunto de interesados puede presentar una única solicitud, escrito o comunicación, si bien deberán señalar con quién debe entenderse la Administración. En caso contrario lo hará con el primero que figure.

Jurisprudencia en torno al art. 7 de la Ley 39/2015

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Artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula el concepto de interesado en el procedimiento administrativo. Se trata de un concepto amplio, ya que no solo afecta a quien inicia el procedimiento o es objeto del mismo, sino a cualquiera cuyos derechos e intereses (incluso colectivos) puedan resultar afectados.

Redacción del artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 4. Concepto de interesado.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Explicación del art. 4 Ley 39/2015

El artículo 4 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el concepto de interesado en el procedimiento administrativo. Este incluye:

  • A quien promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos.
  • También a quien tenga derechos que puedan resultar afectados por el acto administrativo final.
  • Y a quienes, pudiendo resultar afectados, se personen en el procedimiento.

Además, pueden tener la condición de interesados las asociaciones y organizaciones que representen intereses económicos y sociales, así como los herederos de otros interesados.

Jurisprudencia en torno al art. 4 de la Ley 39/2015

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Artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. En este sentido, nuestra Ley de procedimiento administrativo reconoce un amplio campo para la capacidad de obrar. Y es que no solo permite que los menores defiendan sus propios derechos e intereses en ocasiones. También abre la puerta a grupos de afectados, uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes.

Redacción del artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 3. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Explicación del art. 3 Ley 39/2015

El artículo 3 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Concede esta capacidad a:

  • Personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar.
  • Menores de edad, en cuanto no necesiten la asistencia de sus padres, tutores o curadores.
  • Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, así como patrimonios independientes o autónomos.

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