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Ley 39/2015

Artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común se ocupa del ámbito de la Ley. Para ello realiza una útil categorización entre el Sector Público y las Administraciones Públicas.

Esta categorización se rescatará por otras normas del ordenamiento jurídico. Principalmente sirve para conocer el nivel de sujeción de cada uno de los sujetos de Derecho Público a la norma.

Redacción del artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.
4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Explicación del art. 2 Ley 39/2015

El artículo 2 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el ámbito de aplicación de la ley. Es decir, indica quién está vinculado por la norma, diferenciando entre:

  • Administraciones Públicas. Integran:
    • Administración General del Estado.
    • Administraciones de las Comunidades Autónomas.
    • Entidades que integran la Administración Local.
    • Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculadas a Administraciones Públicas o dependientes de ellas.
  • Corporaciones de Derecho Público. Integran:
    • Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se vinculan a la Ley 39/2015 cuando específicamente se refiera a ellas. En todo caso, les será de aplicación cuando ejerzan potestades administrativas.
    • Universidades públicas, que aunque se rigen por su normativa específica, la Ley 39/2015 les resulta de aplicación supletoria.

Tanto las Administraciones Públicas como las Corporaciones de Derecho Público integran el Sector Público.

Jurisprudencia en torno al art. 2 de la Ley 39/2015

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Otros recursos relacionados con el artículo 2 Ley 39/2015

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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

A continuación recogemos la estructura de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Posteriormente encontrarás recursos de utilidad, como artículos explicativos, comentarios a la Ley o Sentencias relevantes.

Esta versión ha sido extraída del BOE. Si quieres consultar la página a la que corresponde, sigue este enlace.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento

CAPÍTULO I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado

CAPÍTULO II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I. Normas generales de actuación

  • Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
  • Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
  • Artículo 16. Registros.
  • Artículo 17. Archivo de documentos.
  • Artículo 18. Colaboración de las personas.
  • Artículo 19. Comparecencia de las personas.
  • Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.
  • Artículo 21. Obligación de resolver.
  • Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.
  • Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.
  • Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
  • Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
  • Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
  • Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.
  • Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

CAPÍTULO II. Términos y plazos

  • Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos.
  • Artículo 30. Cómputo de plazos.
  • Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros.
  • Artículo 32. Ampliación.
  • Artículo 33. Tramitación de urgencia.

TÍTULO III. De los actos administrativos

CAPÍTULO I. Requisitos de los actos administrativos

  • Artículo 34. Producción y contenido.
  • Artículo 35. Motivación.
  • Artículo 36. Forma.

CAPÍTULO II. Eficacia de los actos

  • Artículo 37. Inderogabilidad singular.
  • Artículo 38. Ejecutividad.
  • Artículo 39. Efectos.
  • Artículo 40. Notificación.
  • Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
  • Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.
  • Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
  • Artículo 44. Notificación infructuosa.
  • Artículo 45. Publicación.
  • Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones.

CAPÍTULO III. Nulidad y anulabilidad

  • Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
  • Artículo 48. Anulabilidad.
  • Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.
  • Artículo 50. Conversión de actos viciados.
  • Artículo 51. Conservación de actos y trámites.
  • Artículo 52. Convalidación.

TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

CAPÍTULO I. Garantías del procedimiento

  • Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

CAPÍTULO II. Iniciación del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 54. Clases de iniciación.
  • Artículo 55. Información y actuaciones previas.
  • Artículo 56. Medidas provisionales.
  • Artículo 57. Acumulación.

Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración

  • Artículo 58. Iniciación de oficio.
  • Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.
  • Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.
  • Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.
  • Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.
  • Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
  • Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
  • Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado

  • Artículo 66. Solicitudes de iniciación.
  • Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
  • Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.
  • Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.

CAPÍTULO III. Ordenación del procedimiento

  • Artículo 70. Expediente Administrativo.
  • Artículo 71. Impulso.
  • Artículo 72. Concentración de trámites.
  • Artículo 73. Cumplimiento de trámites.
  • Artículo 74. Cuestiones incidentales.

CAPÍTULO IV. Instrucción del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 75. Actos de instrucción.
  • Artículo 76. Alegaciones.

Sección 2.ª Prueba

  • Artículo 77. Medios y período de prueba.
  • Artículo 78. Práctica de prueba.

Sección 3.ª Informes

  • Artículo 79. Petición.
  • Artículo 80. Emisión de informes.
  • Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 4.ª Participación de los interesados

  • Artículo 82. Trámite de audiencia.
  • Artículo 83. Información pública.

CAPÍTULO V. Finalización del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 84. Terminación.
  • Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.
  • Artículo 86. Terminación convencional.

Sección 2.ª Resolución

  • Artículo 87. Actuaciones complementarias.
  • Artículo 88. Contenido.
  • Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
  • Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
  • Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
  • Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 3.ª Desistimiento y renuncia

  • Artículo 93. Desistimiento por la Administración.
  • Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados.

Sección 4.ª Caducidad

  • Artículo 95. Requisitos y efectos.

CAPÍTULO VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

  • Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

CAPÍTULO VII. Ejecución

  • Artículo 97. Título.
  • Artículo 98. Ejecutoriedad.
  • Artículo 99. Ejecución forzosa.
  • Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.
  • Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.
  • Artículo 102. Ejecución subsidiaria.
  • Artículo 103. Multa coercitiva.
  • Artículo 104. Compulsión sobre las personas.
  • Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.

TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa

CAPÍTULO I. Revisión de oficio

  • Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.
  • Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.
  • Artículo 108. Suspensión.
  • Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
  • Artículo 110. Límites de la revisión.
  • Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado.

CAPÍTULO II. Recursos administrativos

Sección 1.ª Principios generales

  • Artículo 112. Objeto y clases.
  • Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.
  • Artículo 114. Fin de la vía administrativa.
  • Artículo 115. Interposición de recurso.
  • Artículo 116. Causas de inadmisión.
  • Artículo 117. Suspensión de la ejecución.
  • Artículo 118. Audiencia de los interesados.
  • Artículo 119. Resolución.
  • Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos.

Sección 2.ª Recurso de alzada

  • Artículo 121. Objeto.
  • Artículo 122. Plazos.

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición

  • Artículo 123. Objeto y naturaleza.
  • Artículo 124. Plazos.

Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión

  • Artículo 125. Objeto y plazos.
  • Artículo 126. Resolución.

TÍTULO VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

  • Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley.
  • Artículo 128. Potestad reglamentaria.
  • Artículo 129. Principios de buena regulación.
  • Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación.
  • Artículo 131. Publicidad de las normas.
  • Artículo 132. Planificación normativa.
  • Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

Disposiciones adicionales

  • Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia.
  • Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
  • Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
  • Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
  • Disposición adicional sexta. Sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9.2 c) y 10.2 c).

Disposiciones transitorias

  • Disposición transitoria primera. Archivo de documentos.
  • Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.
  • Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.
  • Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.
  • Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Disposiciones derogatorias

  • Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposiciones finales

  • Disposición final primera. Título competencial.
  • Disposición final segunda. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
  • Disposición final tercera. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  • Disposición final cuarta. Referencias normativas.
  • Disposición final quinta. Adaptación normativa.
  • Disposición final sexta. Desarrollo normativo de la Ley.
  • Disposición final séptima. Entrada en vigor.

Artículos de comentario de la Ley 39/2015

A continuación incluimos algunos de los artículos que hemos dedicado a comentar la Ley 39/2015 en nuestro blog:

Disposiciones generales

Última revisión: 15 de mayo de 2020.

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Artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común se ocupa del objeto de la Ley. Recordemos que, a tenor del artículo 105.c) de la Constitución Española, el procedimiento administrativo debe estar regulado en la ley. Precisamente es esta norma, la Ley 39/2015, la que se encarga de esta regulación.

Redacción del artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Explicación del art. 1 Ley 39/2015

El artículo 1 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el objeto de la ley. Este no es otro que determinar:

Por supuesto, esta norma actúa de forma subsidiaria a aquellas que puedan regular cada procedimiento específico. Sin embargo, existen ciertas reservas:

  • Para modificar los trámites del procedimiento administrativo determinado por esta norma es necesario aprobar una Ley. Es decir, se respeta la reserva de Ley establecida en la Constitución.
  • Sin embargo, los reglamentos podrán utilizarse para regular particularidades de un procedimiento determinado, siempre que se ciñan a:
    • Órganos competentes.
    • Plazos del procedimiento.
    • Formas de iniciación y terminación.
    • Publicación.
    • Informes a recabar.

Jurisprudencia en torno al art. 1 de la Ley 39/2015

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Otros recursos relacionados con el artículo 1 Ley 39/2015