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Resolución de los procedimientos administrativos

La Administración está obligada a tramitar el procedimiento administrativo hasta su resolución. Una vez concluido, debe notificar esta resolución al ciudadano.

Pero, ¿qué ocurre cuando no lo hace? ¿siempre tiene esta obligación?

¿Está la administración obligada resolver sus procedimientos?

Sí. La Administración siempre debe tramitar y resolver sus procedimientos. De hecho, los titulares de las unidades administrativas y su propio personal son personalmente responsables de estas obligaciones.

Esto supone que deben tomar medidas para facilitar y agilizar la tramitación del procedimiento y el pleno ejercicio de los derechos de los interesados. En otro caso, el artículo 20.2 de la Ley 39/2015 habilita los interesados para exigir la responsabilidad de la Administración Pública actualmente.

Respecto a la resolución, todas las administraciones públicas están obligadas a dictar resolución expresa en cualquier procedimiento, así como notificar su resolución a los interesados.

Incluso en los casos de prescripción, de renuncia de derecho, de caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la Administración debe resolver declarando esta circunstancia.

El único caso en que se podrá prescindir de la resolución es aquel en que el procedimiento terminé por pacto o convenio. Lo cual es razonable si tenemos en cuenta que el interesado ha participado en el propio acto administrativo de terminación del procedimiento administrativo.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver en el procedimiento administrativo?

El plazo máximo, no ya para resolver, sino para notificar la resolución de cualquier procedimiento administrativo es de 6 meses, salvo que una ley o norma de derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

Esto significa que, aunque sea la norma de cada procedimiento la encargada de determinar el plazo para resolver y notificar, en ningún caso podrá exceder los 6 meses.

Si la norma particular del procedimiento no establecerá un plazo concreto, se aplicará de modo subsidiario un plazo máximo de 3 meses. Además, este plazo máximo de tres meses comenzará a contar:

  • Si el procedimiento se inicia de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  • Cuando se iniciará a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud entrada en el registro de la administración u organismo competente.

Aunque estos son normas generales, las Administraciones Públicas están obligadas a mantener en su portal web tanto las relaciones de procedimientos de su competencia como los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. De modo que basta con realizar una consulta para saber si las reglas generales son aplicables al caso concreto.

Además, en todas las notificaciones que reciban los interesados se les informará del plazo máximo para la resolución del procedimiento y de los efectos que pudiera generar el silencio administrativo.

¿Qué ocurre si la administración no resuelve dentro del plazo?

Al margen de la responsabilidad que pudiéramos exigir a la unidad encargada de resolver, cuando la administración no resuelve dentro del plazo legalmente establecido se producirá el silencio administrativo. El silencio administrativo equivale a una resolución favorable o desfavorable (depende del caso) tácita.

Para más información sobre los efectos del silencio administrativo, te recomendamos la lectura de nuestro artículo sobre la materia. En cualquier caso, como ya hemos indicado, los efectos concretos del silencio administrativo en cada procedimiento se consignarán tanto en la página web de la Administración actuante con las notificaciones que está dirigen interesado.

¿Se pueden modificar los plazos de resolución de los procedimientos administrativos?

Sí. La Ley 39/2015 incluye dos herramientas que nos permiten modificar los plazos de resolución de los procedimientos administrativos. Se trata de la ampliación y de la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar. Cómo disponemos de dos artículos centrados en estas cuestiones, te recomendamos su lectura si quieres ampliar información. 

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Participación, audiencia e información pública en el procedimiento administrativo

La participación en el procedimiento administrativo es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. Especialmente en los trámites de audiencia e información pública.

Este derecho está regulado en la Ley 39/2015, de donde extraemos toda la información que hemos articulado en este texto para que conozcas cómo intervenimos los interesados en los procedimientos administrativos.

La participación de las personas en el procedimiento administrativo

Las personas no solo tienen derecho a participar en los procedimientos administrativos, sino que en algunas ocasiones estarán obligadas a hacerlo.

En general, todas las personas deben colaborar con la administración, lo que incluye facilitarles:

  • Informes.
  • Inspecciones.
  • Otros actos de investigación para el ejercicio de sus competencias.

Los límites a esta colaboración están en el respeto al honor, la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Tales límites solo pueden ser rebasados con el objeto de prestar servicios relacionados con la salud, la defensa, o la prevención y persecución del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.

¿Debo identificar a otros interesados en el procedimiento?

Sí. El artículo 18.2 de la ley 39/2015 determina que todos los interesados en el procedimiento administrativo que conozcan a otros interesados que no hayan comparecido tendrán que identificarlos ante la Administración actuante.

¿Puedo negarme a que las autoridades entren en mi casa?

Sí. En estos casos rige el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio. De modo que siempre que las inspecciones de la administración requieran la entrada en el domicilio y en otros lugares exijan autorización del titular, decaerá el deber de colaboración, salvo que la autoridad lleve una orden judicial.

Cómo comparecer ante la Administración

La comparecencia de las administraciones públicas es obligatoria siempre que lo determine la ley. Los reglamentos no pueden obligar a las personas a tener que comparecer ante las oficinas públicas.

En cualquier caso, la comparecencia puede producirse de forma presencial o telemática, mediante medios electrónicos que permitan la identificación del interesado o la constatación de su voluntad (es decir, medios de firma o sello electrónico).

Siempre que la ley habilite a la Administración para exigir la comparecencia del interesado, esta deberá enviarle una citación. En ella constarán:

  • Lugar de comparecencia.
  • Fecha y hora.
  • Medios disponibles (por ejemplo, en caso de que se pueda realizar la comparecencia por vía electrónica).
  • Objeto de la comparecencia.
  • Consecuencias jurídicas de negarse a comparecer.

Como interesado, debes saber que tienes el derecho a exigir de la Administración una certificación acreditativa de tu comparecencia siempre que te hayan citado. Es recomendable que lo hagas.

No solo servirá como justificante, por ejemplo, de una ausencia laboral, sino que también podría ayudarte en caso de que posteriormente tengas que presentar recursos o iniciar acciones judiciales.

El trámite de audiencia

Uno de los trámites más importantes mediante los que se participa en el procedimiento administrativo es el trámite de audiencia. Este trámite tiene relevancia constitucional y se regula en el artículo 82 de la LPACAP.

Se inicia una vez se haya instruido el procedimiento y antes de recabar la propuesta de resolución. Para poder realizarse deben ponerse de manifiesto el interesado o su representante las actuaciones realizadas.

Los interesados podrán presentar alegaciones y aquellos documentos y justificaciones que entiendan convenientes en un plazo que oscila entre los 10 y los 15 días, salvo que se trata de un procedimiento especial que tenga platos propios. También podrá manifestar que no va a realizar alegaciones para que se tenga por realizado el trámite.

El trámite de audiencia solo puede faltar en aquellos procedimientos aunque no vayan a tenerse en cuenta más hechos, alegaciones y pruebas que las que el interesado haya aportado. Evidentemente, en estos casos no es necesario volver a oír al interesado, ya que todo el procedimiento se tramitará conforme a lo que previamente haya manifestado.

La audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

Cuando el procedimiento sea de responsabilidad patrimonial (es decir, trate de reclamar una indemnización al Estado), siempre se debe dar audiencia al contratista. Este podrá personarse por sí mismo o mediante representante para exponer lo que le convenga y proponer los medios de prueba que estime necesarios.

El trámite de información pública

En determinados casos resulta más eficiente gestionar un trámite de información pública y audiencia. La diferencia entre uno y otro es que la información pública está destinada a múltiples interesados y la audiencia solo a uno.

Por tanto, el trámite de información pública se acordará siempre que la naturaleza del procedimiento lo requiera, mediante acuerdo del órgano competente para la resolución.

El trámite se realizará del siguiente modo:

  1. Se publicará un anuncio en el Diario Oficial para que todas las personas físicas y jurídicas interesadas puedan examinar expediente, completa o parcialmente.
  2. Posteriormente, los comparecientes podrán presentar alegaciones u observaciones respecto a las cuales tienen derecho a recibir una respuesta razonada. Es importante destacar que:
    1. La comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado en el procedimiento administrativo.
    2. Mientras que la incomparecencia tampoco impide al interesado interponer un recurso contra la resolución definitiva siempre que sea necesario. 
    3. El plazo mínimo para presentar alegaciones durante el trámite de información pública es de 20 días.
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Registro electrónico en la Administración Pública: cómo y cuando usarlo

Todas las Administraciones Públicas disponen de un Registro Electrónico General donde se inscriben los documentos que haya recibido cualquiera de sus órganos, organismos o entidades vinculados o dependientes. También suelen constar los documentos oficiales que estos remitan a los interesados, si bien esta inscripción no es obligatoria.

Cualquier organismo público vinculado o dependiente puede disponer de su propio registro siempre que esté interconectado con el Registro Electrónico General de la administración de la que dependa. Este debe funcionar como un portal que facilite el acceso al resto de registros electrónicos.

En la sede electrónica que permita acceder a estos podremos encontrar la relación actualizada de los trámites que podamos iniciar online.

Orden de inscripción de los registros electrónicos

Las inscripciones en los registros electrónicos se realizan por orden de recepción o salida. Además, siempre constará la fecha y hora en que se produce la operación. De este modo se podrá certificar si se ha realizado o no la comunicación y en qué momento se ha hecho.

Además del momento de inscripción, también deben constar:

  • Identificación del órgano administrativo y del interesado.
  • Referencia al contenido del documento.
  • Número de entrada del registro.

Toda esta información se entregará en un recibo que el interesado puede utilizar en sus posteriores actuaciones administrativas. Por ejemplo, necesitaremos conservarlo para presentar recursos administrativos o hacer un seguimiento del trámite.

Dónde se pueden presentar los documentos para la Administración

Podemos remitir los documentos dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas en el registro electrónico de la propia Administración. También podemos utilizar los registros electrónicos de otras administraciones, así como:

  • Oficinas de correos.
  • Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  • Oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Y otros registros legalmente.

Precisamente por ello es importante que los registros serán interoperables. De este modo se garantiza la transmisión instantánea de la información y la recepción del documento en el registro de destino.

¿Son obligatorios los registros electrónicos?

Los registros electrónicos no son obligatorios para los interesados, aunque algunos de ellos estarán obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas por esta vía. Para más información os remitimos a nuestro artículo sobre los derechos frente a las administraciones públicas.

En cualquier caso, las administraciones si deben utilizar la operativa digital. En el caso de gestionar documentación física tendrán que digitalizar la, incorporándola posteriormente expediente administrativo electrónico.

Si esta documentación corresponde al interesado, se la tendrán que devolver. Así que la Administración no debería quedarse con ningún documento original.

¿Cuándo pueden obligarme a utilizar registros electrónicos?

En general, están obligados a utilizar los registros electrónicos:

  • Personas jurídicas.
  • Entidades sin personalidad jurídica.
  • Profesionales colegiados.
  • Empleado en las actuaciones por razón de su empleo.
  • Y aquellos representantes de cualquiera de los anteriores.

Pese a ello, las administraciones pueden determinar reglamentariamente la obligación de presentar algunos documentos por medios electrónicos. Para ello deben señalar qué procedimientos y colectivos quedan afectados, sin que se pueda obligar a utilizar estas vías a aquellas personas que no tengan acceso a los medios electrónicos necesarios.

¿Cómo funciona el archivo de documentos?

Además de su registro electrónico, todas las Administraciones Públicas disponen de un archivo electrónico único. En este se registran todos los procedimientos administrativos finalizados.

El archivo electrónico sirve para garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. También facilitarán su consulta, lo que los convierte en un instrumento muy útil en caso de controversia jurídica o cuando necesitamos rescatarlos para documentar otros actos administrativos.

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Los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015 recoge un catálogo de derechos que asisten a todas las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Presta especial atención a la cuestión lingüística, protegida desde el texto constitucional. Pero también establece situaciones en que los interesados en el procedimiento administrativo deberá relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración

A tenor del artículo 105 de la Constitución, la actuación de las administraciones públicas debe canalizarse por medio de un procedimiento administrativo legalmente regulado. Esto significa que siempre que queramos relacionarnos con las Administraciones Públicas tendremos que someternos al procedimiento administrativo común.

Este procedimiento se regula en la Ley 39/2015, que dedica sus artículos 13, 14 y quince a detallar nuestra carta de derechos, qué incluye:

  • Derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico. Puedes consultarlo a través de este enlace.
  • Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en nuestro artículo sobre la firma digital y la identificación ante las Administraciones Públicas.
  • Derecho a utilizar las lenguas oficiales del territorio de la Comunidad Autónoma. Sobre esta cuestión profundizaremos más adelante.
  • Derecho de acceso a la información pública, archivos y registros. Este derecho tiene protección constitucional y se desarrolla en la Ley 19/2013, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
  • Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. En este sentido debemos destacar los empleados públicos debe facilitarnos el ejercicio de nuestros derechos, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones.
  • Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y sus autoridades. Hablamos tanto de la responsabilidad patrimonial del Estado como, en su caso, de la responsabilidad disciplinaria.
  • Derecho a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica. De nuevo te remitimos a nuestro artículo sobre la materia si quieres ampliar información.
  • Derecho a la protección de datos de carácter personal. En este sentido conviene recordar que las administraciones públicas quedan sometidas al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Cualquier otro derecho reconocido en la Constitución y en las leyes.

Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo

La carta de derechos de la que hemos hablado asiste a toda aquella persona que se relacione con la administración. Sin embargo, existe una categoría de personas que tiene una serie de derechos específicos.

Nos referimos a los interesados en el procedimiento administrativo, que son todas aquellas personas que participan en el procedimiento o que pueden resultar afectadas por su resolución. Estas personas tienen derecho a:

  • Conocer en cualquier momento:
    • Estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
    • Sentido del silencio administrativo en caso de que la administración no dicte y/o notifíquese esta resolución dentro del plazo correspondiente.
    • Órgano competente para la instrucción del procedimiento, así como para su resolución.
    • Actos de trámite dictados en la tramitación del procedimiento.
  • Obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos en que tengan la condición de interesados.
  • Relacionarse con las Administraciones Públicas por medio del punto de acceso general electrónico.
  • Identificar a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten ante el procedimiento en el que tengan la condición de interesados.
  • No presentar documentos originales ni aquellos datos y documentos no exigidos por las normas o que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o hayan elaborado ellas mismas.
  • Formular alegaciones.
  • Utilizar todos los medios de prueba admitidos en derecho.
  • Aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Este derecho incluye que se tengan en cuenta los documentos aportados a la hora de redactar la propuesta de resolución.
  • Obtener información y orientación sobre requisitos jurídicos o técnicos de proyectos, actuación o solicitudes que vayan a realizar.
  • Actuar asistidos de asesor si lo consideran oportuno.
  • Cumplir sus obligaciones de pago por medios electrónicos.
  • Y cualquier otro derecho reconocido por la Constitución y las leyes.

En el caso de los procedimientos sancionadores se añade otra serie de derechos para el interesado que tratan de garantizar su derecho a una defensa efectiva:

  • Notificación de los hechos imputados y las infracciones que puedan constituir, así como de las sanciones fuese les pudieran imponer.
  • Identificación del instructor, pero autoridad competente para sancionar y de las normas competenciales.
  • Presunción de inocencia.

La relación electrónica con las Administraciones Públicas

Todas las personas físicas tienen derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Además, existen sujetos obligados a utilizar esta vía:

  • Personas jurídicas.
  • Entidades sin personalidad jurídica.
  • Profesionales colegiados.
  • Representantes de un interesado obligado a relacionarse con la administración de este modo.
  • Empleados de las Administraciones Públicas, para todos aquellos trámites que realicen por razón es condición de empleado público.

Al margen de estos supuestos, cabe la posibilidad de que las Administraciones Públicas establezcan la obligación de utilizar medios electrónicos para determinados procedimientos y ciertos colectivos. Deben seguirse criterios proporcionales y objetivos, como la capacidad económica, técnica, dedicación profesional y otros motivos que acrediten que disponen de acceso a los medios electrónicos necesarios.

¿Qué lengua se utiliza en los procedimientos administrativos?

En general, la lengua utilizada en los procedimientos administrativos es el castellano. Así ocurre, al menos, con la Administración General del Estado.

Sin embargo, cualquier interesado puede dirigirse a la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma en la lengua cooficial autonómica.

Si lo hicieran, el resto del procedimiento se tramitara en la lengua que el interesado haya solicitado. En caso de pluralidad de interesados y discrepancia en esta cuestión se utilizará el castellano.

La legislación autonómica debe tenerse en consideración en este aspecto. Por tanto, nada impide que las administraciones de las Comunidades Autónomas y entidades locales hagan uso de sus lenguas cooficiales por defecto.

Sin embargo, la Administración deberá traducir al castellano los documentos y expedientes dirigidos a los interesados, siempre que lo soliciten expresamente y vayan a surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

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Firma electrónica e identificación ante las Administraciones Públicas

La firma electrónica ha supuesto una de las novedades de la Ley 39/2015. En su intento de digitalizar las Administraciones Públicas, esta norma ha introducido sistemas de identificación y firma por medios electrónicos.

En algunos casos podemos estar obligados a utilizar este tipo de sistemas digitales. Ante el resto de situaciones podremos solicitar ayuda a los funcionarios encargados de esta materia.

A continuación se analiza la regulación actual de la firma electrónica y los sistemas de identificación ante las Administraciones Públicas

¿Cómo funciona la firma electrónica en el procedimiento administrativo?

Las administraciones públicas están obligadas a comprobar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. Para ello tienen que comprobar su nombre y apellidos (razón social en el caso de las empresas y entidades) en el DNI o en un documento equivalente.

Actualmente podemos identificarnos de forma electrónica. Para ello podemos utilizar certificados digitales, así como sistemas de clave concertada.

Debemos destacar que si la Administración General del Estado acepta alguno de estos sistemas, este resultará válido ante cualquier administración pública.

Tipos de identificación electrónica aceptados por las Administraciones Públicas

 la LPACAP determina que son válidos para identificarse ante las Administraciones Públicas los siguientes sistemas:

  • Certificado electrónico cualificado de firma electrónica. Debe estar expedido por prestadores de servicios de certificación incluidos en una lista de confianza.
  • Certificado electrónico cualificado de sello electrónico. Lo expiden las mismas entidades.
  • Clave concertada u otros sistemas que las administraciones hayan predeterminado. Requieren un registro previo del usuario, donde podamos garantizar nuestra identidad.

En todo caso, los sistemas de clave concertada se entienden como accesorios. Esto significa que siempre estarán disponibles, al menos, los sistemas de firma o sello electrónico.

Los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

Para que el sistema de firma sea válido para identificarnos basta con que el medio permita acreditar la autenticidad de nuestro consentimiento y la expresión de nuestra voluntad. A fin de cuentas el sistema de firma electrónica sustituye la firma tradicional.

Precisamente por ello se complementan los sistemas de firma con casillas de verificación y con la comprobación de códigos tipo PIN.

Los sistemas de firma que podemos utilizar en el procedimiento administrativo son idénticos a los sistemas de identificación aceptados y se rigen prácticamente por las mismas normas.

Cuándo debo utilizar la firma digital

El uso de una firma, sea autográfica o digital, solo es obligatorio para realizar determinadas actuaciones frente a las Administraciones Públicas. En particular:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

Si has consultado nuestro artículo sobre la actuación mediante representante, comprobarás que los casos en los que se nos pide identificarnos y firmar son idénticos a los casos en los que se requiere acreditar la representación.

Esto se debe a que son actos administrativos que pueden perjudicar nuestros derechos legítimos e intereses subjetivos. Precisamente por ello las administraciones públicas deben velar por garantizar nuestra identidad y que estamos convencidos de la voluntad que estamos comunicando.

¿Puedo solicitar ayuda si no sé utilizar medios electrónicos?

Cada vez más trámites se deben realizar obligatoriamente por medios electrónicos. Precisamente por ello, las administraciones públicas están obligadas a facilitar a los interesados canales de acceso, sistemas, aplicaciones y otros recursos auxiliares.

También existen funcionarios públicos encargados específicamente de identificar a los interesados en el procedimiento administrativo cuando no disponen de los medios electrónicos necesarios. Para ello bastará con que el interesado se identifique ante el funcionario y haga constar su voluntad por escrito, por si en el futuro existe algún conflicto.

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Apoderamiento apud acta y registro electrónico de apoderamientos

El apoderamiento apud acta es un acto que nos permite señalar a una persona para actuar en nuestro nombre frente a las administraciones públicas. Desde que comenzó digitalizarse el sector público podemos otorgar apoderamiento apud acta por medio del registro electrónico de apoderamientos.

Esta funcionalidad ha agilizado el procedimiento y ha reducido costes y tiempos de tramitación.

En nuestro artículo de hoy vamos a analizar la regulación de la actuación mediante representación, los modos de otorgar y registrar poderes y los casos en que se puede actuar en nombre de un tercero o en los que se puede anular está actuación.

¿Qué es la actuación mediante representación?

Los interesados en el procedimiento administrativo pueden actuar por sí mismos o por medio de representantes. El representante es la persona que asume la relación con la administración para que su representado no tenga que hacerlo.

Todos los interesados con capacidad de obrar pueden actuar en el procedimiento administrativo por medio de representante. A su vez, pueden representar a otras personas:

  • Las personas físicas con capacidad de obrar.
  • Y aquellas personas jurídicas que hayan previsto en sus estatutos esta posibilidad.

¿Es necesario acreditar la representación?

La representación solo deberá acreditarse en determinadas actuaciones. Así, se presume en los actos y gestiones de mero trámite. Pero deberá presentarse el apoderamiento cuando se vaya a realizar alguna de las siguientes actuaciones:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

¿Cómo se acredita la representación?

El registro electrónico de apoderamientos ha facilitado la acreditación de la representación. De hecho, actualmente se puede otorgar el apoderamiento apud acta y acreditarlo mediante medios digitales.

El apoderamiento apud acta y el registro electrónico

Para acreditar la representación es válido el apoderamiento apud acta realizado mediante comparecencia personal o electrónica, así como la inscripción del apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

Apoderamiento apud acta

Llamamos apoderamiento apud acta aquel que se produce mediante comparecencia. Tradicionalmente, para acreditar que alguien actúa en nuestra representación se le tenía que conceder un poder notarial.

La alternativa siempre ha sido el apoderamiento apud acta. Básicamente consistía en personarse ante el organismo competente junto al representante y manifestar que esa persona iba a actuar en nuestro nombre.

Actualmente podemos otorgar el apoderamiento apud acta por medio de comparecencia electrónica, lo que resulta mucho más sencillo, rápido y económico. Para otorgar el apoderamiento apud acta medios electrónicos basta con la comparecencia electrónica y la utilización de los sistemas de firma electrónica que admite la Ley 39/2015. También se puede otorgar el apoderamiento apud acta mediante comparecencia personal en las oficinas destinadas a la asistencia al interesado en materia de registros.

Los registros electrónicos de apoderamientos

Tanto la Administración General del Estado como las de las Comunidades Autónomas y entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos (puedes acceder desde aquí). En este registro deben inscribirse los apoderamientos apud acta.

Al margen de los registros electrónicos generales, cada organismo está facultado para implementar un registro propio. En estos registros orgánicos solo se podrán inscribir aquellos poderes otorgados para la realización de trámites específicos con esa entidad.

La administración garantiza la interoperabilidad de los registros, facilitando su interconexión y compatibilidad para agilizar la tramitación de procedimientos administrativos.

Estos registros incluirán:

  • Identificación del representado y su representante.
  • Fecha de inscripción.
  • Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder.
  • Tipo de facultades otorgadas. Las tipologías válidas son las siguientes:
    • Poder general. Permite actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación y ante cualquier administración.
    • Poder para actuar en cualquier tipo de procedimiento. Se limita a una administración organismo concreto.
    • Poder para realizar únicamente determinados trámites. En este caso se debe especificar cuáles son los trámites aceptados.

Los poderes que se inscriban en estos registros tienen una validez máxima de 5 años. En cualquier caso, el poderdante podrá retirar su apoderamiento o prorrogar lo en cualquier momento.

¿Puede representarme una persona contra mi voluntad?

En principio es imposible que una persona te represente contrato voluntad, ya que los actos más relevantes requerirán que se acredite el apoderamiento. Por supuesto, podría ocurrir que esa persona haya falsificado el poder.

En este caso siempre podrás recurrir el acto administrativo, ya que la acreditación de la condición de representante y los poderes reconocidos se incorporan al expediente administrativo.

¿Son válidos los actos realizados sin apoderamiento apud acta?

Cuando una persona actúa en nombre de otra y no pueda acreditar su apoderamiento, el acto puede ser válido siempre que se subsane el defecto en un plazo de diez días. Si las circunstancias lo requieren, este plazo puede ser superior.

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Interesados en el procedimiento administrativo

Conocemos como interesados en el procedimiento administrativo a todas aquellas personas que puedan resultar afectados por la resolución resultante del trámite. Por ejemplo, se trata de las personas que inician el procedimiento o de aquellas cuyos derechos pueden ampliarse recortarse, etcétera.

El concepto de interesado en el procedimiento administrativo se regula en la Ley 39/2015, y vamos a destinar este artículo a analizarlo. 

¿Quiénes son los interesados en el procedimiento administrativo?

Los interesados en el procedimiento administrativo son, básicamente, todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados por su resolución. Este concepto se introdujo en la ley 39/2015 tras la crítica al concepto de “administrado”.

Así, el concepto de administrado tenía cierto significado pasivo, que no termina de casar con el conjunto de facultades activas que actualmente tienen los interesados en el procedimiento administrativo.

La ley 39/2015 considera interesados en el procedimiento administrativo:

  • A quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos.
  • También a quienes puedan resultar afectados por la decisión del procedimiento pese a no haber lo iniciado.
  • Por último, a las personas cuyos intereses legítimos, sean individuales o colectivos, pueden resultar afectados por la resolución y además se personen en el procedimiento antes de que recaiga la resolución o acto administrativo definitivo.

En este sentido, la ley 39/2015 hace dos precisiones importantes en torno al concepto de interesado en el procedimiento administrativo:

  1. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos. Esto implica qué pueden ser interesadas en el procedimiento administrativo.
  2. Por su parte, el sucesor de un bien también puede suceder en la condición de interesado en el procedimiento administrativo a aquella persona de quien recibe una relación jurídica transmisible.
    Dicho de un modo más sencillo, los herederos adquirirán la condición de interesados en aquellos procedimientos en que la tuvieran sus antecesores.

La capacidad de obrar en el procedimiento administrativo

Un concepto muy relevante y relacionado con el de interesado es la capacidad de obrar. Llamamos capacidad de obrar a la actitud de una persona para desplegar efectos jurídicos con su actuación.

Por ejemplo, en el campo del derecho administrativo será necesario tener capacidad de obrar para solicitar una autorización o licencia, una subvención, recurrir una multa o sanción

La ley 39/2015 considera que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Todas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar conforme las normas civiles. Esto incluye:
    • A las personas físicas mayores de edad y no incapacitadas judicialmente.
    • Y a cualquier persona jurídica legalmente constituida y con capacidad de obrar.
  • También tienen capacidad de obrar los menores de edad, siempre que lo hagan para defender sus derechos e intereses y estén habilitados por la ley para actuar sin la asistencia de sus padres, tutores o curadores.
  • Por último, se reconoce la capacidad de obrar frente a la Administración a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonio independientes o autónomos.

En resumidas cuentas, la LPACAP reconoce un ámbito muy amplio a la hora de atribuir la capacidad de obrar frente a las administraciones públicas.

¿Qué es la representación?

Aunque explicamos el concepto de representación en otro artículo, dada su relación con el de interesados en el procedimiento administrativo, queremos recordar que el interesado puede actuar por sí mismo o por medio de representante.

Para que la representación sea válida pueden exigirse ciertos requisitos. Asimismo, existen modos de subsanar una representación inválida. Para saber más sobre esta materia te recomendamos consultar nuestro artículo sobre la representación en el procedimiento administrativo.

¿Puede haber una pluralidad de interesados en el procedimiento administrativo?

En general, en cualquier procedimiento administrativo habrá una pluralidad de interesados. La cuestión es si todos ellos van a participar o no y si lo harán simultáneamente o no.

La Ley de Procedimiento Administrativo Común permite que se presenten solicitudes, escritos o comunicaciones colectivamente. En estos casos, la pluralidad de interesados pueden señalar quién es el representante o la persona con la que la administración pública debe relacionarse. Si no lo hicieran, las administraciones relacionarán con el interesado que figure en primer lugar.

¿Pueden añadirse interesados al procedimiento en curso?

Si. En muchos casos se dará trámite un procedimiento administrativo sin conocer a la totalidad de los interesados. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando no se le ha dado publicidad al procedimiento o no se ha localizado a los eventuales afectados.

Siempre que la Administración advierta la existencia de titulares de derechos o intereses legítimos que no hubieran sido identificados previamente, les comunicará la tramitación del procedimiento para que puedan participar en defensa de sus derechos e intereses.

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Objeto y ámbito de la Ley 39/2015

El objeto y ámbito de la Ley 39/2015 incluye la actuación de todas las administraciones públicas. Se trata, por tanto, de la norma que recoge las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo.

Por supuesto, existen procedimientos que se tramitan de un modo diferente o especial. Del mismo modo, no todas las entidades públicas se vinculan con la misma intensidad a esta norma. Veamos, por tanto, cuál es el objeto y ámbito de la Ley 39/2015

¿Cuál es el objeto de la ley 39/2015?

La ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Nuestra Constitución, en su artículo 105.c), indica que el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos debe regularse por ley, garantizando la audiencia del interesado cuando sea procedente.

Precisamente este es el objeto de la ley 39/2015, que regula:

  • Los requisitos de validez y eficacia del acto administrativo.
  • El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. El adjetivo común es relevante, ya que algunos actos administrativos seguirán procedimientos propios por razón de su materia.
  • El procedimiento administrativo sancionador.
  • La forma de reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
  • Los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

¿Se someten todos los actos administrativos a la ley 39/2015?

No. Como hemos anticipado, algunos actos administrativos siguen su propia normativa. El propio artículo 1 de la Ley 39/2015, destinado a regular el objeto de la ley, indica qué algunos actos pueden incluir trámites adicionales o distintos a los del procedimiento común. Para ello es necesario que se regule su procedimiento especial en la ley. Sabemos que la reserva de ley procede de la Constitución, por lo que es inválido el reglamento que introduzca sales trámites adicionales o distintos.

Lo que sí puede regular un reglamento son especialidades en materia de:

¿Cuál es el ámbito de la ley 39/2015?

Llamamos ámbito subjetivo a los sujetos a los cuales se aplica una norma. En este caso, el ámbito de aplicación de la ley 39/2015 incluye a todo el sector público. El sector público comprende:

  • Administración General del Estado
  • Administraciones de las comunidades autónomas.
  • Entidades de la Administración Local.
  • Sector público institucional, que a su vez está compuesto por:
    • Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
    • Entidades de derecho privado, también vinculadas o dependientes. En este caso la ley 39/2015 solo es aplicable en los casos que determine la ley y cuando ejerzan potestades administrativas.
    • Universidades públicas. Estás entidades también tienen una normativa específica, por lo tanto solo se rigen por la ley 39/2015 de manera supletoria.

Los tres primeros colectivos, es decir las administraciones territoriales, se consideran Administraciones Públicas. También tienen está consideración los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas.

Por su parte, las corporaciones de derecho público (que son el resto de entidades) se rigen por una normativa específica, resultando de aplicación supletoria la ley 39/2015.

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Procedimiento y actos administrativos

Días naturales

El concepto de días naturales identifica todos y cada uno de los días del calendario. Es decir, los 365 (o 366) días, que incluyen fines de semanas y festivos.

Aunque parezca un concepto evidente, es muy relevante en Derecho Administrativo. En esta rama del Ordenamiento jurídico hay diferentes formas descontar el tiempo. Por tanto, el hecho de que se estén utilizando días naturales o días hábiles determinará una mayor o menor duración de los términos y plazos así como los días en los que podemos actuar o no. 

¿Qué son los días naturales?

Los días naturales equivalen a cada uno de los días del año. En derecho administrativo es importante conocer este concepto, porque los diferencia los días hábiles o inhábiles.

Por tanto, cuando un plazo vaya señalado en días naturales también computan los sábados, domingos y festivos qué habitualmente quedarían excluidos por ser inhábiles.

¿Cuándo se utilizan los días naturales?

El artículo 30 de la Ley 39/2015 determina que solo pueden utilizarse para el cómputo de plazos administrativos en el caso de que así lo prevea la ley o el Derecho de la Unión Europea. Por tanto, los días naturales son una unidad de medida excepcional.

Esto se debe a que un plazo computado de este modo es mucho más breve que uno computado en días hábiles. Además, en estos casos tendremos que estar pendientes de la tramitación del procedimiento incluso siendo fin de semana o festivo.

Por ejemplo, si estamos obligados a utilizar la notificación electrónica en nuestras relaciones con la Administración, se entenderá que hemos rechazado una notificación cuando transcurran 10 días naturales desde que la administración la haya puesto a nuestra disposición sin que hayamos accedido a su contenido.

Como ves, si los días fueran hábiles estaríamos hablando de dos semanas (casi un 50% más de tiempo) y podríamos estar tranquilos durante los días festivos o los fines de semana, porque no contarían a efectos de entender la notificación como rechazada.

Es muy importante destacar que siempre que los plazos computan por días naturales las notificaciones deberán hacer referencia a esta cuestión. Por tanto, si recibimos una notificación que no especifique nada podemos entender que los plazos solo tienen en cuenta los días hábiles.

¿Cómo se cuentan los días naturales?

Pese a que esta forma de cómputo de plazos sea extraordinaria, se siguen aplicando las normas generales del artículo 30 de la Ley 39/2015:

  • Si el plazo se ha señalado en días, empezará a contar a partir del día siguiente en que nos hayan notificado el acto administrativo o se haya publicado o desde el siguiente a la estimación o desestimación expreso presunta (silencio administrativo).
  • En el caso de contar en meses o años empezaremos el cómputo de la misma manera, terminando el plazo en el día equivalente del mes o año señalado. Si este día no existiera (por ejemplo porque el mes final tiene menos días que el inicial) el plazo termina era el último día natural del mes.

Conclusión

En definitiva:

  • Los días naturales no pueden utilizarse para computar plazos administrativos salvo que así lo prevea expresamente la ley.
  • Cuando esto ocurra, se considerarán incluidos dentro del plazo todos los días, incluyendo los inhábiles.
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Días hábiles: cuáles son y cómo afectan al plazo administrativo

 Los días hábiles son aquellos que computan a efectos de plazos administrativos y en los cuales podemos participar en procedimientos ante la Administración. Por tanto, son los opuestos a los días inhábiles, que incluyen sábado, domingo y días declarados festivos. 

Qué son los días hábiles

En derecho administrativo los días hábiles hacen referencia a aquellos durante los cuales podemos tramitar procedimientos y los que computan a efectos de cumplir plazos. Por tanto, un día hábil es lo contrario a uno inhábil, que son los correspondientes a los festivos y fines de semana, durante los cuales no corren plazos ni podemos participar en actos administrativos.

Cuáles son los días hábiles

Los días hábiles se regulan en el artículo 30 de la Ley 39/2015 (LPACAP). Según esta norma se consideran días hábiles todos salvo:

  • Sábados.
  • Domingos.
  • Festivos.

¿Son lo mismo los días hábiles que los días laborables?

 Aunque están relacionados, como veremos más adelante, los días hábiles no tienen por qué coincidir con los días laborables. De hecho, un día hábil en mi localidad puede convertirse en inhábil si coincide con un festivo en la sede del órgano administrativo. 

¿Cómo influyen los días hábiles al cómputo de plazos?

En principio, siempre que la ley haga referencia a un plazo sin especificar que habla de días naturales, estará teniendo en cuenta tan solo los días hábiles.

Lo mismo ocurre con las horas. Es decir, salvo que una ley reglamento determine otra cosa, cuando un plazo se estipula en días horas se entiende que son hábiles. Así lo determina el artículo 30 de la Ley 15/2019.

¿Cómo se cuentan los plazos activos?

Cuando un plazo se expresa en días (que, como vemos, se consideran hábiles), comenzara a contar a partir del día siguiente a aquel en que sea conocido. Es decir:

  • Día siguiente al que tenga lugar la notificación.
  • En su caso, día posterior al de publicación.
  • Y cuando se trate de pronunciamientos, día posterior a aquel en que se produzca la Estimación o desestimación expresa o tacita (por silencio administrativo).

Qué ocurre cuando el plazo se fija en meses o años

También puede ocurrir que la ley determine un plazo en meses o años. Cuando ocurre esto tendremos que empezar a contar del mismo modo que cuando se fija en días hábiles.

Sin embargo, la finalización del plazo coincidirá con el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, dentro del mes o año señalado por el plazo.

Por supuesto, puede ocurrir que este día no exista en el calendario. Imaginemos que tenemos un mes para contestar a un requerimiento y que el plazo comienza el 31 de enero. En este caso no existe día 31 en febrero. ¿Cómo lo resolvemos?

Cuando no exista un día equivalente dentro mes año en que concluye el plazo, se entenderá que esté termina el último día del mes. Por ejemplo en el caso que hemos planteado hablaríamos del 28 o 29 de febrero.

¿Qué ocurre cuando el último día del plazo es inhábil?

Como hemos visto, solo podemos intervenir en actos administrativos durante los días hábiles. Por lo tanto, cuando el plazo no termine en uno de estos días, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

¿Y si es un día hábil a nivel local pero no en la sede del órgano?

También puede ocurrir que el día sea hábil en nuestra localidad pero no en el órgano administrativo o viceversa. Ante estas situaciones, con el objetivo de evitar la indefensión, el día se considerará en todo caso inhábil.

¿Existe un calendario de días hábiles?

Si, tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las Comunidades Autónomas están obligadas a fijar un calendario de días inhábiles dentro de su ámbito con sujeción al calendario laboral oficial.

Estos calendarios se publican antes de que empiece el año natural oficial y otros medios como sus páginas web. Pese a ello, la ley señala el hecho de que un día sea hábil no garantiza el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas. Es decir, siempre cabría que estos estuvieran paralizados por causas diferentes al calendario de días hábiles.

Conclusión y recursos útiles

En conclusión:

A través de estos enlaces puedes comprobar si el día de hoy es hábil o inhábil para las diferentes administraciones territoriales.