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Ley 39/2015

Artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común permite que puedan introducirse nuevos interesados en la tramitación de un procedimiento administrativo en curso. Esta norma entra en juego cuando el procedimiento no haya tenido publicidad y, sin embargo, el acto administrativo resultante pueda afectar a terceros.

Redacción del artículo 8 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Explicación del art. 8 Ley 39/2015

El artículo 8 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que cuando un procedimiento administrativo en curso pueda afectar a terceros inadvertidos, estos serán notificados para que puedan personarse.

Debemos interpretar este artículo en conjunción con el artículo 18 de la misma norma, que determina que todas las personas tienen el deber de colaborar con la Administración. Tal colaboración incluye la identificación de otros interesados cuando no hayan comparecido en el procedimiento.

Por supuesto, este deber de colaboración decae siempre que pueda afectar:

  • Al honor del interesado no personado.
  • A su intimidad personal o familiar.
  • O a sus derechos de protección de datos de carácter personal, conforme al RGPD y la LOPDGDD.

Jurisprudencia en torno al art. 8 de la Ley 39/2015

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Artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la participación simultánea de una pluralidad de interesados en el mismo procedimiento administrativo. De este modo, la norma abre la posibilidad de que varios interesados defiendan sus derechos e intereses en la misma solicitud, escrito o comunicación.

Redacción del artículo 7 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 7. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Explicación del art. 7 Ley 39/2015

El artículo 7 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite la participación colectiva en un procedimiento administrativo. Básicamente, el conjunto de interesados puede presentar una única solicitud, escrito o comunicación, si bien deberán señalar con quién debe entenderse la Administración. En caso contrario lo hará con el primero que figure.

Jurisprudencia en torno al art. 7 de la Ley 39/2015

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Artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula el concepto de interesado en el procedimiento administrativo. Se trata de un concepto amplio, ya que no solo afecta a quien inicia el procedimiento o es objeto del mismo, sino a cualquiera cuyos derechos e intereses (incluso colectivos) puedan resultar afectados.

Redacción del artículo 4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 4. Concepto de interesado.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Explicación del art. 4 Ley 39/2015

El artículo 4 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el concepto de interesado en el procedimiento administrativo. Este incluye:

  • A quien promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos.
  • También a quien tenga derechos que puedan resultar afectados por el acto administrativo final.
  • Y a quienes, pudiendo resultar afectados, se personen en el procedimiento.

Además, pueden tener la condición de interesados las asociaciones y organizaciones que representen intereses económicos y sociales, así como los herederos de otros interesados.

Jurisprudencia en torno al art. 4 de la Ley 39/2015

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Artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. En este sentido, nuestra Ley de procedimiento administrativo reconoce un amplio campo para la capacidad de obrar. Y es que no solo permite que los menores defiendan sus propios derechos e intereses en ocasiones. También abre la puerta a grupos de afectados, uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes.

Redacción del artículo 3 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 3. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Explicación del art. 3 Ley 39/2015

El artículo 3 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Concede esta capacidad a:

  • Personas físicas y jurídicas con capacidad de obrar.
  • Menores de edad, en cuanto no necesiten la asistencia de sus padres, tutores o curadores.
  • Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, así como patrimonios independientes o autónomos.

Jurisprudencia en torno al art. 3 de la Ley 39/2015

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Artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común se ocupa del ámbito de la Ley. Para ello realiza una útil categorización entre el Sector Público y las Administraciones Públicas.

Esta categorización se rescatará por otras normas del ordenamiento jurídico. Principalmente sirve para conocer el nivel de sujeción de cada uno de los sujetos de Derecho Público a la norma.

Redacción del artículo 2 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.
2. El sector público institucional se integra por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.
4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Explicación del art. 2 Ley 39/2015

El artículo 2 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el ámbito de aplicación de la ley. Es decir, indica quién está vinculado por la norma, diferenciando entre:

  • Administraciones Públicas. Integran:
    • Administración General del Estado.
    • Administraciones de las Comunidades Autónomas.
    • Entidades que integran la Administración Local.
    • Organismos públicos y entidades de Derecho Público vinculadas a Administraciones Públicas o dependientes de ellas.
  • Corporaciones de Derecho Público. Integran:
    • Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se vinculan a la Ley 39/2015 cuando específicamente se refiera a ellas. En todo caso, les será de aplicación cuando ejerzan potestades administrativas.
    • Universidades públicas, que aunque se rigen por su normativa específica, la Ley 39/2015 les resulta de aplicación supletoria.

Tanto las Administraciones Públicas como las Corporaciones de Derecho Público integran el Sector Público.

Jurisprudencia en torno al art. 2 de la Ley 39/2015

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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

A continuación recogemos la estructura de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Posteriormente encontrarás recursos de utilidad, como artículos explicativos, comentarios a la Ley o Sentencias relevantes.

Esta versión ha sido extraída del BOE. Si quieres consultar la página a la que corresponde, sigue este enlace.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento

CAPÍTULO I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado

CAPÍTULO II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I. Normas generales de actuación

  • Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
  • Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
  • Artículo 16. Registros.
  • Artículo 17. Archivo de documentos.
  • Artículo 18. Colaboración de las personas.
  • Artículo 19. Comparecencia de las personas.
  • Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.
  • Artículo 21. Obligación de resolver.
  • Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.
  • Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.
  • Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
  • Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
  • Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.
  • Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.
  • Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

CAPÍTULO II. Términos y plazos

  • Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos.
  • Artículo 30. Cómputo de plazos.
  • Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros.
  • Artículo 32. Ampliación.
  • Artículo 33. Tramitación de urgencia.

TÍTULO III. De los actos administrativos

CAPÍTULO I. Requisitos de los actos administrativos

  • Artículo 34. Producción y contenido.
  • Artículo 35. Motivación.
  • Artículo 36. Forma.

CAPÍTULO II. Eficacia de los actos

  • Artículo 37. Inderogabilidad singular.
  • Artículo 38. Ejecutividad.
  • Artículo 39. Efectos.
  • Artículo 40. Notificación.
  • Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.
  • Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.
  • Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
  • Artículo 44. Notificación infructuosa.
  • Artículo 45. Publicación.
  • Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones.

CAPÍTULO III. Nulidad y anulabilidad

  • Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
  • Artículo 48. Anulabilidad.
  • Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos.
  • Artículo 50. Conversión de actos viciados.
  • Artículo 51. Conservación de actos y trámites.
  • Artículo 52. Convalidación.

TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

CAPÍTULO I. Garantías del procedimiento

  • Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

CAPÍTULO II. Iniciación del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 54. Clases de iniciación.
  • Artículo 55. Información y actuaciones previas.
  • Artículo 56. Medidas provisionales.
  • Artículo 57. Acumulación.

Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración

  • Artículo 58. Iniciación de oficio.
  • Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.
  • Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.
  • Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.
  • Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.
  • Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
  • Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
  • Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado

  • Artículo 66. Solicitudes de iniciación.
  • Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
  • Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.
  • Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.

CAPÍTULO III. Ordenación del procedimiento

  • Artículo 70. Expediente Administrativo.
  • Artículo 71. Impulso.
  • Artículo 72. Concentración de trámites.
  • Artículo 73. Cumplimiento de trámites.
  • Artículo 74. Cuestiones incidentales.

CAPÍTULO IV. Instrucción del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 75. Actos de instrucción.
  • Artículo 76. Alegaciones.

Sección 2.ª Prueba

  • Artículo 77. Medios y período de prueba.
  • Artículo 78. Práctica de prueba.

Sección 3.ª Informes

  • Artículo 79. Petición.
  • Artículo 80. Emisión de informes.
  • Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 4.ª Participación de los interesados

  • Artículo 82. Trámite de audiencia.
  • Artículo 83. Información pública.

CAPÍTULO V. Finalización del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

  • Artículo 84. Terminación.
  • Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.
  • Artículo 86. Terminación convencional.

Sección 2.ª Resolución

  • Artículo 87. Actuaciones complementarias.
  • Artículo 88. Contenido.
  • Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
  • Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.
  • Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
  • Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección 3.ª Desistimiento y renuncia

  • Artículo 93. Desistimiento por la Administración.
  • Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados.

Sección 4.ª Caducidad

  • Artículo 95. Requisitos y efectos.

CAPÍTULO VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

  • Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

CAPÍTULO VII. Ejecución

  • Artículo 97. Título.
  • Artículo 98. Ejecutoriedad.
  • Artículo 99. Ejecución forzosa.
  • Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.
  • Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.
  • Artículo 102. Ejecución subsidiaria.
  • Artículo 103. Multa coercitiva.
  • Artículo 104. Compulsión sobre las personas.
  • Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.

TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa

CAPÍTULO I. Revisión de oficio

  • Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.
  • Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.
  • Artículo 108. Suspensión.
  • Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
  • Artículo 110. Límites de la revisión.
  • Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado.

CAPÍTULO II. Recursos administrativos

Sección 1.ª Principios generales

  • Artículo 112. Objeto y clases.
  • Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.
  • Artículo 114. Fin de la vía administrativa.
  • Artículo 115. Interposición de recurso.
  • Artículo 116. Causas de inadmisión.
  • Artículo 117. Suspensión de la ejecución.
  • Artículo 118. Audiencia de los interesados.
  • Artículo 119. Resolución.
  • Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos.

Sección 2.ª Recurso de alzada

  • Artículo 121. Objeto.
  • Artículo 122. Plazos.

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición

  • Artículo 123. Objeto y naturaleza.
  • Artículo 124. Plazos.

Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión

  • Artículo 125. Objeto y plazos.
  • Artículo 126. Resolución.

TÍTULO VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

  • Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley.
  • Artículo 128. Potestad reglamentaria.
  • Artículo 129. Principios de buena regulación.
  • Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación.
  • Artículo 131. Publicidad de las normas.
  • Artículo 132. Planificación normativa.
  • Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

Disposiciones adicionales

  • Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia.
  • Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
  • Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
  • Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos.
  • Disposición adicional sexta. Sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9.2 c) y 10.2 c).

Disposiciones transitorias

  • Disposición transitoria primera. Archivo de documentos.
  • Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único.
  • Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.
  • Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general.
  • Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Disposiciones derogatorias

  • Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposiciones finales

  • Disposición final primera. Título competencial.
  • Disposición final segunda. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
  • Disposición final tercera. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  • Disposición final cuarta. Referencias normativas.
  • Disposición final quinta. Adaptación normativa.
  • Disposición final sexta. Desarrollo normativo de la Ley.
  • Disposición final séptima. Entrada en vigor.

Artículos de comentario de la Ley 39/2015

A continuación incluimos algunos de los artículos que hemos dedicado a comentar la Ley 39/2015 en nuestro blog:

Disposiciones generales

Última revisión: 15 de mayo de 2020.

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Ley 39/2015

Artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común

El artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común se ocupa del objeto de la Ley. Recordemos que, a tenor del artículo 105.c) de la Constitución Española, el procedimiento administrativo debe estar regulado en la ley. Precisamente es esta norma, la Ley 39/2015, la que se encarga de esta regulación.

Redacción del artículo 1 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Explicación del art. 1 Ley 39/2015

El artículo 1 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el objeto de la ley. Este no es otro que determinar:

Por supuesto, esta norma actúa de forma subsidiaria a aquellas que puedan regular cada procedimiento específico. Sin embargo, existen ciertas reservas:

  • Para modificar los trámites del procedimiento administrativo determinado por esta norma es necesario aprobar una Ley. Es decir, se respeta la reserva de Ley establecida en la Constitución.
  • Sin embargo, los reglamentos podrán utilizarse para regular particularidades de un procedimiento determinado, siempre que se ciñan a:
    • Órganos competentes.
    • Plazos del procedimiento.
    • Formas de iniciación y terminación.
    • Publicación.
    • Informes a recabar.

Jurisprudencia en torno al art. 1 de la Ley 39/2015

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Otros recursos relacionados con el artículo 1 Ley 39/2015

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Procedimiento y actos administrativos

Resolución de los procedimientos administrativos

La Administración está obligada a tramitar el procedimiento administrativo hasta su resolución. Una vez concluido, debe notificar esta resolución al ciudadano.

Pero, ¿qué ocurre cuando no lo hace? ¿siempre tiene esta obligación?

¿Está la administración obligada resolver sus procedimientos?

Sí. La Administración siempre debe tramitar y resolver sus procedimientos. De hecho, los titulares de las unidades administrativas y su propio personal son personalmente responsables de estas obligaciones.

Esto supone que deben tomar medidas para facilitar y agilizar la tramitación del procedimiento y el pleno ejercicio de los derechos de los interesados. En otro caso, el artículo 20.2 de la Ley 39/2015 habilita los interesados para exigir la responsabilidad de la Administración Pública actualmente.

Respecto a la resolución, todas las administraciones públicas están obligadas a dictar resolución expresa en cualquier procedimiento, así como notificar su resolución a los interesados.

Incluso en los casos de prescripción, de renuncia de derecho, de caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la Administración debe resolver declarando esta circunstancia.

El único caso en que se podrá prescindir de la resolución es aquel en que el procedimiento terminé por pacto o convenio. Lo cual es razonable si tenemos en cuenta que el interesado ha participado en el propio acto administrativo de terminación del procedimiento administrativo.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver en el procedimiento administrativo?

El plazo máximo, no ya para resolver, sino para notificar la resolución de cualquier procedimiento administrativo es de 6 meses, salvo que una ley o norma de derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

Esto significa que, aunque sea la norma de cada procedimiento la encargada de determinar el plazo para resolver y notificar, en ningún caso podrá exceder los 6 meses.

Si la norma particular del procedimiento no establecerá un plazo concreto, se aplicará de modo subsidiario un plazo máximo de 3 meses. Además, este plazo máximo de tres meses comenzará a contar:

  • Si el procedimiento se inicia de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
  • Cuando se iniciará a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud entrada en el registro de la administración u organismo competente.

Aunque estos son normas generales, las Administraciones Públicas están obligadas a mantener en su portal web tanto las relaciones de procedimientos de su competencia como los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. De modo que basta con realizar una consulta para saber si las reglas generales son aplicables al caso concreto.

Además, en todas las notificaciones que reciban los interesados se les informará del plazo máximo para la resolución del procedimiento y de los efectos que pudiera generar el silencio administrativo.

¿Qué ocurre si la administración no resuelve dentro del plazo?

Al margen de la responsabilidad que pudiéramos exigir a la unidad encargada de resolver, cuando la administración no resuelve dentro del plazo legalmente establecido se producirá el silencio administrativo. El silencio administrativo equivale a una resolución favorable o desfavorable (depende del caso) tácita.

Para más información sobre los efectos del silencio administrativo, te recomendamos la lectura de nuestro artículo sobre la materia. En cualquier caso, como ya hemos indicado, los efectos concretos del silencio administrativo en cada procedimiento se consignarán tanto en la página web de la Administración actuante con las notificaciones que está dirigen interesado.

¿Se pueden modificar los plazos de resolución de los procedimientos administrativos?

Sí. La Ley 39/2015 incluye dos herramientas que nos permiten modificar los plazos de resolución de los procedimientos administrativos. Se trata de la ampliación y de la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar. Cómo disponemos de dos artículos centrados en estas cuestiones, te recomendamos su lectura si quieres ampliar información. 

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Procedimiento y actos administrativos

Participación, audiencia e información pública en el procedimiento administrativo

La participación en el procedimiento administrativo es un derecho constitucional de cualquier ciudadano. Especialmente en los trámites de audiencia e información pública.

Este derecho está regulado en la Ley 39/2015, de donde extraemos toda la información que hemos articulado en este texto para que conozcas cómo intervenimos los interesados en los procedimientos administrativos.

La participación de las personas en el procedimiento administrativo

Las personas no solo tienen derecho a participar en los procedimientos administrativos, sino que en algunas ocasiones estarán obligadas a hacerlo.

En general, todas las personas deben colaborar con la administración, lo que incluye facilitarles:

  • Informes.
  • Inspecciones.
  • Otros actos de investigación para el ejercicio de sus competencias.

Los límites a esta colaboración están en el respeto al honor, la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Tales límites solo pueden ser rebasados con el objeto de prestar servicios relacionados con la salud, la defensa, o la prevención y persecución del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.

¿Debo identificar a otros interesados en el procedimiento?

Sí. El artículo 18.2 de la ley 39/2015 determina que todos los interesados en el procedimiento administrativo que conozcan a otros interesados que no hayan comparecido tendrán que identificarlos ante la Administración actuante.

¿Puedo negarme a que las autoridades entren en mi casa?

Sí. En estos casos rige el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio. De modo que siempre que las inspecciones de la administración requieran la entrada en el domicilio y en otros lugares exijan autorización del titular, decaerá el deber de colaboración, salvo que la autoridad lleve una orden judicial.

Cómo comparecer ante la Administración

La comparecencia de las administraciones públicas es obligatoria siempre que lo determine la ley. Los reglamentos no pueden obligar a las personas a tener que comparecer ante las oficinas públicas.

En cualquier caso, la comparecencia puede producirse de forma presencial o telemática, mediante medios electrónicos que permitan la identificación del interesado o la constatación de su voluntad (es decir, medios de firma o sello electrónico).

Siempre que la ley habilite a la Administración para exigir la comparecencia del interesado, esta deberá enviarle una citación. En ella constarán:

  • Lugar de comparecencia.
  • Fecha y hora.
  • Medios disponibles (por ejemplo, en caso de que se pueda realizar la comparecencia por vía electrónica).
  • Objeto de la comparecencia.
  • Consecuencias jurídicas de negarse a comparecer.

Como interesado, debes saber que tienes el derecho a exigir de la Administración una certificación acreditativa de tu comparecencia siempre que te hayan citado. Es recomendable que lo hagas.

No solo servirá como justificante, por ejemplo, de una ausencia laboral, sino que también podría ayudarte en caso de que posteriormente tengas que presentar recursos o iniciar acciones judiciales.

El trámite de audiencia

Uno de los trámites más importantes mediante los que se participa en el procedimiento administrativo es el trámite de audiencia. Este trámite tiene relevancia constitucional y se regula en el artículo 82 de la LPACAP.

Se inicia una vez se haya instruido el procedimiento y antes de recabar la propuesta de resolución. Para poder realizarse deben ponerse de manifiesto el interesado o su representante las actuaciones realizadas.

Los interesados podrán presentar alegaciones y aquellos documentos y justificaciones que entiendan convenientes en un plazo que oscila entre los 10 y los 15 días, salvo que se trata de un procedimiento especial que tenga platos propios. También podrá manifestar que no va a realizar alegaciones para que se tenga por realizado el trámite.

El trámite de audiencia solo puede faltar en aquellos procedimientos aunque no vayan a tenerse en cuenta más hechos, alegaciones y pruebas que las que el interesado haya aportado. Evidentemente, en estos casos no es necesario volver a oír al interesado, ya que todo el procedimiento se tramitará conforme a lo que previamente haya manifestado.

La audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial

Cuando el procedimiento sea de responsabilidad patrimonial (es decir, trate de reclamar una indemnización al Estado), siempre se debe dar audiencia al contratista. Este podrá personarse por sí mismo o mediante representante para exponer lo que le convenga y proponer los medios de prueba que estime necesarios.

El trámite de información pública

En determinados casos resulta más eficiente gestionar un trámite de información pública y audiencia. La diferencia entre uno y otro es que la información pública está destinada a múltiples interesados y la audiencia solo a uno.

Por tanto, el trámite de información pública se acordará siempre que la naturaleza del procedimiento lo requiera, mediante acuerdo del órgano competente para la resolución.

El trámite se realizará del siguiente modo:

  1. Se publicará un anuncio en el Diario Oficial para que todas las personas físicas y jurídicas interesadas puedan examinar expediente, completa o parcialmente.
  2. Posteriormente, los comparecientes podrán presentar alegaciones u observaciones respecto a las cuales tienen derecho a recibir una respuesta razonada. Es importante destacar que:
    1. La comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado en el procedimiento administrativo.
    2. Mientras que la incomparecencia tampoco impide al interesado interponer un recurso contra la resolución definitiva siempre que sea necesario. 
    3. El plazo mínimo para presentar alegaciones durante el trámite de información pública es de 20 días.
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Procedimiento y actos administrativos

Registro electrónico en la Administración Pública: cómo y cuando usarlo

Todas las Administraciones Públicas disponen de un Registro Electrónico General donde se inscriben los documentos que haya recibido cualquiera de sus órganos, organismos o entidades vinculados o dependientes. También suelen constar los documentos oficiales que estos remitan a los interesados, si bien esta inscripción no es obligatoria.

Cualquier organismo público vinculado o dependiente puede disponer de su propio registro siempre que esté interconectado con el Registro Electrónico General de la administración de la que dependa. Este debe funcionar como un portal que facilite el acceso al resto de registros electrónicos.

En la sede electrónica que permita acceder a estos podremos encontrar la relación actualizada de los trámites que podamos iniciar online.

Orden de inscripción de los registros electrónicos

Las inscripciones en los registros electrónicos se realizan por orden de recepción o salida. Además, siempre constará la fecha y hora en que se produce la operación. De este modo se podrá certificar si se ha realizado o no la comunicación y en qué momento se ha hecho.

Además del momento de inscripción, también deben constar:

  • Identificación del órgano administrativo y del interesado.
  • Referencia al contenido del documento.
  • Número de entrada del registro.

Toda esta información se entregará en un recibo que el interesado puede utilizar en sus posteriores actuaciones administrativas. Por ejemplo, necesitaremos conservarlo para presentar recursos administrativos o hacer un seguimiento del trámite.

Dónde se pueden presentar los documentos para la Administración

Podemos remitir los documentos dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas en el registro electrónico de la propia Administración. También podemos utilizar los registros electrónicos de otras administraciones, así como:

  • Oficinas de correos.
  • Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
  • Oficinas de asistencia en materia de registros.
  • Y otros registros legalmente.

Precisamente por ello es importante que los registros serán interoperables. De este modo se garantiza la transmisión instantánea de la información y la recepción del documento en el registro de destino.

¿Son obligatorios los registros electrónicos?

Los registros electrónicos no son obligatorios para los interesados, aunque algunos de ellos estarán obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas por esta vía. Para más información os remitimos a nuestro artículo sobre los derechos frente a las administraciones públicas.

En cualquier caso, las administraciones si deben utilizar la operativa digital. En el caso de gestionar documentación física tendrán que digitalizar la, incorporándola posteriormente expediente administrativo electrónico.

Si esta documentación corresponde al interesado, se la tendrán que devolver. Así que la Administración no debería quedarse con ningún documento original.

¿Cuándo pueden obligarme a utilizar registros electrónicos?

En general, están obligados a utilizar los registros electrónicos:

  • Personas jurídicas.
  • Entidades sin personalidad jurídica.
  • Profesionales colegiados.
  • Empleado en las actuaciones por razón de su empleo.
  • Y aquellos representantes de cualquiera de los anteriores.

Pese a ello, las administraciones pueden determinar reglamentariamente la obligación de presentar algunos documentos por medios electrónicos. Para ello deben señalar qué procedimientos y colectivos quedan afectados, sin que se pueda obligar a utilizar estas vías a aquellas personas que no tengan acceso a los medios electrónicos necesarios.

¿Cómo funciona el archivo de documentos?

Además de su registro electrónico, todas las Administraciones Públicas disponen de un archivo electrónico único. En este se registran todos los procedimientos administrativos finalizados.

El archivo electrónico sirve para garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. También facilitarán su consulta, lo que los convierte en un instrumento muy útil en caso de controversia jurídica o cuando necesitamos rescatarlos para documentar otros actos administrativos.