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Los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015 recoge un catálogo de derechos que asisten a todas las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Presta especial atención a la cuestión lingüística, protegida desde el texto constitucional. Pero también establece situaciones en que los interesados en el procedimiento administrativo deberá relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración

A tenor del artículo 105 de la Constitución, la actuación de las administraciones públicas debe canalizarse por medio de un procedimiento administrativo legalmente regulado. Esto significa que siempre que queramos relacionarnos con las Administraciones Públicas tendremos que someternos al procedimiento administrativo común.

Este procedimiento se regula en la Ley 39/2015, que dedica sus artículos 13, 14 y quince a detallar nuestra carta de derechos, qué incluye:

  • Derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico. Puedes consultarlo a través de este enlace.
  • Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en nuestro artículo sobre la firma digital y la identificación ante las Administraciones Públicas.
  • Derecho a utilizar las lenguas oficiales del territorio de la Comunidad Autónoma. Sobre esta cuestión profundizaremos más adelante.
  • Derecho de acceso a la información pública, archivos y registros. Este derecho tiene protección constitucional y se desarrolla en la Ley 19/2013, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
  • Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. En este sentido debemos destacar los empleados públicos debe facilitarnos el ejercicio de nuestros derechos, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones.
  • Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y sus autoridades. Hablamos tanto de la responsabilidad patrimonial del Estado como, en su caso, de la responsabilidad disciplinaria.
  • Derecho a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica. De nuevo te remitimos a nuestro artículo sobre la materia si quieres ampliar información.
  • Derecho a la protección de datos de carácter personal. En este sentido conviene recordar que las administraciones públicas quedan sometidas al Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
  • Cualquier otro derecho reconocido en la Constitución y en las leyes.

Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo

La carta de derechos de la que hemos hablado asiste a toda aquella persona que se relacione con la administración. Sin embargo, existe una categoría de personas que tiene una serie de derechos específicos.

Nos referimos a los interesados en el procedimiento administrativo, que son todas aquellas personas que participan en el procedimiento o que pueden resultar afectadas por su resolución. Estas personas tienen derecho a:

  • Conocer en cualquier momento:
    • Estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
    • Sentido del silencio administrativo en caso de que la administración no dicte y/o notifíquese esta resolución dentro del plazo correspondiente.
    • Órgano competente para la instrucción del procedimiento, así como para su resolución.
    • Actos de trámite dictados en la tramitación del procedimiento.
  • Obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos en que tengan la condición de interesados.
  • Relacionarse con las Administraciones Públicas por medio del punto de acceso general electrónico.
  • Identificar a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten ante el procedimiento en el que tengan la condición de interesados.
  • No presentar documentos originales ni aquellos datos y documentos no exigidos por las normas o que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o hayan elaborado ellas mismas.
  • Formular alegaciones.
  • Utilizar todos los medios de prueba admitidos en derecho.
  • Aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Este derecho incluye que se tengan en cuenta los documentos aportados a la hora de redactar la propuesta de resolución.
  • Obtener información y orientación sobre requisitos jurídicos o técnicos de proyectos, actuación o solicitudes que vayan a realizar.
  • Actuar asistidos de asesor si lo consideran oportuno.
  • Cumplir sus obligaciones de pago por medios electrónicos.
  • Y cualquier otro derecho reconocido por la Constitución y las leyes.

En el caso de los procedimientos sancionadores se añade otra serie de derechos para el interesado que tratan de garantizar su derecho a una defensa efectiva:

  • Notificación de los hechos imputados y las infracciones que puedan constituir, así como de las sanciones fuese les pudieran imponer.
  • Identificación del instructor, pero autoridad competente para sancionar y de las normas competenciales.
  • Presunción de inocencia.

La relación electrónica con las Administraciones Públicas

Todas las personas físicas tienen derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Además, existen sujetos obligados a utilizar esta vía:

  • Personas jurídicas.
  • Entidades sin personalidad jurídica.
  • Profesionales colegiados.
  • Representantes de un interesado obligado a relacionarse con la administración de este modo.
  • Empleados de las Administraciones Públicas, para todos aquellos trámites que realicen por razón es condición de empleado público.

Al margen de estos supuestos, cabe la posibilidad de que las Administraciones Públicas establezcan la obligación de utilizar medios electrónicos para determinados procedimientos y ciertos colectivos. Deben seguirse criterios proporcionales y objetivos, como la capacidad económica, técnica, dedicación profesional y otros motivos que acrediten que disponen de acceso a los medios electrónicos necesarios.

¿Qué lengua se utiliza en los procedimientos administrativos?

En general, la lengua utilizada en los procedimientos administrativos es el castellano. Así ocurre, al menos, con la Administración General del Estado.

Sin embargo, cualquier interesado puede dirigirse a la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma en la lengua cooficial autonómica.

Si lo hicieran, el resto del procedimiento se tramitara en la lengua que el interesado haya solicitado. En caso de pluralidad de interesados y discrepancia en esta cuestión se utilizará el castellano.

La legislación autonómica debe tenerse en consideración en este aspecto. Por tanto, nada impide que las administraciones de las Comunidades Autónomas y entidades locales hagan uso de sus lenguas cooficiales por defecto.

Sin embargo, la Administración deberá traducir al castellano los documentos y expedientes dirigidos a los interesados, siempre que lo soliciten expresamente y vayan a surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

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Firma electrónica e identificación ante las Administraciones Públicas

La firma electrónica ha supuesto una de las novedades de la Ley 39/2015. En su intento de digitalizar las Administraciones Públicas, esta norma ha introducido sistemas de identificación y firma por medios electrónicos.

En algunos casos podemos estar obligados a utilizar este tipo de sistemas digitales. Ante el resto de situaciones podremos solicitar ayuda a los funcionarios encargados de esta materia.

A continuación se analiza la regulación actual de la firma electrónica y los sistemas de identificación ante las Administraciones Públicas

¿Cómo funciona la firma electrónica en el procedimiento administrativo?

Las administraciones públicas están obligadas a comprobar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. Para ello tienen que comprobar su nombre y apellidos (razón social en el caso de las empresas y entidades) en el DNI o en un documento equivalente.

Actualmente podemos identificarnos de forma electrónica. Para ello podemos utilizar certificados digitales, así como sistemas de clave concertada.

Debemos destacar que si la Administración General del Estado acepta alguno de estos sistemas, este resultará válido ante cualquier administración pública.

Tipos de identificación electrónica aceptados por las Administraciones Públicas

 la LPACAP determina que son válidos para identificarse ante las Administraciones Públicas los siguientes sistemas:

  • Certificado electrónico cualificado de firma electrónica. Debe estar expedido por prestadores de servicios de certificación incluidos en una lista de confianza.
  • Certificado electrónico cualificado de sello electrónico. Lo expiden las mismas entidades.
  • Clave concertada u otros sistemas que las administraciones hayan predeterminado. Requieren un registro previo del usuario, donde podamos garantizar nuestra identidad.

En todo caso, los sistemas de clave concertada se entienden como accesorios. Esto significa que siempre estarán disponibles, al menos, los sistemas de firma o sello electrónico.

Los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

Para que el sistema de firma sea válido para identificarnos basta con que el medio permita acreditar la autenticidad de nuestro consentimiento y la expresión de nuestra voluntad. A fin de cuentas el sistema de firma electrónica sustituye la firma tradicional.

Precisamente por ello se complementan los sistemas de firma con casillas de verificación y con la comprobación de códigos tipo PIN.

Los sistemas de firma que podemos utilizar en el procedimiento administrativo son idénticos a los sistemas de identificación aceptados y se rigen prácticamente por las mismas normas.

Cuándo debo utilizar la firma digital

El uso de una firma, sea autográfica o digital, solo es obligatorio para realizar determinadas actuaciones frente a las Administraciones Públicas. En particular:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

Si has consultado nuestro artículo sobre la actuación mediante representante, comprobarás que los casos en los que se nos pide identificarnos y firmar son idénticos a los casos en los que se requiere acreditar la representación.

Esto se debe a que son actos administrativos que pueden perjudicar nuestros derechos legítimos e intereses subjetivos. Precisamente por ello las administraciones públicas deben velar por garantizar nuestra identidad y que estamos convencidos de la voluntad que estamos comunicando.

¿Puedo solicitar ayuda si no sé utilizar medios electrónicos?

Cada vez más trámites se deben realizar obligatoriamente por medios electrónicos. Precisamente por ello, las administraciones públicas están obligadas a facilitar a los interesados canales de acceso, sistemas, aplicaciones y otros recursos auxiliares.

También existen funcionarios públicos encargados específicamente de identificar a los interesados en el procedimiento administrativo cuando no disponen de los medios electrónicos necesarios. Para ello bastará con que el interesado se identifique ante el funcionario y haga constar su voluntad por escrito, por si en el futuro existe algún conflicto.

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Apoderamiento apud acta y registro electrónico de apoderamientos

El apoderamiento apud acta es un acto que nos permite señalar a una persona para actuar en nuestro nombre frente a las administraciones públicas. Desde que comenzó digitalizarse el sector público podemos otorgar apoderamiento apud acta por medio del registro electrónico de apoderamientos.

Esta funcionalidad ha agilizado el procedimiento y ha reducido costes y tiempos de tramitación.

En nuestro artículo de hoy vamos a analizar la regulación de la actuación mediante representación, los modos de otorgar y registrar poderes y los casos en que se puede actuar en nombre de un tercero o en los que se puede anular está actuación.

¿Qué es la actuación mediante representación?

Los interesados en el procedimiento administrativo pueden actuar por sí mismos o por medio de representantes. El representante es la persona que asume la relación con la administración para que su representado no tenga que hacerlo.

Todos los interesados con capacidad de obrar pueden actuar en el procedimiento administrativo por medio de representante. A su vez, pueden representar a otras personas:

  • Las personas físicas con capacidad de obrar.
  • Y aquellas personas jurídicas que hayan previsto en sus estatutos esta posibilidad.

¿Es necesario acreditar la representación?

La representación solo deberá acreditarse en determinadas actuaciones. Así, se presume en los actos y gestiones de mero trámite. Pero deberá presentarse el apoderamiento cuando se vaya a realizar alguna de las siguientes actuaciones:

  • Formular solicitudes.
  • Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
  • Interponer recursos.
  • Desistir de acciones.
  • Renunciar a derechos.

¿Cómo se acredita la representación?

El registro electrónico de apoderamientos ha facilitado la acreditación de la representación. De hecho, actualmente se puede otorgar el apoderamiento apud acta y acreditarlo mediante medios digitales.

El apoderamiento apud acta y el registro electrónico

Para acreditar la representación es válido el apoderamiento apud acta realizado mediante comparecencia personal o electrónica, así como la inscripción del apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

Apoderamiento apud acta

Llamamos apoderamiento apud acta aquel que se produce mediante comparecencia. Tradicionalmente, para acreditar que alguien actúa en nuestra representación se le tenía que conceder un poder notarial.

La alternativa siempre ha sido el apoderamiento apud acta. Básicamente consistía en personarse ante el organismo competente junto al representante y manifestar que esa persona iba a actuar en nuestro nombre.

Actualmente podemos otorgar el apoderamiento apud acta por medio de comparecencia electrónica, lo que resulta mucho más sencillo, rápido y económico. Para otorgar el apoderamiento apud acta medios electrónicos basta con la comparecencia electrónica y la utilización de los sistemas de firma electrónica que admite la Ley 39/2015. También se puede otorgar el apoderamiento apud acta mediante comparecencia personal en las oficinas destinadas a la asistencia al interesado en materia de registros.

Los registros electrónicos de apoderamientos

Tanto la Administración General del Estado como las de las Comunidades Autónomas y entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos (puedes acceder desde aquí). En este registro deben inscribirse los apoderamientos apud acta.

Al margen de los registros electrónicos generales, cada organismo está facultado para implementar un registro propio. En estos registros orgánicos solo se podrán inscribir aquellos poderes otorgados para la realización de trámites específicos con esa entidad.

La administración garantiza la interoperabilidad de los registros, facilitando su interconexión y compatibilidad para agilizar la tramitación de procedimientos administrativos.

Estos registros incluirán:

  • Identificación del representado y su representante.
  • Fecha de inscripción.
  • Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder.
  • Tipo de facultades otorgadas. Las tipologías válidas son las siguientes:
    • Poder general. Permite actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación y ante cualquier administración.
    • Poder para actuar en cualquier tipo de procedimiento. Se limita a una administración organismo concreto.
    • Poder para realizar únicamente determinados trámites. En este caso se debe especificar cuáles son los trámites aceptados.

Los poderes que se inscriban en estos registros tienen una validez máxima de 5 años. En cualquier caso, el poderdante podrá retirar su apoderamiento o prorrogar lo en cualquier momento.

¿Puede representarme una persona contra mi voluntad?

En principio es imposible que una persona te represente contrato voluntad, ya que los actos más relevantes requerirán que se acredite el apoderamiento. Por supuesto, podría ocurrir que esa persona haya falsificado el poder.

En este caso siempre podrás recurrir el acto administrativo, ya que la acreditación de la condición de representante y los poderes reconocidos se incorporan al expediente administrativo.

¿Son válidos los actos realizados sin apoderamiento apud acta?

Cuando una persona actúa en nombre de otra y no pueda acreditar su apoderamiento, el acto puede ser válido siempre que se subsane el defecto en un plazo de diez días. Si las circunstancias lo requieren, este plazo puede ser superior.

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Interesados en el procedimiento administrativo

Conocemos como interesados en el procedimiento administrativo a todas aquellas personas que puedan resultar afectados por la resolución resultante del trámite. Por ejemplo, se trata de las personas que inician el procedimiento o de aquellas cuyos derechos pueden ampliarse recortarse, etcétera.

El concepto de interesado en el procedimiento administrativo se regula en la Ley 39/2015, y vamos a destinar este artículo a analizarlo. 

¿Quiénes son los interesados en el procedimiento administrativo?

Los interesados en el procedimiento administrativo son, básicamente, todas aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados por su resolución. Este concepto se introdujo en la ley 39/2015 tras la crítica al concepto de “administrado”.

Así, el concepto de administrado tenía cierto significado pasivo, que no termina de casar con el conjunto de facultades activas que actualmente tienen los interesados en el procedimiento administrativo.

La ley 39/2015 considera interesados en el procedimiento administrativo:

  • A quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos.
  • También a quienes puedan resultar afectados por la decisión del procedimiento pese a no haber lo iniciado.
  • Por último, a las personas cuyos intereses legítimos, sean individuales o colectivos, pueden resultar afectados por la resolución y además se personen en el procedimiento antes de que recaiga la resolución o acto administrativo definitivo.

En este sentido, la ley 39/2015 hace dos precisiones importantes en torno al concepto de interesado en el procedimiento administrativo:

  1. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos. Esto implica qué pueden ser interesadas en el procedimiento administrativo.
  2. Por su parte, el sucesor de un bien también puede suceder en la condición de interesado en el procedimiento administrativo a aquella persona de quien recibe una relación jurídica transmisible.
    Dicho de un modo más sencillo, los herederos adquirirán la condición de interesados en aquellos procedimientos en que la tuvieran sus antecesores.

La capacidad de obrar en el procedimiento administrativo

Un concepto muy relevante y relacionado con el de interesado es la capacidad de obrar. Llamamos capacidad de obrar a la actitud de una persona para desplegar efectos jurídicos con su actuación.

Por ejemplo, en el campo del derecho administrativo será necesario tener capacidad de obrar para solicitar una autorización o licencia, una subvención, recurrir una multa o sanción

La ley 39/2015 considera que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Todas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar conforme las normas civiles. Esto incluye:
    • A las personas físicas mayores de edad y no incapacitadas judicialmente.
    • Y a cualquier persona jurídica legalmente constituida y con capacidad de obrar.
  • También tienen capacidad de obrar los menores de edad, siempre que lo hagan para defender sus derechos e intereses y estén habilitados por la ley para actuar sin la asistencia de sus padres, tutores o curadores.
  • Por último, se reconoce la capacidad de obrar frente a la Administración a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonio independientes o autónomos.

En resumidas cuentas, la LPACAP reconoce un ámbito muy amplio a la hora de atribuir la capacidad de obrar frente a las administraciones públicas.

¿Qué es la representación?

Aunque explicamos el concepto de representación en otro artículo, dada su relación con el de interesados en el procedimiento administrativo, queremos recordar que el interesado puede actuar por sí mismo o por medio de representante.

Para que la representación sea válida pueden exigirse ciertos requisitos. Asimismo, existen modos de subsanar una representación inválida. Para saber más sobre esta materia te recomendamos consultar nuestro artículo sobre la representación en el procedimiento administrativo.

¿Puede haber una pluralidad de interesados en el procedimiento administrativo?

En general, en cualquier procedimiento administrativo habrá una pluralidad de interesados. La cuestión es si todos ellos van a participar o no y si lo harán simultáneamente o no.

La Ley de Procedimiento Administrativo Común permite que se presenten solicitudes, escritos o comunicaciones colectivamente. En estos casos, la pluralidad de interesados pueden señalar quién es el representante o la persona con la que la administración pública debe relacionarse. Si no lo hicieran, las administraciones relacionarán con el interesado que figure en primer lugar.

¿Pueden añadirse interesados al procedimiento en curso?

Si. En muchos casos se dará trámite un procedimiento administrativo sin conocer a la totalidad de los interesados. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando no se le ha dado publicidad al procedimiento o no se ha localizado a los eventuales afectados.

Siempre que la Administración advierta la existencia de titulares de derechos o intereses legítimos que no hubieran sido identificados previamente, les comunicará la tramitación del procedimiento para que puedan participar en defensa de sus derechos e intereses.

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Objeto y ámbito de la Ley 39/2015

El objeto y ámbito de la Ley 39/2015 incluye la actuación de todas las administraciones públicas. Se trata, por tanto, de la norma que recoge las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo.

Por supuesto, existen procedimientos que se tramitan de un modo diferente o especial. Del mismo modo, no todas las entidades públicas se vinculan con la misma intensidad a esta norma. Veamos, por tanto, cuál es el objeto y ámbito de la Ley 39/2015

¿Cuál es el objeto de la ley 39/2015?

La ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Nuestra Constitución, en su artículo 105.c), indica que el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos debe regularse por ley, garantizando la audiencia del interesado cuando sea procedente.

Precisamente este es el objeto de la ley 39/2015, que regula:

  • Los requisitos de validez y eficacia del acto administrativo.
  • El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. El adjetivo común es relevante, ya que algunos actos administrativos seguirán procedimientos propios por razón de su materia.
  • El procedimiento administrativo sancionador.
  • La forma de reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
  • Los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

¿Se someten todos los actos administrativos a la ley 39/2015?

No. Como hemos anticipado, algunos actos administrativos siguen su propia normativa. El propio artículo 1 de la Ley 39/2015, destinado a regular el objeto de la ley, indica qué algunos actos pueden incluir trámites adicionales o distintos a los del procedimiento común. Para ello es necesario que se regule su procedimiento especial en la ley. Sabemos que la reserva de ley procede de la Constitución, por lo que es inválido el reglamento que introduzca sales trámites adicionales o distintos.

Lo que sí puede regular un reglamento son especialidades en materia de:

¿Cuál es el ámbito de la ley 39/2015?

Llamamos ámbito subjetivo a los sujetos a los cuales se aplica una norma. En este caso, el ámbito de aplicación de la ley 39/2015 incluye a todo el sector público. El sector público comprende:

  • Administración General del Estado
  • Administraciones de las comunidades autónomas.
  • Entidades de la Administración Local.
  • Sector público institucional, que a su vez está compuesto por:
    • Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
    • Entidades de derecho privado, también vinculadas o dependientes. En este caso la ley 39/2015 solo es aplicable en los casos que determine la ley y cuando ejerzan potestades administrativas.
    • Universidades públicas. Estás entidades también tienen una normativa específica, por lo tanto solo se rigen por la ley 39/2015 de manera supletoria.

Los tres primeros colectivos, es decir las administraciones territoriales, se consideran Administraciones Públicas. También tienen está consideración los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de estas.

Por su parte, las corporaciones de derecho público (que son el resto de entidades) se rigen por una normativa específica, resultando de aplicación supletoria la ley 39/2015.

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Días naturales

El concepto de días naturales identifica todos y cada uno de los días del calendario. Es decir, los 365 (o 366) días, que incluyen fines de semanas y festivos.

Aunque parezca un concepto evidente, es muy relevante en Derecho Administrativo. En esta rama del Ordenamiento jurídico hay diferentes formas descontar el tiempo. Por tanto, el hecho de que se estén utilizando días naturales o días hábiles determinará una mayor o menor duración de los términos y plazos así como los días en los que podemos actuar o no. 

¿Qué son los días naturales?

Los días naturales equivalen a cada uno de los días del año. En derecho administrativo es importante conocer este concepto, porque los diferencia los días hábiles o inhábiles.

Por tanto, cuando un plazo vaya señalado en días naturales también computan los sábados, domingos y festivos qué habitualmente quedarían excluidos por ser inhábiles.

¿Cuándo se utilizan los días naturales?

El artículo 30 de la Ley 39/2015 determina que solo pueden utilizarse para el cómputo de plazos administrativos en el caso de que así lo prevea la ley o el Derecho de la Unión Europea. Por tanto, los días naturales son una unidad de medida excepcional.

Esto se debe a que un plazo computado de este modo es mucho más breve que uno computado en días hábiles. Además, en estos casos tendremos que estar pendientes de la tramitación del procedimiento incluso siendo fin de semana o festivo.

Por ejemplo, si estamos obligados a utilizar la notificación electrónica en nuestras relaciones con la Administración, se entenderá que hemos rechazado una notificación cuando transcurran 10 días naturales desde que la administración la haya puesto a nuestra disposición sin que hayamos accedido a su contenido.

Como ves, si los días fueran hábiles estaríamos hablando de dos semanas (casi un 50% más de tiempo) y podríamos estar tranquilos durante los días festivos o los fines de semana, porque no contarían a efectos de entender la notificación como rechazada.

Es muy importante destacar que siempre que los plazos computan por días naturales las notificaciones deberán hacer referencia a esta cuestión. Por tanto, si recibimos una notificación que no especifique nada podemos entender que los plazos solo tienen en cuenta los días hábiles.

¿Cómo se cuentan los días naturales?

Pese a que esta forma de cómputo de plazos sea extraordinaria, se siguen aplicando las normas generales del artículo 30 de la Ley 39/2015:

  • Si el plazo se ha señalado en días, empezará a contar a partir del día siguiente en que nos hayan notificado el acto administrativo o se haya publicado o desde el siguiente a la estimación o desestimación expreso presunta (silencio administrativo).
  • En el caso de contar en meses o años empezaremos el cómputo de la misma manera, terminando el plazo en el día equivalente del mes o año señalado. Si este día no existiera (por ejemplo porque el mes final tiene menos días que el inicial) el plazo termina era el último día natural del mes.

Conclusión

En definitiva:

  • Los días naturales no pueden utilizarse para computar plazos administrativos salvo que así lo prevea expresamente la ley.
  • Cuando esto ocurra, se considerarán incluidos dentro del plazo todos los días, incluyendo los inhábiles.
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Días hábiles: cuáles son y cómo afectan al plazo administrativo

 Los días hábiles son aquellos que computan a efectos de plazos administrativos y en los cuales podemos participar en procedimientos ante la Administración. Por tanto, son los opuestos a los días inhábiles, que incluyen sábado, domingo y días declarados festivos. 

Qué son los días hábiles

En derecho administrativo los días hábiles hacen referencia a aquellos durante los cuales podemos tramitar procedimientos y los que computan a efectos de cumplir plazos. Por tanto, un día hábil es lo contrario a uno inhábil, que son los correspondientes a los festivos y fines de semana, durante los cuales no corren plazos ni podemos participar en actos administrativos.

Cuáles son los días hábiles

Los días hábiles se regulan en el artículo 30 de la Ley 39/2015 (LPACAP). Según esta norma se consideran días hábiles todos salvo:

  • Sábados.
  • Domingos.
  • Festivos.

¿Son lo mismo los días hábiles que los días laborables?

 Aunque están relacionados, como veremos más adelante, los días hábiles no tienen por qué coincidir con los días laborables. De hecho, un día hábil en mi localidad puede convertirse en inhábil si coincide con un festivo en la sede del órgano administrativo. 

¿Cómo influyen los días hábiles al cómputo de plazos?

En principio, siempre que la ley haga referencia a un plazo sin especificar que habla de días naturales, estará teniendo en cuenta tan solo los días hábiles.

Lo mismo ocurre con las horas. Es decir, salvo que una ley reglamento determine otra cosa, cuando un plazo se estipula en días horas se entiende que son hábiles. Así lo determina el artículo 30 de la Ley 15/2019.

¿Cómo se cuentan los plazos activos?

Cuando un plazo se expresa en días (que, como vemos, se consideran hábiles), comenzara a contar a partir del día siguiente a aquel en que sea conocido. Es decir:

  • Día siguiente al que tenga lugar la notificación.
  • En su caso, día posterior al de publicación.
  • Y cuando se trate de pronunciamientos, día posterior a aquel en que se produzca la Estimación o desestimación expresa o tacita (por silencio administrativo).

Qué ocurre cuando el plazo se fija en meses o años

También puede ocurrir que la ley determine un plazo en meses o años. Cuando ocurre esto tendremos que empezar a contar del mismo modo que cuando se fija en días hábiles.

Sin embargo, la finalización del plazo coincidirá con el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, dentro del mes o año señalado por el plazo.

Por supuesto, puede ocurrir que este día no exista en el calendario. Imaginemos que tenemos un mes para contestar a un requerimiento y que el plazo comienza el 31 de enero. En este caso no existe día 31 en febrero. ¿Cómo lo resolvemos?

Cuando no exista un día equivalente dentro mes año en que concluye el plazo, se entenderá que esté termina el último día del mes. Por ejemplo en el caso que hemos planteado hablaríamos del 28 o 29 de febrero.

¿Qué ocurre cuando el último día del plazo es inhábil?

Como hemos visto, solo podemos intervenir en actos administrativos durante los días hábiles. Por lo tanto, cuando el plazo no termine en uno de estos días, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

¿Y si es un día hábil a nivel local pero no en la sede del órgano?

También puede ocurrir que el día sea hábil en nuestra localidad pero no en el órgano administrativo o viceversa. Ante estas situaciones, con el objetivo de evitar la indefensión, el día se considerará en todo caso inhábil.

¿Existe un calendario de días hábiles?

Si, tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las Comunidades Autónomas están obligadas a fijar un calendario de días inhábiles dentro de su ámbito con sujeción al calendario laboral oficial.

Estos calendarios se publican antes de que empiece el año natural oficial y otros medios como sus páginas web. Pese a ello, la ley señala el hecho de que un día sea hábil no garantiza el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas. Es decir, siempre cabría que estos estuvieran paralizados por causas diferentes al calendario de días hábiles.

Conclusión y recursos útiles

En conclusión:

A través de estos enlaces puedes comprobar si el día de hoy es hábil o inhábil para las diferentes administraciones territoriales.

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Plazos administrativos: el modo correcto de contarlos

Los plazos administrativos determinan el periodo de tiempo durante el cual podemos intervenir en el procedimiento, así como la fecha de efectos del mismo. Por tanto, es imprescindible contar correctamente estos plazos para saber si podemos presentar recursos o si el acto administrativo o la resolución siguen siendo efectivos. 

¿Dónde se regulan los plazos administrativos?

Los términos y plazos administrativos se regulan en la Ley 39/2015 (LPACAP). Esta norma dedica sus artículos 29 al 33 explicar cómo deben comportarse correctamente los plazos administrativos.

La norma nos recuerda que los términos y plazos administrativos no solo vinculan a los interesados sino también a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Por tanto, no solo nosotros debemos cumplir los plazos, sino también la propia Administración.

La actuación administrativa fuera de plazo nos dará derecho a presentar los correspondientes recursos administrativos y, en caso de ser desoídos, recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cómo computar los plazos administrativos 

A la hora de computar correctamente los plazos administrativos tenemos que diferenciar los días hábiles de los días inhábiles.

  • Son días hábiles aquellos en los cuales podemos intervenir en el procedimiento administrativo. Por tanto, son los únicos que computan efectos de términos y plazos administrativos. En principio son todos los días salvo los sábados, domingos y festivos.
  • Son días inhábiles aquellos en los cuales no se pueden realizar actuaciones administrativas. Como hemos visto, se trata de los sábados, domingos y festivos, aunque también puede haber otros declarados inhábiles cómo veremos a continuación.

En general, salvo que una norma establezca lo contrario, los plazos expresados por horas podías se considerarán referidos a horas y días hábiles.

Por su parte, los plazos expresados en meses o años presentan una forma especial de cómputo:

  • Comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto o se produzca la estimación o desestimación expresa o por silencio administrativo.
  • Terminarán de correr el mismo día en que se produjo esta notificación, publicación o resolución, dentro del mes o año señalado por el plazo.
    Puede ocurrir que este día no exista. Por ejemplo, si nos conceden un plazo de un mes el día 31 de enero, no dispondremos de un día 31 de enero de febrero. En estos casos el plazo concluirá el último día del mes.

Cuando un día sea hábil en nuestro municipio o comunidad autónoma pero no en la sede del órgano administrativo viceversa, se considerará en todo caso inhábil. De este modo se evita que podamos sufrir indefensión.

¿Existe un calendario de términos y plazos administrativos?

Anualmente, tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las Comunidades Autónomas, publican un calendario de días inhábiles sujeto al calendario laboral. Gracias a estos calendarios podemos hacer un mejor seguimiento de los plazos administrativos.

A continuación incluimos una serie de enlaces para que puedas consultar el calendario de cada una de las administraciones territoriales.

¿Cuáles son los plazos para resolver y notificar un procedimiento?

Cada procedimiento administrativo está sometido a su normativa específica. Esta puede determinar el plazo en que la Administración actuante estará obligada a resolverlo y a notificar su resolución a los interesados.

Como norma subsidiaria se aplica la ley 39/2015, que establece:

  • Que los plazos establecidos en estas normas especiales no pueden superar los 6 meses. Este límite se lo puede rebajarse si así lo autoriza una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea.
  • Que, a falta de concreción del plazo para resolver y notificar, este será de 3 meses.
  • Por último, que el plazo para resolver y notificar empezará a contar:
    • Desde la fecha del acuerdo de iniciación, siempre que haya sido la propia Administración que iniciará el acto de oficio.
    • O a partir de la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el Registro Electrónico de la administración cuando se iniciará a solicitud del interesado. 

¿Cuáles son los plazos para presentar alegaciones en el trámite de información pública?

En cada caso deberá determinarse el plazo para formular alegaciones en el anuncio de información pública. Sin embargo, este plazo nunca puede ser inferior a 20 días.

¿Cómo se cuentan los plazos administrativos en los registros?

Aunque cada vez es más frecuente utilizar registros electrónicos, que están abiertos las 24 horas del día, todavía existen trámites que se deben realizar presencialmente. Las Administraciones Públicas deben publicar los horarios de sus registros.

Aunque los registros electrónicos estén abiertos las 24 horas del día, toda la documentación presentada en día inhábil se entenderá realizada durante la primera hora del primer día hábil siguiente. En estos casos los documentos se consideran presentados por orden de entrada.

Sin embargo, siempre se considerará anterior un documento que se haya remitido durante el día inhábil que aquel que se presente a primera hora del día hábil.

Cabe destacar que los registros electrónicos cuentan con su propio calendario de días inhábiles. En este sentido, no se aplica a la sede electrónica el calendario general, sino tan solo el de los registros electrónicos.

¿Cómo puedo ampliar los plazos administrativos?

Salvo que una norma lo impida, la administración puede conceder de oficio o a petición del interesado una ampliación de los plazos administrativos. En principio, está ampliación no puede ser mayor a la mitad del plazo completo.

Por supuesto, antes de conceder la ampliación de los plazos administrativos se deberán estudiar las circunstancias del caso y los derechos de terceros implicados. En ningún caso se podrá perjudicar a estas personas, que serán notificadas de la ampliación de los plazos.

La LPACAP determina que cuando se solicita la ampliación de un plazo administrativo tramitado por misiones diplomáticas y oficinas consulares o impliquen trámites de extranjería se concederá por su tiempo máximo permitido. Es decir, un 50% del plazo total.

¿Qué ocurre con los plazos si ha habido una incidencia informática?

Aunque nuestra administración está intentando digitalizarse, los registros electrónicos siguen dando muchos problemas. Por tanto, es relativamente común que ocurran en informáticas cuando acudimos a procedimientos de concurrencia (solicitud de subvenciones, inscripción en pruebas selectivas…).

Siempre que una incidencia técnica imposibilite que se cumplan los plazos administrativos la administración está habilitada para ampliarlos. Para ello basta con que publique en su sede electrónica la existencia de la incidencia y la ampliación concreta del plazo no vencido.

¿Qué ocurre con los plazos administrativos en los procedimientos de urgencia?

En determinadas ocasiones, siempre que el interés público lo aconseje, se puede acordar la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo. Para ello basta que lo solicite el interesado o que el propio órgano lo acuerde de oficio al entender qué es necesario agilizar el trámite.

En los procedimientos de urgencia todos los plazos administrativos se reducen a la mitad, salvo aquellos reservados para la presentación de solicitudes y recursos. En materia de recursos debemos destacar que no se puede impugnar el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia.

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Contratos del Sector Público

Ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público

El ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) abarca a las entidades que integran la Administración Local, incluyendo a los organismos dependientes y las Comunidades Autónomas.

Concepto de contratos del sector público

Se consideran contratos del sector público aquellos contratos onerosos celebrados por las entidades del sector público. El hecho de que un contrato se considere como contrato del sector público supone el sometimiento a la LCSP.

Los contratos son de carácter oneroso siempre que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, directa o indirectamente.

Estarán sujetos a la aplicación de la ley todos aquellos contratos subvencionados por entidades que sean considerados como poderes adjudicadores, celebrados por otras personas físicas o jurídicas como está previsto en el artículo 23, en lo que se refiere a los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público

La Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) considera que forman parte del sector público:

  • AGE; Administraciones de las CCAA; Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las demás Entidades que integran la Administración local.
  • Gestoras y Servicios de la Seguridad Social.
  • Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes.
  • Consorcios referidos en la Ley 40/2015 o en la legislación aduanera.
  • Fundaciones públicas que:
    • Se constituyan con mayoría de entidades integradas en el sector público, o que reciban esa aportación con posterioridad a su constitución.
    • Aquellas cuyo patrimonio supere el 50% y esté integrado por bienes aportados o cedidos por sujetos del sector público.
    • Y aquellas donde la mayoría de votos en su patronato corresponda a representantes del sector público.
  • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Entidades Públicas Empresariales referidas en la Ley 40/2015 y cualquier entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada a un sujeto que pertenezca al sector público o que sea dependiente de él.
  • Sociedades mercantiles cuyo capital social sea superior al 50% o, no alcanzánolo, estén contempladas en el art. 5 LMV.
  • Fondos sin personalidad jurídica.
  • Entidades con personalidad jurídica propia sin carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que pertenezcan al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
  • Asociaciones entre entidades.
  • Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco.

Los consorcios y otras entidades de derecho público no deben estar financiados mayoritariamente con ingresos del mercado, a menos que sean considerados productor de mercado, en conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

Poderes adjudicadores de la Ley de Contratos del Sector Público

Los poderes adjudicadores son entes competentes para adjudicar contratos del sector público. Se trata de un concepto comunitario, que señala a entidades:

  • De derecho público.
  • Dotadas de personalidad jurídica.
  • Financiadas mayoritariamente con fondos públicos.
  • Y cuyo objetivo es satisfacer necesidades de interés general.

Conforme al ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, son poderes adjudicadores:

  • Administraciones Públicas.
  • Fundaciones Públicas.
  • Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  • Asociaciones constituidas entre las entidades.
  • Partidos políticos, en lo referido en el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos.
  • Sindicatos regulados en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.
  • Organizaciones empresariales y asociaciones profesionales referidas en la Ley 19/1977 sobre la regulación del derecho de asociación sindical, además de las fundaciones o asociaciones que estuvieran vinculadas.
  • Los sujetos que estén obligados deberán crear reglas internas en materia de contratación adecuándose a la normativa comunitaria. Estas deberán ser informadas antes de su aprobación y tendrán que ser publicadas en sus respectivas páginas web.

Objetivo inspirador de la Ley de Contratos del Sector Público

El principal objetivo de la Ley de Contratos del Sector Público, según se manifiesta claramente en su Preámbulo, es lograr una mayor transparencia en la contratación pública y una mejor relación entre calidad y precio.

Los órganos de contratación deben velar para que el modelo de los criterios de adjudicación permita alcanzar obras, suministros y servicios de alta calidad. Específicamente se deberán incluir criterios de carácter cualitativo, medioambientales, sociales e innovadores, al procedimiento administrativo de adjudicación, vinculados directamente con el objeto del contrato.

Como se indica en el texto, el sistema legal de contratación pública establecido en la ley busca aclarar las normas vigentes para una mayor seguridad jurídica. Se intenta conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento de implementación de políticas europeas y nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la libre competencia.

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Contratos del Sector Público

Ley de Contratos del Sector Público

El objetivo principal de la Ley de Contratos del Sector Público es la regulación del sector para poder garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad y a la transparencia de los procedimientos.

Asimismo, la ley regula la eficiente utilización de los fondos que serán destinados a las obras, a la adquisición de bienes o a la contratación de determinados servicios, salvaguardando la libre competencia y seleccionando a la oferta económicamente más ventajosa.

En todas las contrataciones públicas deben tenerse en cuenta criterios sociales y medioambientales que se vinculen directamente con el objeto del contrato. Se asegura de esta forma una relación mejorada entre la calidad y el precio.

La ley facilita, entre otras cosas, la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

Polémica reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

El Boletín Oficial del Estado publicó un decreto-ley el pasado 5 de febrero, donde figuran las modificaciones a la Ley de Contratos del Sector Público que han llamado la atención a prestigiosos juristas. El cambio en cuestión está centrado en la eliminación de un párrafo del artículo 118 de la ley, vinculado directamente con los contratos menores.

El director del Observatorio de la Contratación Pública, José María Gimeno Feliu ha calificado a esta reforma como un paso atrás en la lucha contra la corrupción. En cambio, Joaquín Sarrión, Investigador Ramón y Cajal en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y experto en Derecho público, entiende que en el entorno universitario los umbrales se superaban fácilmente y no quedaba claro quién era la entidad contratante.

A modo de ejemplo y siguiendo el ámbito universitario, en las universidades se contratan servicios para publicar un libro y, si pasado un tiempo se quiere publicar otro, debe considerarse como un servicio diferente. No existe, por tanto, una situación en la que exista intencionalidad de fraccionar.

Objetivos de la Ley de Contratos del Sector Público

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, como estamos viendo, tiene como objetivo un sistema de contratación pública que ofrezca transparencia. Se trata de que la contratación pública sea más transparente y ofrezca la mejor relación entre calidad y precio.

Intenta potenciar aspectos de carácter social y medioambiental, y pretende evitar las ofertas demasiado bajas. Igualmente se trata de ir disminuyendo el entorno burocrático y administrativo, simplificando al máximo los trámites, inevitables en un procedimiento administrativo.

Alcance de la Ley de Contratos del Sector Público

Según se especifica claramente en el artículo 64, la aplicación de la ley es el instrumento idóneo contra las prácticas corruptas.

  • Se establecen mandatos a los órganos de contratación para que se establezcan las medidas adecuadas para la lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. Asimismo, tendrán que prevenir, detectar y solucionar cualquier conflicto de intereses que puedan surgir en los procedimientos de las licitaciones. Asimismo, la ley, en su artículo 71.1 inciso a, prohíbe la contratación a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos de corrupción.
  • Se actualiza el perfil del contratante agrupando información y documentos vinculados a su actividad contractual, asegurando transparencia en el acceso al sector público.
  • Desaparece el contrato de gestión de servicios públicos, que ahora deberán regularse mediante concesiones de servicios.
  • Se regulan a los contratos menores para evitar abusos en su utilización. Se exige el informe del órgano de la contratación con el informe de los motivos de la necesidad del contrato.
  • La adjudicación de los contratos mixtos es regulada en el artículo 18 de la ley atendiendo al carácter de la prestación principal, es decir, se aplican las normas del contrato a la prestación de valor más alto.
  • Se introducen medidas de contratación electrónica, prevista en la Ley de Contratos del Sector Público en sus 15a. Y 16a. disposiciones adicionales. Las notificaciones pueden realizarse mediante dirección electrónica o comparecencia electrónica; los procedimientos de adjudicación serán exclusivamente utilizando medios electrónicos y la presentación de ofertas y solicitudes de participación también deberán ser llevadas a cabo usando medios electrónicos.
  • Se suprime la nulidad, aunque se puede hacer valer mediante el recurso especial de las contrataciones, además del recurso especial en materia de contratación.

Modificación normativa

Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, algunas leyes han quedado modificadas:

  • Ley 8/1989, sobre el régimen jurídico de las tasas y los precios públicos.
  • Ley 37/1992, sobre el IVA.
  • Ley 58/2003, General Tributaria.
  • Real Decreto 2/2004, refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Ley 37/2007, sobre la reutilización de la información del sector público.
  • Real Decreto 1/2013, refundido de la Ley General de Derechos de personas con discapacidad.
  • Ley 40/2015, sobre el régimen jurídico del Sector Público.