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Medidas cautelares del Contencioso-Administrativo

Las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo trata de evitar las lesiones que se derivarían de una dilación del proceso. En la anterior regulación del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo solo se permitía, de un modo restrictivo, solicitar la suspensión del acto impugnado.

Inspirada por el Derecho comparado y Comunitario, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (29/1998, en adelante LJCA) introdujo nuevos mecanismos para evitar tales lesiones.

Las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo

Así, la reforma de esta jurisdicción posibilitó la adopción de medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo cuando el recurso fundamentara adecuadamente la existencia del riesgo de que el resultado del proceso terminara perjudicado en caso de no adoptarlas.

Por otro lado, la LJCA ha ampliado las posibles medidas cautelares. Ya no se admite únicamente la suspensión del acto, sino cualquier medida que «asegure la efectividad de la Sentencia».

Cuándo pueden solicitarse las medidas cautelares en el orden Contencioso-Administrativo

La LJCA permite a los interesados solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Eso sí, condiciona su concesión a determinadas circunstancias:

  • Previa valoración circunstanciada de los elementos en conflicto.
  • Que la ejecución del acto o aplicación de la disposición puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso.
  • En el caso de que pueda producir perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, la medida cautelar podrá denegarse.

Al margen de estos requisitos, para la adopción de medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo se podrían solicitar garantías adicionales.

Por último, existen excepciones a la posibilidad de solicitar la garantía en cualquier estado del proceso. Tales excepciones son:

  • Si lo que se impugna es una disposición general y lo que se solicita es la suspensión de su vigencia, la medida cautelar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en la demanda (art. 129).
  • Cuando se impugna la vía de hecho o la inacción, la medida cautelar puede solicitarse antes de la interposición del recurso (art. 135)

Admisión de las medidas cautelares

El órgano jurisdiccional solo acordará las medidas cautelares cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso, previa valoración de las circunstancias de todos los interesados.

Es decir, al contrario de lo que ocurre en otros órdenes, las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo no se adoptan siguiendo el principio fumus boni iuris sino el periculum rei (riesgo de perder el asunto).

Además, como se ha indicado, podrán denegarse cuando pudieran producir una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero.

Tramitación de las medidas cautelares

El incidente cautelar se sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria.

El plazo establecido para ello es diez días. Se resolverá mediante auto en plazo de cinco días.

En el caso de que la Administración demandada no hubiera comparecido todavía, se dará audiencia al órgano autor de la actuación impugnada.

Además, en situaciones de urgencia cabría la adopción de medidas cautelares sin oír a la parte contraria.

Vigencia de las medidas cautelares

Las medidas cautelares mantienen su vigencia hasta que finalice el procedimiento principal (sea por Sentencia o de otro modo).

Por otro lado, pueden ser modificadas o revocadas en caso de cambiar las circunstancias que las motivaron. Sin embargo, la modificación o revocación no puede hacerse en consideración al avance del asunto respecto a:

  • Su análisis formal o de fondo.
  • Los criterios de valoración aplicados por el órgano jurisdiccional a la hora de decidir el incidente cautelar.

Garantías

Si de las medidas cautelares pueden derivarse perjuicios, se podrán acordar medidas adecuadas para evitarlos o paliarlos. En este sentido:

  • Puede exigirse la presentación de caución o garantía suficientes para responder de tales perjuicios. En este caso, la medida cautelar no producirá efectos hasta que esté constituida y acreditada en autos la garantía.
  • También puede exigirse una indemnización en caso de que el perjuicio tenga lugar.

La garantía queda cancelada cuando se renuncia a la misma, no se acredita el derecho o cobrarla o no se solicita en plazo de un año desde el alzamiento.

Situaciones de urgencia

En caso de que los interesados aleguen la concurrencia de circunstancias de especial urgencia, el órgano jurisdiccional puede acordar mediante auto, en plazo de dos días y sin oír a la parte contraria:

  • Apreciar tales circunstancias y adoptar o denegar la medida. No cabe recurso contra este auto. Además, se concederá audiencia en plazo de 3 días para alegar lo procedente, o se convocará a las partes en dicho plazo. Transcurrido el plazo de alegaciones, el Juez o Tribunal dictará nuevo auto, ordenando el levantamiento, mantenimiento o modificación de las medidas adoptadas. Este auto sí es recurrible.
  • No apreciar tales circunstancias. En este caso se ordenará la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento general. Los interesados no podrán volver a solicitar medidas urgentes.

Cuando se aleguen circunstancias de especial urgencia se oirá previamente al Ministerio Fiscal, siempre que el asunto afecte a menores y toque materia de extranjería, asilo político o condición de refugiado implicando su retorno.

Omisión de la obligación de realizar prestaciones y vía de hecho

Cuando la Administración esté obligada a realizar prestaciones o actúe por la vía de hecho se adoptará la medida salvo que resulte evidente que:

  • No se dan las condiciones previstas.
  • O no se perturban gravemente los intereses generales o los de un tercero.

En estas situaciones, como se ha anticipado, se pueden solicitar las medidas cautelares antes de interponer el recurso.

Al interponerlo, el interesado deberá ratificarse. El recurso deberá presentarse en plazo de 10 días desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.

En los 3 días siguientes el Secretario judicial convocará a comparecencia a las partes.

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Otros recursos contra resoluciones judiciales contencioso-administrativas

Además de los conocidos recursos de reposición, de apelación y de casación existe la posibilidad de interponer otros recursos contra resoluciones judiciales contencioso-administrativas. En concreto nos referimos al recurso de revisión, al recurso de reposición contra resoluciones del Secretario judicial y al incidente de nulidad de actuaciones.

La revisión de sentencias

Se puede revisar una sentencia firme cuando:

  • Después de pronunciada se recobraran documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado.
  • Hubiera recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquella, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
  • Habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
  • Se hubiera dictado en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta.

También se puede presentar recurso de revisión contra resoluciones judiciales firmes cuando el TEDH haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

Legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en el procedimiento de revisión

La legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en el procedimiento de revisión son las determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para el recurso homónimo.

En particular:

  • El plazo de interposición es de cinco días.
  • Se inicia mediante escrito, citando la infracción cometida por la resolución.
  • El Secretario judicial, tras admitir el recurso, concederá a las partes personadas un plazo de 5 días para impugnar el recurso.
  • El Tribunal resolverá mediante auto en plazo de 5 días tras el plazo de impugnación.

Revisión en materia de responsabilidad contable

El recurso de revisión en materia de responsabilidad contable sigue las normas establecidas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En particular:

  • Se puede interponer cuando:
    • Tras pronunciarse la sentencia aparezcan nuevos documentos decisivos.
    • Se descubra que en las cuentas existieron errores trascendentales o anomalías de gran entidad.
    • La sentencia recayera en virtud de documentación falsa o de prevaricación, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.
    • El pronunciamiento se basara en una cuestión prejudicial posteriormente contradicha en el orden competente.
    • Existiera resoluciones contradictorias entre los órganos de la jurisdicción contable o con sentencias del TS.
  • La interposición y tramitación sigue los trámites ya mencionados en la LEC.

Recursos contra las resoluciones del Secretario judicial

Se puede presentar recurso de reposición contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario judicial, salvo que la Ley prevea el recurso directo de revisión.

El recurso de reposición se interpone en plazo de 5 días desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. En caso contrario, se inadmitirá mediante decreto recurrible en revisión.

Interpuesto el recurso, el Secretario judicial dará traslado a las demás partes por plazo de 3 días para que puedan impugnarlo. Transcurrido el plazo, resolverá mediante decreto en plazo de 3 días.

Contra este decreto no cabe recurso alguno, aunque puede reproducirse la cuestión al recurrir, en su caso, la resolución definitiva.

También puede interponerse contra:

  • Decretos por los que se pone fin al procedimiento o impidan su continuación, aunque no producirá efectos suspensivos.
  • Decretos expresamente previstos en los casos legalmente previstos.
  • En estos casos, el plazo de presentación será de 5 días, el de audiencia de otros 5 días y el de resolución (mediante Auto del Juzgado o Tribunal) de otros 5 días. Contra las resoluciones de admisión o inadmisión no caben recursos. Contra el auto que resuelva el recurso solo caben recursos de apelación y casación.

El incidente de nulidad de actuaciones en el orden contencioso-administrativo

Este incidente se encuentra regulado en la LEC (art. 228) y la LOPJ (art. 241). Se trata de un incidente excepcional y subsidiario.

Solo puede presentarse el incidente cuando una parte legítima o que hubiera debido serlo sufra vulneración de derechos fundamentales protegidos por el art. 53.2 de la Constitución. Además, es necesario que:

  • No se haya podido denunciar esta vulneración antes de que recayera la resolución que pusiera fin al proceso.
  • Esta resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

El competente para conocer del incidente es el Tribunal que dictara la resolución impugnada.

Este recurso debe presentarse en un plazo de 20 días desde:

  • La notificación de la resolución.
  • O desde que se conociera el recurso que produjo la indefensión. En este caso no puede solicitarse la anulación de actuaciones si han transcurrido 5 años.

La resolución impugnada solo quedará en suspenso si se acuerda de forma expresa.

En caso de estimarse el recurso, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto del que naciera la nulidad.

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Recurso de casación contencioso-administrativo

El recurso de casación contencioso-administrativo permite que el TS o el TSJ revisen un pronunciamiento judicial de un órgano inferior jerárquicamente. Se trata, por tanto, del último recurso al que pueden recurrir las partes en el proceso contencioso-administrativo para lograr la revisión de una sentencia.

Como los restantes recursos contencioso-administrativos, se regula en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

La interposición de este tipo de recursos suele ser compleja, ya que requiere una preparación previa y tiene motivos de admisión tasados. No es de extrañar, ya que la sentencia que se dicta al resolverlos constituye jurisprudencia y, por tanto, vincula a todo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Recurso de casación contencioso-administrativo

El recurso de casación contencioso-administrativo puede interponerse frente a las sentencias dictadas:

  • En única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
    • Para ello deben contener doctrina que se entienda gravemente dañosa para los intereses generales y ser susceptibles de extensión de efectos.
  • En única instancia o apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.
    • En el caso de las Sentencias de los TSJ, el recurso debe fundarse en infracción de normas de Derecho Estatal o de la Unión Europea, siempre que fueran invocadas oportunamente o consideradas por la Sala sentenciadora (juez a quo).

También son susceptibles del recurso de casación los autos de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, previa interposición del recurso de reposición que:

  • Declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o imposibiliten su continuación.
  • Pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.
  • Recaigan en ejecución de sentencia. cuando resuelvan cuestiones no decididas directa o indirectamente en esta o contradigan sus términos.
  • Dictados en el caso previsto en el art. 91 LJCA. Se trata de aquellos supuestos en que se solicite la ejecución provisional de la sentencia.
  • Dictados en aplicación de los arts. 110 y 111 LJCA. Se trata de procesos en materia tributaria, de personal y de unidad de mercado o de procesos de tramitación preferente en los que se solicite la extensión de efectos de la sentencia principal.

Resulta competente para resolver estos recursos:

  • Cuando el recurso de casación contencioso-administrativo se base en infracción de normas autonómicas, una Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
  • En el resto de casos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable se regirán conforme a su Ley de Funcionamiento.

Excepciones al recurso de casación contencioso-administrativo

No son susceptibles del recurso de impugnación mediante el recurso de casación contencioso-administrativo las sentencias dictadas en los procesos:

  • Para la protección del derecho fundamental de reunión.
  • Contencioso-Electorales.

Recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

Se limita a cuestiones de derecho, excluyendo las cuestiones de hecho. Sus pretensiones son:

  • Anulación total o parcial de la sentencia o auto impugnado.
  • En su caso, devolución de los autos al Tribunal de instancia o resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

Admisión a trámite

Para admitirse el recurso de casación contencioso-administrativo debe:

  1. Invocarse una concreta infracción del ordenamiento (sea procesal o sustantiva) o de la jurisprudencia.
  2. Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS debe estimar que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Lo cual ocurrirá, de forma motivada, cuando la resolución impugnada:
    1. Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales.
    2. Siente doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales sobre estas normas.
    3. Afecte a un gran número de situaciones.
    4. Resuelva un debate sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley sin que esté claro que no se deba presentar cuestión de inconstitucionalidad.
    5. Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.
    6. Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del TJUE o cuando pueda ser exigible la intervención prejudicial del mismo.
    7. Resuelva un proceso en que se impugnara directa o indirectamente una disposición de carácter general.
    8. Resuelva un proceso en que se impugnara un convenio celebrado entre Administraciones Públicas.
    9. Se dictara en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

Al respecto del interés casacional objetivo, se presumirá cuando:

  • Se aplicaran normas sobre las que no existe jurisprudencia.
  • La resolución se apartara deliberadamente de la jurisprudencia existente por considerarla errónea.
  • Se declare nula una disposición de carácter general salvo que, evidentemente, carezca de trascendencia suficiente.
  • Resuelva recursos contra actos o disposiciones de organismos reguladores, de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional.
  • Resuelva actos o disposiciones de Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Preparación del recurso

El recurso de casación contencioso-administrativo debe prepararse ante la Sala de instancia en plazo de 30 días desde el siguiente a la notificación de la resolución recurrida (o la sentencia o auto quedarán firmes). Están legitimados para ello quienes hayan sido o debieran haber sido parte en el proceso.

El escrito de preparación debe contener:

  • Acreditación del cumplimiento de los requisitos reglados (plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada).
  • Identificación precisa de las normas o jurisprudencia que se considere infringida. Además, debe justificarse que se alegó en el proceso o se tomaron en consideración o debieron tomarse en consideración por la Sala de instancia.
  • Acreditación, en su caso, de que se produjo indefensión y se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia si existió momento procesal oportuno.
  • Justificación de la relevancia de las infracciones imputadas y de que resultan determinantes de la decisión adoptada que se recurre.
  • Si la sentencia se dictó en un TSJ, justificación de que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho Estatal o de la Unión Europea.
  • Especialmente, fundamentar que concurren supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala.

En caso de no reunir los objetivos, la Sala de instancia declarará no preparado el recurso mediante auto. Contra este auto tan solo cabe el recurso de queja.

En caso de que sí se cuplan, la Sala tendrá por preparado el recurso mediante auto motivado. Ordenará el emplazamiento de las partes en el plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS y remitirá a esta los autos originales y el expediente administrativo. También puede emitir opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia.

Contra el auto de admisión no caben recursos, aunque sí oposición frente al TS.

Admisión del recurso de casación contencioso-administrativo

Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo puede oír a las partes personadas por plazo de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

La admisión o inadmisión se decidirá por esa Sección:

  • Mediante providencia de inadmisión o auto de admisión en los supuestos del art. 88.2. Se trata de aquellos supuestos donde el interés casacional objetivo no se presume.
  • Mediante auto de inadmisión o admisión cuando se presuma interés casacional objetivo o el órgano a quo hubiera emitido informe favorable la inadmisión.

No cabe recurso contra las providencias y autos de admisión o inadmisión. Además, en caso de inadmisión se impondrán las costas al recurrente.

Ejecución provisional

La preparación del recurso no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes pueden instarla, acordándose medidas que eviten o palien los eventuales perjuicios en su caso. También podrá exigirse la prestación de caución o garantía.

Resolución del recurso

Admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación para:

  • Remitir las actuaciones a la Sección competente para la tramitación y decisión del recurso.
  • Hacer saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días para presentar el escrito de interposición del recurso.

Si no se presenta el escrito se declarará desierto el recurso, ordenándose la devolución de las actuaciones. En caso de interponerse, contendrá:

  • Exposición razonada de las normas o jurisprudencia infringidas. No podrá abarcar otras que las alegadas en el escrito de preparación. Además, las sentencias del TS deberán ser analizadas.
  • Precisión del sentido de las pretensiones de la parte y los pronunciamientos solicitados.

En caso de venir incompleto se dictará sentencia de inadmisión e imponiendo las costas causadas. De lo contrario, se dará traslado a las partes recurridas y personadas para que puedan oponerse en plazo de 30 días. En la oposición no se puede pretender la inadmisión del recurso.

Transcurrido el plazo, si cualquier parte pidió por otrosí la celebración de vista pública se hará salvo que se considere innecesaria. En caso contrario se declarará el recurso concluso y pendiente de votación y fallo.

Cuando lo estime conveniente, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS puede acordar que los actos de vista pública o votación y fallo tengan lugar frente al Pleno de la Sala.

El órgano competente dictará sentencia en plazo de 10 días desde que termine la deliberación para votación y fallo.

Efectos de la sentencia

La sentencia fijará la interpretación de las normas sobre las que se considerara necesario el pronunciamiento del TS. Además, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso.

Podrá anular la sentencia o auto recurrido en todo o en parte, o bien confirmarlos. En su caso, puede ordenar la retroacción de actuaciones.

Si se aprecia una falta de competencia se anulará la resolución para indicarse el órgano competente.

El TS puede añadir a los hechos probados en la Sala de instancia aquellos que, omitidos, estén suficientemente justificados y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada.

Por último, la sentencia resolverá lo procedente en materia de costas.

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Recurso de apelación administrativo

El recurso de apelación administrativo permite que una sentencia dictada en primera instancia sea revisada por el superior jerárquico del juez a quo. Se trata de uno de los recursos contencioso-administrativos de los que disponen las partes de estos procesos para garantizar que el pronunciamiento judicial se ajusta a Derecho.

Recurso ordinario de apelación

El recurso de apelación puede presentarse frente a Sentencias de Juzgados de lo contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo salvo que:

Siempre puede presentarse este recurso frente a las sentencias que:

  • Declaren la inadmisibilidad del recurso por razón de la cuantía.
  • Se dicten en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
  • Resuelvan litigios entre Administraciones Públicas.
  • O resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

Legitimación para interponer el recurso de apelación administrativo

Puede interponer el recurso quien se halle legitimado como parte demandante o demandada.

Efectos de la admisión del recurso de apelación administrativo

Salvo que la ley disponga otra cosa, el recurso de apelación contra sentencias es admisible en ambos efectos (devolutivo y suspensivo). Sin embargo, el Juez puede adoptar las medidas cautelares pertinentes para asegurar la ejecución de la sentencia a instancia de la parte interesada.

  • La interposición del recurso de apelación no impide la ejecución provisional de la sentencia recurrida. De hecho, las partes favorecidas pueden instar su ejecución provisional.
  • Si pueden derivarse perjuicios de la ejecución provisional se podrán acordar medidas para evitarlos o paliarlos. Además, se puede exigir que se preste caución o garantía para responder de ellos (salvo que sea la Administración quien inste la ejecución provisional). En este caso no se llevará a cabo la ejecución provisional hasta que se constituya y acredite la caución o garantía.
  • En ningún caso se acordará la ejecución provisional si es susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación.

El Juez resolverá sobre la ejecución provisional en el término de 5 días previa audiencia de las partes.

Interposición del recurso ordinario de apelación contencioso-administrativo

El recurso de apelación debe interponerse ante el Juzgado que dictara la sentencia apelada, dentro de los 15 días siguientes a su notificación.

El escrito de apelación

El recurso de apelación administrativo se presenta en escrito razonado, que contendrá las alegaciones en que se fundamente el recurso. En caso de que transcurra este plazo sin haberse interpuesto el recurso, el Secretario judicial declarará la firmeza de la sentencia.

  • Si el escrito cumple estos requisitos, el Secretario judicial dictará resolución admitiendo el recurso. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Además, dará traslado a las partes para que puedan formalizar oposición en plazo de 15 días.
  • En caso contrario, lo pondrá en conocimiento del Juez para que deniegue la admisión mediante auto si lo estima oportuno. Contra este auto cabe recurso de queja, sustanciado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En los escritos de interposición y oposición, las partes pueden pedir:

  • El recibimiento a prueba para la práctica de las denegadas o las no debidamente practicadas por causas que no les sean imputables.
  • Que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites para sentencia.

Si la parte apelada entiende admitida indebidamente la apelación debe hacerlo constar en su escrito de oposición. El Secretario judicial dará vista a la apelante por plazo de 5 días.

El apelado también podría adherirse a la apelación, indicando los puntos que entienda perjudiciales. En este caso, el Secretario judicial dará traslado al apelante del escrito de oposición por plazo de 10 días, para que pueda oponerse a la adhesión.

Resolución del recurso

Transcurridos estos plazos, el Juzgado elevará los autos y el expediente administrativo junto a los escritos presentados. Además, se ordenará el emplazamiento de las partes para su comparecencia en plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, que resolverá lo conveniente sobre la admisión del recurso o el recibimiento a prueba.

  • Si la Sala estima procedente la prueba, se practicará con citación de las partes.
  • El Secretario judicial acordará, en su caso, la celebración de vista o la presentación de conclusiones. Para ello hará el oportuno señalamiento. Se seguirá el procedimiento especificado para el procedimiento en primera o única instancia.
  • Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Secretario judicial declarará que el pleito está concluso para sentencia.

Si la Sala revoca en apelación la sentencia impugnada que hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo resolverá también sobre el fondo del asunto.

El recurso de apelación administrativo contra autos

Cabe recordar que el recurso de apelación en el orden contencioso-administrativo también puede presentarse contra determinados autos.

Ya hemos tratado este uso del recurso de apelación en nuestro artículo sobre recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos.

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Recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos

Existen dos recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos. En primer lugar está el recurso de reposición, que debe resolver el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Y en segundo lugar se puede recurrir a la apelación, cuya resolución corresponde al superior jerárquico del Juez a quo.

Recurso de reposición (antes también súplica)

El recurso de reposición en el orden contencioso-administrativo no debe confundirse con su homónimo administrativo. Mientras que el primero es de tipo judicial, el segundo es de tipo administrativo.

La diferencia entre uno y otro no es tan solo la vía en que se practica. Así, el primero pretende que el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo se replantee una providencia o auto. El segundo, sin embargo, pretende que un órgano administrativo se replantee una disposición o actuación.

Por tanto, es perfectamente posible que en la impugnación de la misma actuación se haga uso primero del recurso de reposición por vía administrativa y, desoído este, posteriormente del recurso de reposición por vía contencioso-administrativa.

La única similitud entre ambos recursos (que les da nombre) es el hecho de que se presentan frente al órgano cuyo pronunciamiento se impugna, que también es el competente para resolver el recurso.

Este recurso recibía dos nombres anteriormente. Cuando se presentaba frente a órganos unipersonales se conocía como recurso de reposición. Si el órgano era colegiado se le llamaba recurso de súplica.

La Disposición Adicional Octava de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) terminó con esta distinción.

El recurso de reposición en la LJCA

Como decimos, el primero de los recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos es el recurso de reposición.

  • Este recurso puede interponerse contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación. Pese a su interposición, y salvo que el órgano jurisdiccional disponga otra cosa de oficio o a instancia de parte, la resolución se llevará a efecto pese a la interposición del recurso.
  • Este recurso no es admisible contra resoluciones expresamente exceptuadas legalmente ni contra autos que resuelvan recursos de reposición y aclaración.

Plazos del recurso de reposición en el orden contencioso-administrativo

  1. El recurso de reposición se interpone en plazo de 5 días desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.
  2. Una vez interpuesto, el Secretario judicial dará traslado a las partes para que puedan impugnarlo en plazo de 5 días.
  3. Transcurrido este plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto en plazo de 3 días.

Apelación de Autos en el orden contencioso-administrativo

El segundo de los recursos contra providencias y autos contencioso-administrativos es el de apelación.

Resultan apelables los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los procesos que conozcan en primera instancia:

  • Que pongan fin a la pieza separada de medidas cautelares del Contencioso-Administrativo.
  • Recaídos en ejecución de la sentencia.
  • Que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
  • Recaídos sobre autorizaciones de los arts. 8.6, 9.2 y 122 bis LJCA. O en aplicación de los arts. 83 y 84 LJCA. Tales artículos refieren a:
    • Entrada en domicilios u otros lugares que requiera autorización del titular.
    • Ejecución de actos adoptados por la Sec .2ª CPI para interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual.
    • Adopción de medidas cautelares frente a la interposición de un recurso de apelación.
    • Ejecución provisional de una sentencia apelada.

El recurso de apelación administrativo en supuestos contemplados en los arts. 110 y 111 LJCA se rige por el mismo régimen de admisión que la apelación correspondiente a esta sentencia. Estos casos son los relativos a la extensión de efectos jurídicos de una Sentencia.

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El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia

El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia es la vía general para resolver los recursos contencioso-administrativos. Cuando la materia presenta ciertas particularidades puede sustituirse por un proceso especial. En la entrada de hoy nos centramos en este trámite general, siguiendo la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Diligencias preliminares

Las diligencias preliminares son actuaciones solicitadas al órgano jurisdiccional previamente al inicio del procedimiento. Su razón de ser es que las partes pueden no obtener por sí misma las precisiones o aclaraciones que están solicitando al órgano.

Este paso previo al proceso tiene especial importancia en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Y ello porque existen situaciones en las que pueden ser un requisito para iniciar el procedimiento.

Declaración de lesividad

Así, antes de anular sus actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la Administración debe declararlos lesivos para el interés público.

Agotamiento previo a la vía judicial

Por otro lado, y como se ha señalado en otras entradas, los particulares debemos agotar la vía administrativa antes de interponer un recurso contencioso-administrativo. Este requisito se conoce como «agotamiento previo de la vía administrativa».

Sin embargo, las Administraciones Públicas no pueden interponer recursos administrativos entre sí.

Lo que sí se permite es que una Administración requiera a la otra previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo para que:

  • Derogue su disposición.
  • Anule o revoque su acto.
  • Haga cesar o modifique su actuación material.
  • Inicie la actividad a que esté obligada.

Este requerimiento se presentará ante el órgano competente en escrito razonado, que concretará la disposición, acto actuación o inactividad que se pretende impugnar.

Debe plantearse en plazo de dos meses, entendiéndose rechazado si no se responde en plazo de un mes.

El recurso especial en materia de contratación puede interponerse sin necesidad de previo requerimiento o recurso administrativo.

Interposición del recurso y reclamación del expediente

El recurso contencioso-administrativo se inicia mediante escrito, que se limita a:

Al escrito le acompañará:

  • Documentación que acredite:
    • La representación del compareciente.
    • Su legitimación, en caso de haberla recibido por transmisión.
  • Copia o traslado del acto o indicación del expediente en que haya recaído o periódico oficial en que se publicó la disposición. En el caso de inactividad o vía de hecho se señalará el órgano a quien se atribuya y el expediente o datos necesarios para identificarlo.
  • Documentos que acrediten cumplir los requisitos exigidos para entablar acciones.

El Secretario judicial examinará la validez de la comparecencia.

  • Si estima su validez, admitirá a trámite el recurso.
  • En caso contrario podrá requerir la subsanación en plazo de diez días, que de no ser atendida implicará el archivo de actuaciones.

Recurso de lesividad

El recurso de lesividad se inicia mediante demanda, que debe:

  • Consignar los hechos, fundamentos de derechos y pretensiones de la Administración actuante.
  • Determinar la persona o personas afectadas, así como su domicilio.

Esta demanda debe ir acompañada de:

  • La declaración de lesividad.
  • El expediente administrativo.
  • En su caso, documento que acredite la representación del compareciente y el cumplimiento de los requisitos para litigar.

En definitiva, para que la Administración pueda acudir al proceso Contencioso-Administrativo en primera o única instancia para anular actos propios deberá cursar el correspondiente expediente de lesividad y demostrar que ha cumplido este trámite al presentar su demanda.

Recurso cuando no existen terceros interesados

En caso de que no existan terceros interesados también se iniciará el recurso mediante demanda, que razonará la disconformidad de la disposición, acto, inactividad o vía de hecho con el Derecho Administrativo.

Plazo

El recurso contencioso-administrativo debe interponerse en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación o notificación de la disposición o acto expreso. Este plazo varía ante determinados actos concretos:

  • Contra los actos presuntos se puede presentar en un plazo de seis meses, que contará a partir del día en que se produzca el acto presunto.
  • Contra los actos por los cuales debiera realizarse una prestación concreta, puede interponerse el recurso en plazo de tres meses desde la reclamación de cumplimiento. En caso de tratarse de la ejecución de actos firmes, el plazo es de un mes desde la petición de cumplimiento.
  • Contra la vía de hecho se debe interponer recurso en 10 días a contar desde el siguiente a la terminación del plazo para atender al requerimiento (10 días). Sin requerimiento, el plazo es de 20 días desde que se inició la actuación en vía de hecho.
  • Para interponer el recurso de lesividad se dispone de dos meses desde el día siguiente a la fecha de declaración de lesividad.
  • Entre Administraciones Públicas y siempre que hubiera un requerimiento previo, el plazo comenzará a computar desde que se reciba la comunicación o se entienda presuntamente rechazado (un mes desde su recepción).

Publicación de la interposición del recurso

De oficio o previa solicitud del recurrente, el Secretario judicial puede acordar la publicación de la interposición del recurso. Este acuerdo se adoptará durante el siguiente día hábil a la admisión del recurso.

En caso de no existir terceros interesados, el plazo de publicación será de 15 días, para que pueda personarse quien tenga interés legítimo en sostener que la disposición, acto o conducta impugnados son conformes a Derecho.

Reclamación del expediente

El proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia se apoya fundamentalmente sobre material documental. Entre este material cabe destacar el expediente administrativo.

Según el art. 70 de la Ley 39/2015, el expediente administrativo es el:

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Artículo 70 Ley 39/2015

Para obtenerlo, el Secretario judicial requerirá a la Administración para que se lo remita y practique los emplazamientos correspondientes, salvo que no existan terceros interesados.

El expediente debe remitirse en plazo improrrogable de 20 días, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice autentificado de su contenido.

Podrán excluirse del expediente, siempre mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial. Sin embargo, en este caso se deberá hacer constar la exclusión en el índice.

Una vez recibido se pondrá de manifiesto a las partes por plazo de 5 días para que formulen alegaciones.

Si transcurriera el plazo para remitir el expediente sin que se hubiera recibido completo:

  1. Se reiterará la reclamación, otorgando un plazo adicional de 10 días y apercibiéndose de la posibilidad de emitir una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable reiterativa cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido. En caso de no poder determinarse la identidad del responsable, será la Administración quien deba pagar la multa.
  2. Tras imponerse las tres primeras multas, el órgano jurisdiccional pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas.

Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso

En el plazo de 5 días desde que se acuerde remitir el expediente la propia Administración notificará esta resolución a los interesados. Estos podrán personarse como demandados en los siguientes 9 días.

En el caso del recurso especial en materia de contratación, se emplazará a las personas distintas al recurrente que comparecieran en el recurso. También dispondrán de un plazo de 9 días para personarse como demandados.

Si el recurso fuera de lesividad se debe emplazar personalmente a los interesados por plazo de 9 días.

Tras realizar estas notificaciones, la Administración debe remitir el expediente al órgano jurisdiccional junto a la justificación de los emplazamientos realizados.

En ese momento, el Secretario judicial comprobará que se realizaron las notificaciones de emplazamiento debidas. Si considerara que falta alguna ordenará que se practique.

En caso de resultar imposible emplazar a algún interesado se colocarán edictos en el periódico oficial correspondiente, procedimiento que se aplicará a las situaciones donde no consten terceros interesados.

Emplazamiento de la Administración

Bastará la reclamación del expediente para que se entienda efectuado el emplazamiento de la Administración. De hecho, su mera remisión se considera personación.

Admisión del recurso

El órgano jurisdiccional, tras examinar el expediente, puede declarar que no procede la admisión del recurso si se constata inequívoca y manifiestamente:

  • Falta de:
  • Interposición contra actividad no susceptible de impugnación.
  • Caducidad del plazo de interposición.

También puede inadmitirse el recurso:

  • Cuando otra sentencia firme haya desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales, mencionado las resoluciones desestimatorias.
  • En caso de vía de hecho, cuando resulte evidente que la actuación se produjo dentro de la competencia de la Administración y en conformidad con las reglas del procedimiento administrativo.
  • En caso de reclamarse contra la no realización de prestaciones a las que se tiene derecho, cuando resulte evidente que no existe la obligación de que la Administración las realice a favor de los recurrentes.

La inadmisión se comunicará a las partes, indicando el motivo en que se funde, para que en plazo de 10 días aleguen lo que estimen procedente.

Contra el auto de inadmisión se pueden presentar los recursos contenidos en la LJCA. Contra el de admisión no se puede interponer recurso, aunque sí se pueden oponer motivos de inadmisibilidad en posteriores momentos procesales.

Demanda y contestación

Una vez recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial acordará entregarlo al recurrente para que presente su demanda en un plazo de 20 días.

Si no se presentara en plazo, el Juzgado o Sala declarará por auto la caducidad del recurso. Sin embargo, se admite la demanda presentada el día en que se reciba esta notificación.

En caso de que transcurriera el plazo para remitir el expediente sin que se envíe este, la parte recurrente puede pedir que se le conceda plazo para formalizar la demanda. Si se recibiera posteriormente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes para que efectúen alegaciones complementarias en plazo de 10 días.

Presentada la demanda, el Secretario judicial dará traslado junto al expediente a las partes demandadas que comparezcan para que contesten en plazo de 20 días.

El defensor de la Administración demandada puede solicitar la suspensión del procedimiento durante 20 días cuando entienda que la disposición o actuación administrativa pueda no ajustarse a Derecho.

Contestación a la demanda

La contestación a la demanda se formula simultáneamente por todos los demandados, que dispondrán del expediente en la Oficina judicial.

  • Si la Administración demandada fuera una entidad local y no se hubiera personado se le dará traslado de la demanda para que pueda designar representante o manifestar los fundamentos por los que estima improcedente la pretensión en plazo de 20 días.
  • Si las partes estiman que el expediente no está completo pueden reclamar los antecedentes necesarios en el plazo de formular la demanda, suspendiéndose este. El Secretario judicial resolverá lo pertinente en el plazo de 3 días.

Escritos de demanda y contestación

Los escritos de demanda y contestación deben consignar, separadamente, los hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones deducidas. El Secretario judicial los examinará de oficio y requerirá la subsanación de faltas en plazo de 10 días.

Las partes podrán acompañar sus escritos de los documentos en que funden su derecho, o bien designar el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

Tras la demanda y contestación no se admitirán más documentos que los previstos para el proceso civil. Sin embargo, el demandante puede aportar documentos para desvirtuar las alegaciones contenidas en la contestación.

Contestada la demanda, el Secretario judicial declarará concluso el pleito para sentencia, (salvo que el Juez o Tribunal acuerden de oficio el recibimiento a prueba) cuando:

  • El actor solicite por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni de vista o conclusiones y la parte demandada no se oponga.
  • No se solicite el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o conclusiones en los escritos de demanda y contestación.

En estos casos, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en plazo de 5 días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión, para declararse concluso el pleito posteriormente.

Alegaciones previas

Dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas pueden alegar motivos que determinen la incompetencia del órgano jurisdiccional o inadmisibilidad del recurso. Estos motivos (salvo la incompetencia) podrán ser repetidos en la contestación.

La Administración no podrá presentar alegaciones previas sin remitir el expediente administrativo.

El Secretario judicial dará traslado por 5 días al actor de las alegaciones previas. Este dispondrá de un plazo de 10 días para subsanar defectos.

El auto desestimatorio de alegaciones previas no es susceptible de recurso y el estimatorio declarará la inadmisibilidad del recurso.

Recibimiento a prueba

El recibimiento a prueba debe pedirse por medio de otrosí en los escritos de demanda, contestación o alegaciones complementarias. Este detallará:

  • Hechos sobre los que debe versar la prueba.
  • Medios de prueba propuestos.

En el caso de que en la contestación aparezcan hechos de relevancia para la resolución del asunto, el recurrente puede pedir el recibimiento a prueba en los 5 días siguientes.

Solo se recibirá el proceso a prueba ante disconformidad de hechos relevantes para la resolución del pleito. En caso de que el objeto del recurso sea una sanción, siempre se recibirá el proceso a prueba.

La prueba se practicará en plazo de 30 días, conforme a las reglas del proceso civil. En caso de que se practiquen pruebas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso, podrán ser admitidas.

  • Ante las periciales, el Juez otorgará un plazo de hasta 5 días para pedir aclaraciones a petición de las partes.
  • En los procesos relacionados con actuaciones discriminatorias por razón de sexo será el demandado quien deba probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

El órgano jurisdiccional acordará de oficio el recibimiento a prueba, pudiendo disponer la práctica de otras pruebas. Finalizado el plazo de prueba también puede acordar la práctica de otras diligencias probatorias. En todo caso, las partes tendrán intervención en las mismas.

  • En caso de que se practiquen pruebas de oficio y las partes no pudieran alegar sobre ello en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, para que aleguen lo que estimen conveniente en el plazo de 5 días.
  • El juez también puede acordar de oficio la extensión de los efectos de las pruebas periciales a procesos conexos. En este caso, los costes de la prueba se prorratearán entre todos los intervinientes.

Vista y conclusiones

Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, se presenten conclusiones o se declare concluso el pleito, sin más trámites, para sentencia.

La solicitud se formulará mediante otrosí:

  • En el escrito de demanda.
  • En el escrito de contestación.
  • O en escrito presentado en plazo de 5 días desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.

El Secretario judicial proveerá conforme soliciten las partes. Si estas no formularán solicitud alguna, el Juez o Tribunal, excepcionalmente y atendiendo a la índole del asunto, podrán acordar la celebración de la vista o la formulación de conclusiones escritas.

Los recursos directos contra disposiciones generales gozarán de preferencia, y una vez conclusos se antepondrá su votación y fallo a la de cualquier otro recurso, salvo el especial de protección de derechos fundamentales.

Vista

Si se acuerda la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por orden de antigüedad de los asuntos. Quedan exceptuadas del orden cronológico aquellas materias que, por prescripción legal o acuerdo judicial basado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia.

En el acto de la vista se dará la palabra a las partes por orden para que expongan sucintamente sus alegaciones. El Juez o Presidente de Sala podrá invitar a los defensores de las partes a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea necesario para delimitar el objeto del debate.

La vista se registrará en soporte de grabación y reproducción de sonido e imagen. El documento electrónico quedará bajo la custodia del Secretario judicial, aunque las partes podrán solicitar la copia de las grabaciones originales.

En caso de que la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido quede garantizado mediante firma electrónica o similar no será necesaria la presencia del Secretario judicial, salvo que este lo estime necesario o lo soliciten las partes al menos dos días antes de la celebración de la vista.

El Secretario judicial registrará en el acta:

  • Número y clase de procedimiento.
  • Lugar y fecha de celebración.
  • Tiempo de duración.
  • Asistentes al acto.
  • Alegaciones de las partes.
  • Resoluciones adoptadas por el Juez o Tribunal.
  • Circunstancias e incidencias que no puedan constar en el soporte.

En caso de no poderse emplear el soporte electrónico, el Secretario judicial extenderá acta en la que detalle las legaciones de las partes, incidencias y reclamaciones producidas y resoluciones adoptadas.

El acta se extenderá por procedimientos informáticos, no suindo manuscrita salvo que la sala carezca de medios informáticos.

Conclusiones

En el trámite de conclusiones, las partes presentarán alegaciones sucintas sobre los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que basen sus pretensiones.

El plazo para formular el escrito es de 10 días sucesivos para demandantes y demandados.

Durante este trámite o el de vista no pueden presentarse cuestiones no suscitadas en los escritos de demanda y contestación. En caso de que el Juez o Tribunal entienda que deban tratarse motivos relevantes para el fallo y diferentes de los alegados, lo comunicará mediante providencia concediendo un plazo de 10 días para oír a las partes sobre ello.

Además, el demandante podrá solicitar que la sentencia se pronuncie sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se pretenda, si constan probados en autos.

Sentencia

La Sentencia se dicta en el plazo de 10 días desde que el juicio se declare concluso, decidiendo todas las cuestiones controvertidas en el proceso (principio de congruencia).

Si el Juez o Tribunal apreciara que necesita más tiempo, lo razonará y señalará una fecha posterior.

Contendrá uno de los siguientes fallos:

  • Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. Procederá este fallo cuando:
    • El Juzgado o Tribunal carezca de jurisdicción.
    • Se interpusiera el recurso por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
    • Tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación.
    • Recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.
    • Se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.
  • Estimación del recurso. Se estimará el recurso cuando la disposición, actuación o acto incurran en infracciones del ordenamiento jurídico, incluyendo la desviación de poder (ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico).
  • Desestimación del recurso. Se desestimará el recurso cuando la disposición, acto o actuación impugnados se ajusten a Derecho.

Además, se pronunciará en lo referente a las costas procesales.

Efectos de la sentencia

En caso de que la sentencia estime el recurso contencioso-administrativo:

  • Declarará que la disposición o acto no es conforme a Derecho. En consecuencia, la anulará total o parcialmente o dispondrá que cese o se modifique la actuación.
  • Si se pretendiera el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, la reconocerá y adoptará las medidas necesarias para su pleno restablecimiento. En este caso los efectos solo se aplicarán a las partes, aunque pueden extenderse a terceros conforme a los arts. 110 y 111 LJCA (ejecución de sentencias).
  • Si la medida consiste en la emisión de un acto o la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia puede establecer el plazo de cumplimiento.
  • Cuando se estime una pretensión de resarcir daños y perjuicios se declarará el derecho a la reparación, señalando el obligado a indemnizar y la cuantía de la indemnización o las bases para su determinación.

Cabe señalar que un órgano jurisdiccional no puede determinar la forma en la que los preceptos de una disposición general queden redactados. Es decir, no pueden sustituir la actividad administrativa tras anular el contenido del precepto, ni determinar el contenido discrecional del mismo.

En caso de que la sentencia declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso solo producirá efectos entre las partes.

Si se anula una disposición o acto, los efectos alcanzarán a todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen disposiciones generales tendrán efectos generales desde el día en que se publique su fallo.

En estos casos, sin embargo, no quedarán afectadas las sentencias firmes o actos administrativos firmes de aplicación previos al efecto general de la sentencia, salvo que conlleve la reducción o exclusión de sanciones no ejecutadas completamente.

Otros medios de terminación del procedimiento

Existen otros modos de terminar el proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia además de la Sentencia.

Dos de ellos son unilaterales (el actor puede desistir o el demandado allanarse), y consisten en otorgar la razón a la contraparte.

Los otros dos aparecen en caso de que las partes lleguen a un acuerdo, sea en sede judicial o extrajudicial.

Desistimiento

El recurrente puede desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Para ello deberá ratificarlo él mismo o su representante autorizado. En caso de que desista la Administración, deberá presentar testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente.

El Secretario judicial dará traslado a las demás partes (y al Ministerio Fiscal en caso de acción popular), concediéndoles un plazo de 5 días para presentar su conformidad.

  • En caso de presentar conformidad o no oponerse, dictará decreto declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente.
  • En caso contrario, o cuando se aprecie daño para el interés público, el Secretario judicial dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.
  • Cuando solo algunos recurrentes desistan, el procedimiento continuará respecto al resto.

El desistimiento no implica necesariamente condena en costas.

Además, cuando se desista porque la Administración demandada reconozca en vía administrativa las pretensiones del demandante y posteriormente revoque total o parcialmente este reconocimiento, el actor puede pedir que se continúe el procedimiento. En caso de que el Juez o Tribunal lo estime conveniente, concederá un plazo común de 10 días a las partes para que formulen alegaciones complementarias sobre la revocación.

Allanamiento

Los demandados pueden allanarse, ratificándolo posteriormente o presentando testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente.

En estos casos, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si con ello se contraviene manifiestamente el ordenamiento jurídico. Ante esta situación, comunicará a las partes los motivos que se pueden oponer a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo de 10 días.

Si hay varios demandados, el procedimiento continuará respecto a aquellos que no se allanen.

Satisfacción extraprocesal

En caso de que la Administración demandada reconozca por vía administrativa la totalidad de las pretensiones del demandante, cualquier parte lo puede poner en conocimiento del órgano jurisdiccional.

El Secretario judicial abrirá un plazo de 5 días para oír a las partes, tras el cual dictará auto que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo de autos y la devolución del expediente, siempre que el reconocimiento no vulnere el ordenamiento jurídico.

Conciliación o transacción

En el proceso contencioso-administrativo en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional puede someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Para ello:

  • El juicio debe versar sobre materias susceptibles de transacción (particularmente estimación de cantidades).
  • El Juez o Tribunal puede tomar esta vía de oficio o a instancia de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación.
  • Los representantes de las Administraciones Públicas demandadas necesitan la autorización oportuna para realizar la transacción.

El intento de conciliación no suspende el curso de las actuaciones salvo que lo soliciten todas las partes personadas. Debe producirse antes de que el pleito se declare concluso para sentencia.

En caso de llegar a un acuerdo que no vulnere el ordenamiento jurídico ni lesione el interés público o de terceros, el órgano jurisdiccional dictará auto declarando terminado el procedimiento.

Categorías
Procesal

El objeto del recurso Contencioso-Administrativo

El objeto del recurso Contencioso-Administrativo es la impugnación de actuaciones administrativas. En este sentido cabe recordar que existe una lista tasada de actuaciones impugnables. Además, las pretensiones de las partes pueden incluir la anulación de actos o disposiciones, el reconocimiento de derechos o la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Actividad administrativa impugnable

El recurso contencioso-administrativo se puede presentar frente a:

  • Disposiciones de carácter general (recurso directo).
  • Actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite.

En caso de tratarse de actos de trámite, para ser recurribles frente a la jurisdicción contencioso-administrativa deberán:

  • Decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.
  • Determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento.
  • Producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

También se puede presentar este recurso contra:

  • Actuaciones materiales o contra la inactividad de la Administración.
  • Actos producidos en aplicación de las disposiciones de carácter general, cuando no sean conformes a Derecho. De hecho, este recurso se puede presentar incluso sin necesidad de impugnar la disposición general o cuando, impugnada, se haya resuelto desfavorablemente el recurso.

Recurso indirecto contra disposiciones generales

Si un órgano jurisdiccional contencioso-administrativo dictara sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición salvo:

  • Que él mismo sea el competente, caso en el cual su sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
  • O que se trate del Tribunal Supremo, que anulará las disposiciones generales ilegales en las que se fundamenten los actos impugnados.

Inactividad

Si la Administración tiene que realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas y no lo hace, quien ostente el derecho a la prestación podrá reclamar su cumplimiento. Cuando la Administración no atendiera al requerimiento, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo.

En caso de que se trate de la ejecución de un acto firme, el interesado podrá interponer el recurso (que se tramitará conforme al procedimiento abreviado) en el plazo de un mes desde su requerimiento.

Vía de hecho

Cuando la Administración actúe por vía de hecho, el interesado puede intimarle a que cese su actuación. Si su solicitud fuera desatendida, en el plazo de 10 días podrá presentar recurso contencioso-administrativo.

Excepciones

No puede presentarse recurso contencioso-administrativo contra actos que sean:

  • Reproducción de otros anteriores, siendo estos definitivos y firmes.
  • Confirmatorios de otros consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Pretensiones de las partes

El demandante puede pretender:

  • Que se declare que la actuación o disposición no son conformes a Derecho y, en su caso, su anulación.
  • El reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas y la adopción de medidas para restablecerlas, incluyendo la reclamación de indemnizaciones.
  • Que la Administración cumpla sus obligaciones en caso de inactividad.
  • En caso de vía de hecho, que se ordene el cese de la actuación y se ordenen las medidas necesarias para restablecer la situación.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos juzgar dentro del límite de las pretensiones de las partes y de los fundamentos aducidos.

También pueden someter a las partes la cuestión cuando considere que la cuestión no fue apreciada debidamente. Para ello, en caso de entender que concurren otros motivos susceptibles de fundar el recurso u oposición, lo advertirá mediante providencia concediendo un plazo común de 10 días para formular alegaciones.

Acumulación

La acumulación es la facultad de incluir varias pretensiones en la misma demanda. Para acumular pretensiones, estas deberán deducirse en relación con el mismo acto, disposición o actuación.

El Secretario Judicial deberá estimar la acumulación. En caso contrario dará cuenta al Tribunal para que este pueda ordenar a la parte que interponga por separado los recursos en plazo de 30 días. Si no se obedeciera esta orden, el Juez tendrá por caducado el recurso.

Acumulación de pretensiones contra actuaciones producidas durante la tramitación del recurso

También pueden acumularse pretensiones cuando se dicte, antes de dictarse sentencia, un acto, disposición o actuación relacionada con el objeto del recurso. Para ello se dispondrá del plazo general (2 meses contra actos expresos y 6 meses contra presuntos).

Al hacerlo, el procedimiento resultará suspendido y el Secretario judicial dará traslado para que presenten alegaciones en plazo común de cinco días.

En caso de aceptarse la acumulación, el proceso contencioso-administrativo principal seguirá en suspenso hasta que se alcance respecto a la nueva pretensión el mismo estado que tuviera el procedimiento inicial.

Cuando el recurso se hubiera presentado frente a un acto presunto y la nueva actuación fuera una resolución expresa, el recurrente podrá desistir de su recurso o solicitar la ampliación a la nueva resolución expresa.

Ampliación y tramitación preferente de procesos sucesivos

También puede ocurrir que sea el propio órgano jurisdiccional quien acuerde la acumulación de diferentes procesos en curso. Para ello deberá dar audiencia a las partes por plazo común de cinco días. Esta acumulación puede acordarse de oficio o a instancia de cualquier parte.

En caso de no acumularse, se puede dar una tramitación preferente a uno o varios de los procesos pendientes previa audiencia por plazo de cinco días de las partes. En estos casos quedará suspendido el curso de los demás procesos.

Resueltos los procesos preferentes, se notificará la sentencia a los recurrentes afectados para que en plazo de cinco días puedan solicitar la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o desistir del recurso.

Notificación de los recursos conexos

La Administración debe comunicar al órgano jurisdiccional, en el momento de remitirle el expediente, si conocer otros recursos contencioso-administrativos en que concurran los supuestos de acumulación.

El Secretario Judicial también pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal todos los procesos en trámite en la Oficina Judicial donde puedan concurrir estos supuestos.

Recurso contra las resoluciones de acumulación, ampliación y tramitación preferente

Contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente solo se admite el recurso de reposición.

Cuantía del recurso

Formulados los escritos de demanda y contestación, el Secretario judicial fijará la cuantía del recurso.

Las partes podrán exponer mediante otrosí su parecer en tales escritos. En caso de no hacerlo, el Secretario judicial requerirá al demandante para que fije esta cuantía en plazo no superior a 10 días. Si todavía no se pronunciara, será el propio Secretario judicial quien proponga la cuantía, previa audiencia del demandado.

En caso de que el demandado no esté de acuerdo con la cuantía fijada podrá exponerlo por escrito en plazo de 10 días. El Secretario judicial resolverá lo procedente, aunque será el órgano jurisdiccional quien resuelva la cuestión definitivamente.

Si la fijación de la cuantía implicara que el recurso de apelación no se tenga por preparado o no se admita el recurso de casación para la unificación de la doctrina o el de apelación, la parte perjudicada podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación de la cuantía.

La cuantía del recurso contencioso-administrativo se determina por el valor económico de la pretensión. En caso de haber varios demandantes se atenderá al valor propuesto para cada uno de ellos (no a la suma).

En los supuestos de acumulación y ampliación, la cuantía se determinará por las sumas del objeto de cada pretensión, aunque no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.

Criterios para determinar el valor de la pretensión

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo emplea las normas civiles de determinación de la cuantía, con ciertas particularidades:

  • Si se solicita la anulación del acto se atenderá al contenido económico del mismo (débito principal, sin costas, recargos o responsabilidad civil salvo que su importe fuera superior al del principal).
  • Cuando, además, se solicite el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:
    • Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración denegó totalmente las pretensiones del demandante en vía administrativa.
    • Por la diferencia entre la cuantía del objeto de la reclamación y del acto que motivó el recurso, si se reconoció parcialmente.

Procedimientos de cuantía indeterminada

Conforme al art. 42 de la LJCA, son de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a:

  • Impugnar directamente las disposiciones generales.
  • Los referidos a funcionarios públicos que no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica.
  • Los que incluyan pretensiones no susceptibles de valoración económica.
  • Los interpuestos contra actos en materia de Seguridad Social que tengan por objeto:
    • Inscripción de empresas.
    • Formalización de la protección frente a riesgos profesionales.
    • Tarificación.
    • Cobertura de la prestación de incapacidad temporal.
    • Afiliación, alta, baja y variaciones de datos de los trabajadores.
Categorías
Procesal

Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo son el demandante y demandado o recurrente y recurrido. Para ser parte en estos procesos hay que reunir algunos requisitos:

  • Capacidad procesal.
  • Legitimación.
  • Representación.
  • Defensa.

En nuestro artículo de hoy analizamos estos requisitos, propios de cualquier orden jurisdiccional, así como sus particularidades en sede Contencioso-Administrativa.

Capacidad procesal de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

La capacidad procesal representa la posibilidad de ser parte en un proceso judicial. Si no se tiene capacidad procesal no se puede comparecer ni intervenir en un juicio.

Tradicionalmente se ha comparado con la capacidad de obrar, pero esta comparativa entró en crisis en el momento en que se permitió intervenir en procesos judiciales a patrimonios y personas carentes de personalidad jurídica propia.

En el caso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el art.18 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) atribuye capacidad procesal:

  • A quien la tenga conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El art. 6 de la LEC atribuye capacidad procesal a:
    • Personas físicas y jurídicas.
    • Concebidos no nacidos, para los efectos que les sean favorables.
    • Masas patrimoniales o patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
    • Entidades sin personalidad jurídica, cuando la ley lo permita.
    • Ministerio Fiscal.
    • Grupos de consumidores o usuarios afectados por hechos dañosos.
    • Entidades habilitadas por el derecho comunitario para ejercer la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos o difusos de consumidores y usuarios.
  • A los menores de edad para la defensa de sus intereses cuando el ordenamiento les permita actuar sin necesidad de asistencia del tutor, curador o quien ejerza la patria potestad.
  • Grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos aptos para ser titulares de derechos y obligaciones, cuando la ley lo permita.

Legitimación de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

La legitimación procesal es la aptitud para ejercitar acciones en el proceso. En este caso están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten derechos o intereses legítimos.
  • Las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades legalmente habilitadas para defender derechos e intereses legítimos colectivos.
  • La Administración del Estado si ostenta un derecho o interés legítimo para impugnar actos de otras Administraciones. Lo mismo ocurre con la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales territoriales, en lo que afecte a su autonomía.
  • El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
  • Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia para impugnar actos o disposiciones que afecten a sus fines.
  • Las personas afectadas por violaciones del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres. También los sindicatos y asociaciones autorizados por aquellas personas. En caso de que los afectados constituyan una pluralidad indeterminada, la legitimación corresponde a organismos públicos con competencia en la materia, sindicatos y asociaciones.
    • Si el litigio versa sobre acoso sexual o por razón de sexo, la única persona legitimada será a acosada.
  • La administración autora de un acto para impugnarlo previa declaración de lesividad para el interés público.

Como excepciones, carecen de legitimación:

  • Los órganos de la Administración actuante y sus órganos colegiados, salvo autorización legal.
  • Los particulares que obren por delegación de la Administración o como sus agentes o mandatarios.
  • Las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración respecto de la actividad de la Administración de la que dependen.

La parte demandada

La parte demanda es la Administración cuya actividad se impugna, su aseguradora o las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos puedan quedar afectados si las pretensiones del demandante tienen éxito.

También los organismos o corporaciones sometidos a fiscalización (cuando el resultado de esta sea aprobatorio) o la Administración fiscalizadora (cuando no se apruebe íntegramente el acto o disposición).

En el caso de la contratación pública no se considera demandado el órgano administrativo que deba resolver el recurso especial o reclamación, sino la persona o Administración favorecida por el acto recurrido.

Por último, si se pretende la declaración de ilegalidad de una disposición general se considerará demandada también la Administración autora de la disposición, aunque no lo sea del acto impugnado.

La transmisión de la legitimación

Si la legitimación deriva de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder a la parte inicial en cualquier estado del proceso.

Representación y defensa de las partes en el proceso Contencioso-Administrativo

Las partes en el proceso Contencioso-Administrativo deben ser asistidas por un Abogado en todo caso. Como excepción, puede comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos estatutarios quien sea funcionario público (salvo que pueda producirse su separación).

Respecto a la representación, debe conferirse a un Procurador siempre que se actúe frente a órganos colegiados. En caso de actuar frente a órganos unipersonales se podrá conferir la representación al abogado.

Las Administraciones Públicas y los órganos constitucionales, en materia de representación y defensa, están sometidos a:

  • La Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • La Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
  • Las demás normas sobre la materia.
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Órganos y competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

Los órganos y competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa ocupan el Capítulo segundo del Título primero de la ley 29/1998 (en adelante LJCA). Esta Ley impulsó un importante esfuerzo de reforma, motivado por la falta de efectividad de los anteriores órganos ante el creciente número de recursos.

Así, se crearon los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que descongestionaron a los tribunales homónimos. En su momento se criticó que se fueran a dejar determinadas competencias en manos de órganos unipersonales.

Por ello, la LJCA estableció una lista competencial cerrada para estos nuevos órganos. Se intentó establecer un sistema uniforme que dejaba en manos de los órganos unipersonales los temas más frecuentes pero de menor relevancia económica y social. Así, se respetó la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia sobre los asuntos más relevantes, a la vez que se alivió su carga de trabajo.

Por último, se crearon los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Su función también perseguía descongestionar los órganos jurisdiccionales, ahogados en el momento de aprobación de la ley.

Órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

La LJCA establece cinco órganos para el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

  1. Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
  3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
  4. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
  5. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Cada uno de estos órganos es competente para conocer de los asuntos que la ley atribuye, así como de las cuestiones incidentales aparejadas a los mismos.

Esta competencia es improrrogable, y se aprecia de oficio por los propios órganos jurisdiccionales, previa audiencia de las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

La incompetencia del órgano judicial, en su caso, se declara mediante auto, antes de dictarse la sentencia. El órgano deberá remitir las actuaciones a aquel que estime competente. En caso de que considerara que el órgano judicial competente es un Tribunal superior en grado acompañará su auto de una exposición razonada, y será el superior quien resuelva sobre la competencia.

Competencias de la jurisdicción Contencioso-Administrativa

Como ocurre con otros órganos jurisdiccionales, en el orden Contencioso-Administrativo cada órgano tiene atribuidas unas competencias. En este sentido cabe recordar que deben conjugarse la competencia material y la competencia territorial del órgano jurisdiccional. Analizamos a continuación la competencia material de cada uno de los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Antes de desglosar el contenido de la ley 29/1998 debemos señalar que:

  • Cuando se hace una referencia a la Administración del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad local esta resulta extensible a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a ellas.
  • La atribución de competencia para conocer de recursos contra actos administrativos incluye la de conocer de la inactividad o la vía de hecho.
  • Salvo que otra cosa se disponga, la atribución por razón de la materia prevalece sobre aquella por razón del órgano administrativo autor del acto recurrido. 

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Conocen, en única o en primera instancia de:

  • Los recursos frente actos de entidades locales salvo impugnaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico.
  • Los recursos frente actos de las Comunidades Autónomas (salvo que procedan de su Consejo de Gobierno) cuando versen sobre:
    • Cuestiones de personal (salvo nacimiento o extinción de la relación funcionarial).
    • Multas no superiores a 60.000 € o sanciones de cese de actividad o privación del ejercicio de derechos no superiores a 6 meses.
    • Reclamaciones de responsabilidad patrimonial no superiores a 30.050 €.

También corresponde a los juzgados de lo Contencioso Administrativo conocer de recursos contra:

  • La Administración Periférica del Estado y Organismos Públicos estatales que no tengan competencia en todo el territorio nacional, cuando versen sobre el ejercicio de competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropia expropiación forzosa y propiedades especiales.
  • Resoluciones en materia de extranjería.
  • Actos de las Juntas Electorales de Zona o en materia de proclamación de candidaturas por las juntas electorales.

Por último, les corresponde:

  • Autorizar la entrada en domicilios y otros establecimientos que requieren consentimiento del titular, siempre que su objeto sea la ejecución forzosa de actos administrativos ( salvo en materia de protección de menores).
  • Realizar estas mismas autorizaciones cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera la entrada en domicilios, locales, terrenos y medios de transporte y el titular se oponga o exista riesgo de que lo haga.
  • Autorizar o ratificar medidas urgentes de las autoridades sanitarias que impliquen privación o restricción de derechos fundamentales.

Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocen en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan en materia de:

  • Personal, si se trata de actos dictados por Ministros o Secretarios de Estado, salvo que sean confirmatorios de actos dictados por órganos inferiores o se refieran a determinadas materias de personal militar o el nacimiento o extinción de la relación funcionarial.
  • Actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado, cuando excedan las competencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Disposiciones generales y actos emanados de organismos y entidades pertenecientes al sector público con competencia en todo el territorio nacional. Cabe señalar que si el órgano que dictó el acto pertenece a la Administración General del Estado, su nivel orgánico es inferior al de Ministro o Secretario de Estado y versa sobre materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa, la competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia, como se detallarán más adelante.
  • Disposiciones dictadas por Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial por cuantía no superior a 30.050 €.

También corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conocer en primera instancia de:

  • Resoluciones dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en vía de fiscalización.
  • Las resoluciones que acuerden la inadmisión de peticiones de asilo político.

Por último, les corresponde:

  • Autorizar la ejecución de actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para interrumpir la prestación de Servicios de la Sociedad de la Información o retirar contenidos que vulneren derechos de este tipo.
  • Conocer del procedimiento de declaración judicial de extinción de los partidos políticos.

Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

Corresponde a las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer en única instancia de los recursos planteados contra:

  • Actos de Entidades Locales y Comunidades Autónomas que excedan de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.
  • Actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial emanados de los órganos análogos a los constitucionales en las Comunidades Autónomas. Nos referimos a los órganos de gobierno de la Asamblea Legislativa, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
  • Actos y resoluciones dictados por Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR) y Locales (TEAL) que pongan fin a la vía económico-administrativa.
  • Actos y disposiciones de Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas. También contra acuerdos de Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección de presidentes de Corporaciones Locales.
  • Convenios entre Administraciones Públicas con competencia en su Comunidad Autónoma.
  • Prohibición o propuesta de modificación de reuniones.
  • Como se ha indicado anteriormente, actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico inferior al de Ministro o Secretario de Estado y competencia en todo el territorio nacional, cuando versen sobre materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
  • Actos y resoluciones de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.
  • Resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación.
  • Resoluciones dictadas por tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales.
  • Otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a otros órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Los Tribunales Superiores de Justicia, conforme al artículo 152 de la Constitución, culminan la organización judicial en el territorio de las Comunidades Autónomas. por tanto, las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en segunda instancia de:

  • Las apelaciones contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y los correspondientes recursos de queja.
  • Los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
  • Las cuestiones de competencia entre Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de su territorio.
  • El recurso de casación para la unificación de la doctrina.
  • El recurso de casación en interés de la ley.

Además:

  • Autorizarán la transferencia internacional de datos cuando la autoridad competente de la Comunidad Autónoma formule la solicitud.

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocer en única instancia de:

  • Recursos contra disposiciones generales y actos de Ministros y Secretarios de Estado, así como aquellos en materia de personal que refieran al nacimiento o extinción de la relación funcionarial. En este ámbito también le corresponde conocer de los recursos contratos del Ministerio de Defensa referidos ascensos, orden de antigüedad en el escalafonamiento y destinos.
  • Recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado que ratifiquen los dictados por otros órganos.
  • Recursos contra convenios entre Administraciones Públicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), salvo los atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Recursos contra actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, así como la prórroga de los plazos de las medidas que está haya adoptado.
  • Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales, salvo las atribuidas a los Tribunales Superiores de Justicia.
  • Recursos contra actos del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el FROB.
  • Recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional también conocerá en segunda instancia de:

  • Las apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y los correspondientes recursos de queja.
  • Los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
  • Las cuestiones de competencia entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

Por último, autorizará:

  • La transferencia internacional de datos cuando la solicitud se formule por la Agencia Española de Protección de Datos.

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le corresponde conocer en única instancia de recursos en relación con:

  • Actos y disposiciones del Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.
  • Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
  • Actos y disposiciones de los órganos competentes en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sala Tercera) también conoce de:

  • Recursos de casación de cualquier modalidad, así como los correspondientes recursos de queja.
  • Recursos de casación y revisión contra resoluciones del Tribunal de Cuentas.
  • Recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

También le corresponde conocer de:

  • Recursos contra actos y disposiciones de la Junta Electoral Central y otros previstos en la legislación electoral.
  • Recursos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las salas de gobierno de los tribunales.

Por último, es competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo autorizar:

  • La transmisión internacional de datos cuando se formule la solicitud por el Consejo General del Poder Judicial.
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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo es la rama del Poder Judicial que se encarga de controlar la legalidad y oportunidad de la actividad de la Administración. Se trata, por tanto, de un control heterocompositivo, en la medida en que no es la administración quien se controla a sí misma, sino un poder externo (en concreto, el judicial).

Esta función de control viene atribuida por el artículo 106.1 de la Constitución, que impone a los tribunales la tarea de controlar:

  • La potestad reglamentaria de la administración.
  • La legalidad de la actuación administrativa.
  • Y el sometimiento de esta actividad a los fines que la justifican.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa se regula en la Ley 29/1998 (en adelante LJCA). A continuación se analizan los aspectos básicos de este orden jurisdiccional. a saber:

  • Su ámbito.
  • Las cuestiones prejudiciales.

Ámbito del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo está encargado de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa sujeta derecho administrativo. Como novedad a su predecesora, la Ley 29/1998 redefinió el concepto de Administración e incluyó en el ámbito de esta jurisdicción determinados actos de naturaleza materialmente administrativa.

De este modo, el objetivo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa es garantizar el sometimiento a Derecho de las actuaciones administrativas. Esto incluye tanto actos como reglamentos, contratos y otras actuaciones y omisiones. 

En definitiva, y separándose de la ley anterior, la ley 29/1998 Trata de evitar la aplicación de normas procesales privadas a las actuaciones encaminadas a fines de utilidad pública. Para ello es necesario aplicar determinados principios que no tendrían cabida en el ordenamiento privado.

Por qué una jurisdicción Contencioso-Administrativa

Como es sabido, la administración posee determinadas facultades que están por encima de las atribuidas a los particulares. El origen de estas facultades debe encontrarse en la necesidad de que la administración cumpla con los fines de interés general que la Constitución y las leyes le atribuyen.

En consecuencia se debe articular un sistema judicial que sea capaz de ejercer un control efectivo sobre la legalidad y oportunidad de sus actos. En este sentido, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo tiene su origen en 1845. Sin embargo, la pieza sobre la que se asienta nuestro sistema actual es la ley de 27 de diciembre de 1956.

Esta norma, dictada durante el franquismo, especializó a los Magistrados que debían encargarse del control de la administración. Pero el paso del tiempo y, sobre todo, la aprobación de la Constitución hicieron necesaria una reforma el sistema que llegó en la actual ley 29/1998.

Ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa en la ley 29/1998

El ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa ocupa el Capítulo primero del Título Primero de la LJCA. En él se determina que los Juzgados y Tribunales de este orden conocerán de las pretensiones deducidas en relación:

  • Con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo.
  • Con las disposiciones generales de rango inferior a la ley.
  • Y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

También corresponde a esta jurisdicción conocer pretensiones deducidas en relación a:

  • Actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos a derecho público de los órganos constitucionales.
  • Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial, así como la actividad administrativa de los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
  • Actuación de la administración electoral.
  • Protección jurisdiccional derechos fundamentales.
  • Contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación.
  • Actos y disposiciones de corporaciones de derecho público.
  • Actos administrativos de control o fiscalización en el ámbito de la concesión de servicios públicos.
  • Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
  • Y todas aquellas materias que le atribuya la ley. 

En resumidas cuentas…

De lo antedicho se derivan los dos requisitos de competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo:

  1. Que la pretensión tenga por objeto la actuación de las Administraciones Públicas.
  2. Y que tal actuación se someta a Derecho Administrativo.

Si el caso se engloba en este ámbito, resultarán competentes para enjuiciarlo los órganos del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Para conocer el órgano jurisdiccional competente en cada caso habrá que analizar:

  • Las competencias (materiales) de cada órgano jurisdiccional. Gracias a ello se sabrá ante qué tipo de órgano debe presentarse el recurso.
  • La competencia territorial del órgano jurisdiccional. Gracias a ello se sabrá qué órgano concreto es el que debe entrar a conocer del asunto.

El concepto de Administraciones Públicas

Como harían posteriormente las leyes 39/2015 y 40/2015, la LJCA definió qué se entiende por Administración Pública. Este concepto incluye:

  • Administración General del Estado.
  • Administraciones de las comunidades autónomas.
  • Entidades que integran la administración local.
  • Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a las administraciones públicas.

Excepciones

El orden jurisdiccional contencioso administrativo no puede entrar a conocer las siguientes materias:

  • Cuestiones expresamente atribuidas a otros órdenes jurisdiccionales, aunque estén relacionados con la actividad de las Administraciones Públicas.
  • Recurso contencioso-disciplinario militar.
  • Conflictos de jurisdicción o de atribuciones entre órganos de una misma administración.
  • Recursos directos e indirectos contra Normas Forales fiscales que correspondan en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Características generales del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

La LJCA determina que la jurisdicción Contencioso-Administrativa es improrrogable. Sus órganos deben apreciar de oficio la falta de jurisdicción y resolver sobre la misma. Para ello se otorgará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

La declaración de falta de jurisdicción deberá ser fundada, indicándose el orden jurisdiccional que se estime competente. Además, si la parte demandante se persona en el plazo de un mes ante el orden que se declara competente se entenderá que lo hizo en la fecha en que se iniciara el plazo para interponer el recurso Contencioso-Administrativo.

Cabe señalar que la competencia de esta jurisdicción abarca el conocimiento y decisión de cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo siempre que se relacionen con un recurso contencioso administrativo. Como excepción, quedan a salvo las cuestiones de carácter constitucional, penal o lo dispuesto en los Tratados Internacionales.

La decisión sobre estas cuestiones prejudiciales e incidentales no vincula al orden jurisdiccional correspondiente

Cuestiones prejudiciales ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Las cuestiones prejudiciales son aquellas que, sin resultar el objeto central del proceso, son fundamentales para resolverlo. Como las cuestiones prejudiciales pueden ser de muy diversa índole, el art. 10 LOPJ permite que los órdenes jurisdiccionales conozcan de asuntos que, en principio, no les están atribuidos privativamente.

Por tanto, una cuestión prejudicial es aquella que guarda relación con el objeto del proceso pero no es competencia del órgano que lo está conociendo.

La LJCA atribuye al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo la competencia para conocer de cuestiones prejudiciales e incidentales con tres excepciones:

  • Las relativas al orden penal.
  • Las de carácter constitucional.
  • Lo dispuesto en los Tratados Internacionales.

Sin embargo, lo decidido en sede Contencioso-Administrativa no produce efectos fuera del proceso ni vincula a la jurisdicción competente.

Esto implica que no es necesario suspender un proceso Contencioso-Administrativo a la espera de que el órgano competente resuelva sobre la cuestión principal, salvo en las excepciones mencionadas.

La cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

La cuestión de inconstitucionalidad se regula en los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Debe promoverla el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.

Planteamiento

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea concluido el proceso y dentro del plazo para dictar sentencia. Concretará la norma cuya constitucionalidad se cuestiona y el precepto constitucional infringido. Además, justificará en qué medida depende la resolución del asunto de esta cuestión.

La decisión de interponer esta cuestión se adopta mediante Auto previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. Estos dispondrán de un plazo común e improrrogable de 10 días para alegar lo que estimen sobre la pertinencia de plantear la cuestión o el fondo de esta. El Juez resolverá en plazo de 3 días.

El Auto por el que se decida plantear o no la cuestión de inconstitucionalidad no es susceptible de recurso. Sin embargo, puede intentarse plantear esta cuestión de nuevo en sucesivas instancias.

Si se decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad, el proceso quedará suspendido hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El órgano jurisdiccional elevará la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional junto al testimonio de los autos principales y las alegaciones de las partes.

Admisión y procedimiento

El Tribunal Constitucional puede rechazar la cuestión mediante auto motivado, sin más audiencia que la del Fiscal General del Estado, cuando:

  • Falten las condiciones procesales.
  • La cuestión suscitada fuera notoriamente infundada.

La admisión a trámite se publicará en el BOE. Desde este momento, las partes del proceso principal podrán personarse ante el Tribunal Constitucional en plazo de 15 días y plantear alegaciones en otro plazo de 15 días.

El Tribunal Constitucional también dará traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal General del Estado, al Gobierno y, en su caso, a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Estos podrán personarse y formular alegaciones en plazo común e improrrogable de 15 días.

Resolución y efectos de la sentencia

Obtenidas todas las alegaciones, el Tribunal Constitucional resolverá en plazo de 15 días, salvo que estime necesario extender este plazo hasta 30 días y motive su decisión.

La sentencia:

  • Tendrá valor de cosa juzgada.
  • Vinculará a todos los poderes públicos.
  • Producirá efectos generales desde su publicación en el BOE.
  • Corregirá la jurisprudencia emitida por los tribunales de justicia.
  • Será comunicada a las partes por el órgano jurisdiccional, que se vinculará a la misma.

Además:

  • Si es desestimatoria, impedirá el planteamiento ulterior de la cuestión fundado en la misma infracción del mismo precepto.
  • Si es estimatoria determinará la nulidad de los preceptos impugnados, aunque no permitirá la revisión de procesos ya terminados.

La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar el Derecho de la Unión Europea. Con el fin de armonizar la actuación judicial de cada Estado miembro, estos órganos deben plantear la cuestión prejudicial frente al TJUE cuando aparezcan dificultades interpretativas.

Solo el TJUE es competente para pronunciarse sobre este tipo de cuestiones prejudiciales, que abarcan:

  • Interpretación del Tratado.
  • Validez e interpretación de actos de las Instituciones de la Unión Europea.
  • Interpretación de estatutos de los organismos creados por el Consejo, si así lo prevén tales estatutos.

Existe un procedimiento prejudicial de urgencia. El procedimiento común se resuelve en dos fases:

  1. Planteamiento de la cuestión. Son competentes los órdenes jurisdiccionales nacionales, produciéndose la suspensión del procedimiento hasta la resolución del TJUE. La cuestión prejudicial debe plantearse antes de la firmeza de la sentencia nacional.
  2. Resolución de la cuestión. Es competente el TJUE. El pronunciamiento tendrá fuerza de cosa juzgada y resultará vinculante para el órgano nacional. De hecho, sus efectos se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales de todos los Estados miembros.